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El pasado fin de semana, la Fiscalía aseguró que tiene en su poder más de 16 gigas del almacenamiento que fueron extraídas de los dos celulares que tenía el excongresista Otto Nicolás Bula, envuelto en el escándalo de la multinacional Odebrecht. Lo que no se sabía es que parte de esa información incluida en esos móviles, develaría parte del andamiaje ilegal de la constructora brasileña para mover sus fichas en el país y adjudicarse millonarios contratos que solo hasta la semana pasada, según el propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez, llegaron a los $84.000 millones.
La información, revelada por la Revista Semana, dice que los teléfonos fueron decomisados por agentes del CTI al momento de la captura del excongresista el pasado 14 de enero. Agrega que en los móviles de Bula, hallaron más de 2.500 contactos en su directorio telefónico y en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Parte de esa agenda existían contactos con dirigentes políticos, congresistas, directivos de Odebrecht en Colombia, así como funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Los nombres hallados en los móviles de Bula son de los congresistas Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile, Plinio Olano Becerra, Antonio Guerra de la Espriella, y el representante para la Cámara, Ciro Rodríguez. Por eso la Fiscalía, que por fuero no cuenta con la competencia para investigarlos, remitió los expedientes a la Corte Suprema de Justicia para que indague las posibles conductas irregulares en que habrían incurrido estos parlamentarios. El organismo investigativo dice que estos congresistas serían “presuntamente beneficiarios” de los sobornos y un posible delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía tiene plena certeza de tener archivos que también comprometerían a extranjeros como Eder Paolo Ferracuti, presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, al que el organismo investigativo ordenó capturar por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Delitos por los que también deberá responder Marcio Maragoni Maragoni, integrante del Consorcio Constructor Ruta del Sol-Consol, y Amilton Ideaki Sendai, ejecutivo de la firma Norberto Odebrecht. La Fiscalía ya capturó a Adolfo Torres Forero, representante legal la firma Profesionales de Bolsa, por supuestamente haber elaborado un esquema de pagos con el único fin de darle apariencia de legalidad a los sobornos que giró Odebrecht.
En lista de particulares que la Fiscalía tiene en su radar está el nombre de Mauricio Alberto Vergara Flórez y Gabriel Dumar, dos funcionarios del Consorcio Sion al que la Fiscalía les imputará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por otro lado, el organismo indaga si Basima Patricia Elías Nader, prima del senador Elías, también habría recibido dinero para él, y por eso le imputarán lavado de activos. Dentro del acceso a los archivos obtenidos, estos abarcan entre el 2014 y 2016.
Según la revista, Bula tenía diálogos constantes con directivas de Odebrecht y con miembros de la ANI, como Juan Sebastián Correa. Pero también estaba pendiente de las conversaciones que congresistas como Bernardo Elías sostenía con Luis Fernando Andrade, director de la entidad, porque los mismos políticos se la transmitían. Por eso, parte de la información encontrada en los móviles son conversaciones de Andrade con congresistas. Entre tanto, la Fiscalía evalúa un posible preacuerdo con Bula para poder utilizar la información contenida en los celulares, así como los documentos aportados por él y su propio testimonio.
¿Quién es Otto Bula?
Otto Bula fue, hasta hace unos 15 años, un político muy importante en el mapa electoral del caribe colombiano. Este hijo de Sahagún (Córdoba), dice la Fiscalía, recibió entre 2013 y 2014 un porcentaje de un soborno por parte de la constructora brasileña. Pero, antes de involucrarse en el mayor escándalo de corrupción que hoy sacude con sus coletazos a Latinoamérica, Bula era reconocido por haber ocupado la curul de Mario Uribe, el primo del expresidente Álvaro Uribe, quien salió del Congreso por una investigación por parapolítica y que luego lo llevó a una condena de siete años y seis meses de prisión.
En 2002, el entonces congresista Mario Uribe multiplicó sus votos en los municipios cordobeses de Sahagún, Montelíbamo, Planeta Rica y Chinú, según la Corte Suprema, gracias a las alianzas forjadas con políticos locales como Otto Bula, quien fue suplente de Uribe en el Congreso entre 1998 y 2002 y también entre 2002 y 2006. Después de las elecciones de 2002, Otto Bula se desvaneció del mapa electoral, pero no del de los escándalos. En 2010, por ejemplo, en una corte estadounidense, el narcotraficante Juan Carlos "El Tuso" Sierra acusó a Bula de haber sido testaferro de Mario Uribe.
En esa época los intereses de Bula estaban lejos de los comicios electorales: en las tierras de los Montes de María. Como representante legal de La Agropecuaria El Central, compró miles de hectáreas en esa región que, en la década de los 90 y a principios de este siglo, fue azotada sin piedad por la violencia guerrillera y paramilitar. En 2013, de nuevo apareció mencionado en una investigación de dos propiedades que salían a su nombre, al parecer, estaban relacionadas con los narcotraficantes Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.