Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El jueves 24 de junio de 2010, a dos meses de que Álvaro Uribe terminara ocho años de gobierno, coincidió con Iván Cepeda en un mismo espacio. Uribe llegó a cumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, de la Unión Patriótica. Iván Cepeda, su hijo fue una de las víctimas para quienes estaba dirigido el acto. A regañadientes, Uribe pidió perdón, pero a renglón seguido añadió: “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro”. Cepeda encontró ese gesto como “inaceptable” y su negación como “un nuevo agravio para las víctimas”.
Fue una de las tantas ocasiones en las que se han cruzado los caminos de Uribe y Cepeda, protagonistas del proceso judicial más expectante de los últimos tiempos. Siempre situados en orillas opuestas. Desde la primera vez que cruzaron sus destinos en el año 1977, cuando los sectores de izquierda y las centrales obreras convocaron el paro cívico más incidente de la historia nacional, y entre los dirigentes del Partido Comunista que lo propusieron y animaron estaban Manuel Cepeda y su esposa, Yira Castro, así como su hijo Iván, que tenía 14 años y pertenecía a la Juventud Comunista (JUCO). Él mismo ha contado como ese día apoyó movilizaciones en el sur de Bogotá.
(En contexto: El expediente contra Uribe)
Las críticas llovieron sobre el gobierno López Michelsen y hacia la cartera que debía negociar con los líderes del paro: el Ministerio del Trabajo. Lo lideraba el exgobernador de Antioquia Óscar Montoya, a quien le pasaron también las cuentas pendientes de los insolubles conflictos con los trabajadores del petróleo y el magisterio. La crisis se resolvió con la renuncia del ministro de Gobierno, mientras en el Ministerio de Trabajo siguieron los forcejeos hasta que Montoya se vio forzado a renunciar en mayo de 78. A la secretaría general del Ministerio llegó un joven abogado, recién graduado de la Universidad de Antioquia llamado Álvaro Uribe Vélez.
Y la salida del ministro Montoya no significó mucho para él, pues permaneció en su cargo con el nuevo ministro, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, miembro de la élite empresarial antioqueña. En la biografía oficial de Uribe, titulada “No hay causa perdida”, se lee que él trabajó activamente en este tiempo –en el que López Michelsen iba ya de salida y Julio César Turbay se aprestaba a instalarse en el palacio presidencial– para la expedición del decreto 1469 de 1978, con el que se regularon los derechos de asociación de los sindicatos y los pactos colectivos por disposiciones de la OIT. Desde las toldas obreras, la respuesta fue anunciar que sus luchas ya no eran solo reivindicativas de garantías, sino esencialmente políticas.
(Le puede interesar: El expediente contra Uribe)
Con la victoria electoral de Turbay se agudizó la confrontación, sobre todo a partir de la expedición del Estatuto de Seguridad, que dio rienda suelta a las Fuerzas Militares para el control del orden público, incluso a través del juzgamiento de civiles. El periódico Voz, como tantas organizaciones y sindicatos, quedó en la mira, al igual que su director, Manuel Cepeda Vargas. La izquierda sintió por esos días el rigor de la mano dura. “Fue una época dramática, un periodo oscuro de la historia colombiana”, ha dicho sobre esos tiempos Iván Cepeda, quien veía a diario a su padre lidiar con los efectos del Estatuto de Seguridad.
En marzo de 1980, Uribe Vélez se unió al gobierno Turbay y fue nombrado director de la Aeronáutica Civil, en un peligroso contexto institucional tras el asesinato de sus dos antecesores (Osiris de J. Maldonado y Fernando Uribe). Paralelamente, un año después, las convulsionadas circunstancias políticas ya eran graves para los Cepeda y a ellas se unió un difícil momento de tragedia familiar por el fallecimiento de Yira Castro, en julio de 1981. Iván y su hermana María se exiliaron en Sofía (Bulgaria). No era la primera vez que la violencia los expulsaba del país. Ya habían vivido el destierro con sus padres en Checoslovaquia y Cuba.
Mientras Iván Cepeda, con 19 años, vivía en Europa como refugiado, Álvaro Uribe seguía forjando su carrera política. Estuvo 28 meses en la Aerocivil, que le dieron tanta experiencia pública como enemigos políticos. De las 562 licencias otorgadas durante su gestión, algunas siempre dieron de qué hablar. Muchos años después, Uribe tuvo que dar explicaciones, por ejemplo, sobre el permiso que obtuvo su familia para un helicóptero que compró su padre y que años después fue hallado en el complejo cocalero de ‘Tranquilandia’. Uribe ha dicho que su familia no lo tuvo en su poder y en 2002 le dijo a El Tiempo: “Eso lo hizo mi hermano Jaime y todos confiábamos en él”.
(Le puede interesar: Los declarantes del caso Uribe)
El de Belisario Betancur fue el tercer gobierno en el que Uribe Vélez fue tenido en cuenta. Esa vez, como alcalde de Medellín, de octubre a diciembre de 1982. Después de su corto paso por la administración de su ciudad natal, cuando su carrera ascendía, vino la desgracia familiar. Su padre, el ganadero y hacendado Alberto Uribe Sierra, fue asesinado por las Farc el 14 de junio de 1983 en su finca Guacharacas, en el norte de Antioquia. Aunque continuó su carrera política, como concejal de Medellín en 1984 y como senador dos años después, ese hecho determinó su visión sobre el conflicto armado que nunca quiso reconocer.
Del gobierno Betancur surgió una política de paz que derivó en negociaciones con las guerrillas y el surgimiento de la Unión Patriótica. Desde sus orígenes en 1985 fue sometido a una campaña de exterminio de sus líderes elegidos. Desde la dirección del semanario Voz que dirigió entre 1970 y 1989, Manuel Cepeda no dejó de denunciar esa oleada criminal contra sus dirigentes y simpatizantes. En ese momento Cepeda regresó a Colombia. Lo hizo en 1987 y su estreno fue el asesinato de Jaime Pardo Leal en octubre. “Mi papá vivía con un revólver debajo de la almohada. Toda la gente de la UP estaba en las mismas. Cada 15 días había una cita obligada en el cementerio para enterrar a un compañero”, ha contado Iván Cepeda.
(Lea también: Las conversaciones claves para la investigación que se adelanta en contra de Álvaro Uribe)
Entró a apoyar a Bernardo Jaramillo, colega de Uribe en el Senado, quien ganaba influencia, sobre todo promoviendo reformas laborales. Respaldado por su círculo de copartidarios y amigos, nunca perdió la ocasión para defender a las Fuerzas Armadas y exponer sus inamovibles de seguridad. Cepeda se mantuvo en la izquierda, pero después del crimen de Jaramillo Ossa tomó distancia de la Unión Patriótica. Se acercó a la Alianza Democrática M-19 y su candidato, Carlos Pizarro, que también fue asesinado. Después vino la constituyente de 1991 y tras el congreso revocado, Uribe reiteró curul y Manuel Cepeda llegó a la Cámara de Representantes.
Más de una vez estuvieron situados en los frentes contrarios. Además de sus discrepancias frente a la guerra y la paz, durante la discusión de la controvertida ley de seguridad social (ley 100 de 1993), Uribe fue el ponente y Cepeda opositor. Por esos días en que se crearon las Convivir que dieron mampara al paramilitarismo, de cara a las elecciones de 1994 en las que Manuel Cepeda pasó al Senado y Uribe dejó el Congreso, Iván Cepeda empezó a temer por la vida de su padre, como lo admitió hace algunos años a la revista Soho. Se hablaba con insistencia del plan “Golpe de Gracia” para acabar a los sobrevivientes de la UP. Manuel Cepeda aceptó salir un tiempo del país antes de asumir su curul.
Pero cuando regresó la regentó apenas tres semanas, pues el martes 9 de agosto de 1994 fue asesinado en Bogotá. La investigación judicial probó que la acción fue producto de una alianza entre paramilitares y militares. En ese momento, Uribe y Cepeda ya tenían algo en común: ambos eran huérfanos de padre por culpa de la guerra. Cepeda marchó a su tercer exilio, pero antes de abandonar el país, contribuyó a la creación del proyecto Nunca Más en Colombia, que 17 organizaciones de derechos humanos constituyeron en abril de 1995 para recoger información de crímenes de lesa humanidad. En enero de ese mismo año, Álvaro Uribe se posesionó como mandatario de Antioquia.
(En contexto: En completo sigilo y con interceptaciones, así investigó la Corte Suprema al senador Uribe)
La elección de Uribe como gobernador lo volvió figura política nacional y sus políticas de seguridad le generaron adeptos. Un año y dos meses después de asumir la gobernación, el 25 de febrero de 1996 ocurrió un suceso que representa un apartado fundamental del proceso judicial por el que hoy Uribe y Cepeda permanecen enfrentados. Guerrilleros del Eln incendiaron la hacienda Guacharacas de propiedad de los Uribe, robaron 600 reses y expulsaron a los jornaleros. Según exparamilitares que Iván Cepeda entrevistó entre 2011 y 2012, a raíz de ese incendio, Álvaro y Santiago Uribe Vélez crearon un grupo para enfrentar a la guerrilla.
En 1996, era grave la crisis de orden público en Antioquia, sobre todo en la región de Urabá, y en voz baja en varias zonas del departamento las Convivir cumplían un papel siniestro. La llamada El Cóndor entró a operar en la región donde existió la hacienda Guacharacas, que la Familia Uribe vendió a la empresa Ganados del Norte. Cuando terminó su mandato y empezó a sonar como presidenciable, se fue al exterior y criticó a distancia la política de negociación de paz de la era Andrés Pastrana. Regresó con un caudal electoral con intención de voto del 2 %, que después del fracaso del experimento de El Caguán convirtió en su elección como presidente en primera vuelta.
Al año siguiente 2003, Iván Cepeda regresó a Colombia. Volvió cuando el uribismo era efervescencia y su política de seguridad democrática tenía muchos partidarios. Como era de esperarse, no entró Cepeda, quien pasó a las filas de la oposición. Primero desde su movimiento de víctimas del Estado y, a partir de agosto de ese año, desde una columna quincenal en el periódico El Espectador en la que empezó a cuestionar su falta de compromiso respecto a la difícil situación de los derechos humanos en Colombia. Nunca cesó de fustigarlo por cambiar la Constitución para hacerse reelegir, o por sus accidentadas negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia.
En julio de 2004, cuando los paramilitares dejaban sus armas por bloques, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez visitaron el Congreso y la protesta concreta y simbólica la encarnó Iván Cepeda. Desde las barras, en absoluto silencio, mientras se desarrolló la visita, sostuvo un afiche con una fotografía de su padre. Después insistió públicamente en la necesidad de que la justicia internacional admitiera el exterminio cometido contra la UP. Semanas después, con su columna “Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes”, arremetió directamente contra Álvaro Uribe y su familia. Fue la primera vez que escribió sobre la hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia), y la asoció con actividades paramilitares.
Uribe logró su reelección y, casi al tiempo, estalló el escándalo de la parapolítica. Cepeda, desde sus columnas, reclamó a Uribe “responsabilidad histórica y política”. En medio del terremoto judicial y político que empezó a llevar a la cárcel a congresistas, diputados o concejales cooptados por las autodefensas, en 2007 salieron a flote las primeras denuncias contra el grupo Los 12 Apóstoles, en Yarumal, en el mismo entorno de la finca La Carolina de los Uribe. Cepeda insistió en la sinrazón de que las indagaciones del tema hubiesen muerto en pocos años, sin resultados concretos. Uribe siempre contestó que nunca tuvo que ver con acciones por fuera de la ley.
A finales de 2008, Iván Cepeda, junto al defensor de derechos humanos Jorge Rojas, publicaron el libro “A las puertas del Ubérrimo”, que presentó el paralelo de lo que acontecía en la hacienda del Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe situada a escasos kilómetros de Montería, en el mismo entorno político y social donde se dio el ascenso de otro capítulo paramilitar. El libro de Cepeda y Rojas incrementó la disputa, en especial porque los autores también relacionaron el auge de la hacienda con el de varios congresistas que terminaron metidos en el escándalo de la parapolítica. Al año siguiente, Iván Cepeda dejó su columna en El Espectador y decidió aspirar al Congreso.
En 2010 fue electo a la Cámara, el mismo año en el que Álvaro Uribe terminó su segundo gobierno y tuvo que salir de la Presidencia, pues la Corte Constitucional, en nombre del equilibrio de poderes, atajó una nueva iniciativa que buscaba permitirle un tercer periodo. Apenas asumió su curul, Cepeda organizó un cronograma de visitas en cárceles para promover el debate sobre la crisis carcelaria del país. Según su testimonio, en esa gestión como integrante de la comisión de derechos humanos, fue como dio con información de exparamilitares que involucraban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Con esa información decidió realizar un debate de control político que terminó en denuncia penal. En esencia, manifestó que en desarrollo de sus visitas a las cárceles dio con dos detenidos que aseguraron que, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, había operado el Bloque Metro y que, en general, la vida de los hermanos Uribe estaba rodeada de hechos de paramilitarismo. Cepeda hizo referencia también a la obra los 12 Apóstoles, escrita por la periodista Olga Behar, según la cual la hacienda La Carolina (en Yarumal) fue el sitio desde donde Santiago Uribe operó el grupo paramilitar.
Álvaro Uribe no era congresista y no estuvo en el debate. Pero ese mismo día acudió a la Corte Suprema de Justicia y denunció al congresista por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Según Uribe, el senador Cepeda orquestó un cartel de falsos testigos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que lo sindicaran a él de cometer delitos en asocio con los paramilitares. El 21 de junio de 2013, Uribe decidió ampliar su denuncia y manifestó que Cepeda había visitado 21 veces a Juan Guillermo Monsalve y que esos encuentros nada tenían que ver con labores humanitarias.
La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, lo cual hizo en febrero de 2018. Primero, concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista, ni influyó sobre los reclusos mediante sobornos, y que además actuó como vicepresidente de la comisión de derechos humanos y miembro de la comisión de paz. Y determinó que, al contrario, se debía investigar si acaso quien trató de manipular testigos no fue el propio Uribe. Ese fue el inicio del proceso penal por el que, por primera vez en la historia reciente del país, un expresidente fue llamado a rendir indagatoria, lo cual está programado para el próximo martes 8 de octubre.