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En poco más de tres meses estará libre Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, jefe de seguridad y mano derecha de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, máximos comandantes de las autodefensas y protagonistas de la cruenta guerra que vivió el país desde finales de los años ochenta por cuenta de la confrontación entre paramilitares y guerrilleros. A pocos meses de su salida de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el Tribunal Superior de Medellín aún no lo ha condenado por los delitos que le formuló la Fiscalía, entre los que se incluyen homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Apenas el 16 de mayo el tribunal aceptó los cargos que el fiscal 13 delegado de la Unidad de Justicia y Paz le formuló a Monoleche, quien cometió crímenes durante al menos 16 años en Córdoba y Urabá.
Más conocido por su participación en el asesinato de Carlos Castaño en abril de 2004, Monoleche se vinculó a ese clan familiar en 1988 y participó en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su trasegar por Córdoba y Urabá administró las haciendas de los Castaño y se vinculó a la gran empresa criminal que idearon los paramilitares para despojar a los campesinos de sus tierras. De hecho, dirigió en la sombra la empresa Agropalma, una de las compañías creadas por las autodefensas para impulsar la agroindustria de la palma aceitera en las tierras despojadas a las comunidades negras del Bajo Atrato chocoano.
En desarrollo del proceso de Justicia y Paz, Monoleche ha entregado decenas de predios para la reparación de las víctimas, entre los que se incluye Montecasino, una mansión ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, donde los hermanos Castaño se reunían con empresarios, ganaderos y paramilitares para planear grandes golpes militares y estrategias de guerra, como el ingreso al municipio de Mutatá (Antioquia) en 1996 y la expulsión de las Farc del Cañón de La Llorona. Monoleche también ha entregado miles de hectáreas despojadas a parceleros de Tierralta, Valencia (Córdoba), San Pedro de Urabá y Turbo (Antioquia), entre otros municipios.
Por considerar que ha contribuido satisfactoriamente al proceso de Justicia y Paz y encontrar ajustadas las peticiones de la Fiscalía, el tribunal lo juzgará por el homicidio de siete personas y la desaparición forzada de cuatro más. Entre esos casos resalta el homicidio de Juan Antonio Espitia Hernández, un parcelero y comerciante de ganado asesinado el 9 de enero de 1994 por cuatro hombres en San Pedro de Urabá. Los hechos ocurrieron muy cerca de un puesto móvil del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, cuyo capitán, según Monoleche, tenía estrechos vínculos con las autodefensas.
El exparamilitar reconoció que los asesinos estaban bajo su mando y declaró que el crimen “se cometió entre el comando de la Policía y la sede del Batallón”, porque Espitia “negociaba con ganado hurtado del Epl”.
Luis Alberto Espitia, hijo de la víctima, declaró “que su padre negociaba con ganado, pero que no era cierto que se lo comprara a la guerrilla”.
Otro crimen que se le endilga es el de Elías Hernández Vega, un joven de 24 años, cometido por paramilitares a su mando.
Para el tribunal, Hernández fue ultimado por desobedecer la orden de no salir después de las 6 de la tarde. La familia no denunció este hecho en su momento porque, según ella, había “una unión” entre los paramilitares, el Ejército y las autoridades judiciales.
Un tercer homicidio fue el de Hernán David Carvajal Aguas, un adolescente de 16 años al que paramilitares le dispararon en el abdomen y la cabeza luego de que Carlos Castaño lo acusara de estar “conformando una secta satánica”. El joven, que “trabajaba como auxiliar de la Cruz Roja”, llevaba “un tatuaje que representaba el bien y el mal y otro con una calavera”, lo que le costó la vida.
En cuanto a las desapariciones, llama la atención la de Joaquín Emilio Taborda Ruiz, un albañil de 30 años. Según Monoleche, Taborda fue desaparecido por sugerencia del entonces rector del colegio de la vereda Santa Catalina, Rodolfo Torres Romaña, “amigo de Carlos Castaño Gil, Carlos Mauricio García Fernández y otros paramilitares”, y quien “se prestó para entregarlo y llevarlo a La 35”, una finca donde hoy existen 19 fosas comunes que la Fiscalía tiene pendientes por exhumar. Por este caso se ordenó investigar al rector Torres.
También pidió investigar a varios exfuncionarios por no indagar estos crímenes y archivar las investigaciones en su momento, entre ellos la entonces fiscal 20 especializada de Medellín, Paula Astrid Vargas; el fiscal 2 especializado de Montería, José Ricardo Usta de León, y los investigadores del CTI José Roberto Montoya y Nelson Arboleda. Los magistrados también le exigieron a la Fiscalía acelerar las exhumaciones de las fosas cuya existencia ha revelado Monoleche e identificar los bienes que éste ha entregado con el fin de destinarlos a la restitución y reparación.
El tribunal se enfrenta a una carrera contra el reloj para determinar los daños causados a las víctimas y emitir un fallo antes de que el hombre de confianza de los Castaño y pieza clave en el despojo de tierras salga a las calles y se reintegre a la sociedad en agosto próximo. Monoleche se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 con el bloque Calima de las Auc y se encuentra vinculado al proceso que adelanta un juzgado de Medellín contra los empresarios y paramilitares que participaron de la agroindustria palmera.
mflorez@elespectador.com
@elenaflorezr