Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“El día sábado 22 de agosto de 2020 en horas de la mañana le pregunté a Juan Carlos Loaiza por qué había cambiado de moto, ya que él tenía una moto xtz blanca y ese día lo vi en una moto tvs apache blanca, me dijo que la moto la tenía el primo y por eso se había venido en esa, se notaba muy nervioso y me dijo sobre lo que me había preguntado la Fiscalía en las entrevistas, le contesté que lo normal sobre mi rutina el día 11 de agosto, le pregunté que si sabía algo sobre el tema de los muchachos muertos y me contestó, se cogió la cabeza y se puso como recordando y lamentándose, me dijo: ‘la verdad, John, ese día estuve presente cuando ocurrió el suceso’”.
(En contexto: Masacre en Llano Verde: hipótesis sobre el asesinato de cinco jóvenes en Cali)
El pasado 11 de agosto, en horas de la noche, cinco jóvenes —todos menores de 18 años— fueron asesinados a sangre fría en un cañaduzal que hace parte de una finca llamada Las Flores, en el oriente de Cali, en un barrio llamado Llano Verde. Por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, al caso fueron asignados 54 investigadores del CTI y de la Sijín y el Gaula de la Policía, que han trabajado, anunció la propia entidad, con drones y equipos de tecnología forense. El punto en que la investigación empezó a tomar forma, sin embargo, fue el pasado 26 de agosto, cuando Jhon Alexánder Vera Ocampo declaró ante la Fiscalía las palabras que dijo haber escuchado de boca de Juan Carlos Loaiza.
Loaiza y Yefferson Marcial Angulo son los dos hombres que se encuentran detenidos por la masacre de los cinco jóvenes desde el pasado viernes 28 de agosto. Es decir, la Fiscalía tardó apenas 17 días en encontrar a dos de las tres personas que, se supone, estuvieron presentes en el crimen que sacudió al Distrito de Aguablanca, uno de los más oprimidos de toda la capital vallecaucana. Todas las víctimas eran afrodescendientes, un dato que no sorprende para una localidad que lleva décadas recibiendo a desplazados del Pacífico. Pocos casos se empiezan a resolver en tan poco tiempo y ese mismo 28 de agosto, el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Iván Duque viajaron a Cali a confirmar la noticia.
“Esta fue, presidente, una operación de filigrana investigativa entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional”, dijo entonces el fiscal Barbosa, quien celebró los arrestos y la celeridad con que se dieron. El fiscal Barbosa resaltó que la comisión especial que él mismo designó, con el apoyo de la tecnología, recaudó “el material probatorio que llevó a la captura de los presuntos autores de la muerte de estos menores de edad”. El Espectador conoció el dossier completo de la Fiscalía, y lo que queda claro allí es que, sin la declaración de Vera Ocampo, al menos por ahora, el ente investigativo estaría en ceros. Lo cual, a largo plazo, podría representar un grave problema para el caso.
(Le puede interesar: El barrio para la paz en Cali en el que no para el conflicto urbano)
Así, cuando menos, lo ve Élmer Montaña, abogado de una de las víctimas. “La Fiscalía recibió la declaración de Vera y a los dos días ya tenía a los tipos (Loaiza y Marcial) detenidos. Debió tener mucha más prudencia, interceptarles los teléfonos para tener más elementos de prueba. Lo que tienen ahora son la declaración de John Alexánder Vera y la admisión de que ellos estuvieron allí cuando un tipo al que llaman ‘el Mono’ les disparó. Si el juicio fuera mañana, la Fiscalía pierde. Si Loaiza y Marcial deciden no declarar en juicio, sus interrogatorios no se pueden usar. Y con Vera, que es un testigo de oídas, no pueden condenar a nadie”, dijo el abogado penalista, quien fue también fiscal.
En la audiencia de imputación de cargos, Loaiza y Marcial se declararon inocentes y dijeron que fueron testigos de todo, pero que quien arrinconó a los cinco adolescentes y les disparó fue un hombre llamado Gabriel Alejandro Bejarano. Apenas se conoció de la masacre, la Policía ofreció una recompensa de $200 millones por información que llevara a los responsables. Ahora que Loiaza y Marcial están privados de la libertad, la Policía redujo drásticamente la oferta y solo pagará hasta $20 millones por datos que lleven al hombre que, se supone, segó la vida de los jóvenes en el cañaduzal. Jhon Vera lo describió como “calvo y barbado”, pero en la imagen que la Policía ha divulgado de él tiene cabello y la cara lampiña.
Al inspeccionar el lugar de la masacre, las autoridades encontraron dos cuchillos pequeños, con mangos de palo, aunque no se ha determinado si alguno de ellos fue usado para lastimar a los cinco jóvenes. Lo que sí dejan ver las necropsias es que la tesis de que Loaiza y Marcial “solo” fueron testigos pende de un hilo por una razón: al menos dos de los cuerpos muestran indicios de que con ellos hicieron más que arrodillarlos y ejecutarlos por la espalda, como Loaiza y Marcial aseguraron. De comprobarse que fue así, la hipótesis de que Bejarano (a quien conocían en su trabajo con el sobrenombre del Mono) fue el único que actuó esa noche contra los jóvenes se vendría al piso.
(Le puede interesar: Los dos hombres capturados por la masacre en Cali no aceptaron cargos)
Uno de esos dos cadáveres tiene una lesión con arma blanca en el cuello de siete centímetros de longitud, de 0,7 centímetros de profundidad. Él, de 15 años, quedó bocarriba, con la lesión en el cuello totalmente a la vista. “Este último obitado se encontró dispuesto en una posición diferencial en comparación con las otras víctimas (...) Se debe señalar que esta víctima tenía en su cuerpo lesiones diferenciables con respecto a los demás obitados e incluso la propia distribución en escena de este fallecido nos orienta a un trato diferencial para con esta persona por parte del (los) victimario(s)”, se lee en un extenso informe de Policía Judicial que se presentó a la Fiscalía el pasado 27 de agosto.
En otra de las necropsias se lee: “Se aprecian lesiones en planos musculares superficiales y profundos de región dorsolumbar, consistentes con traumas contusos; que por las circunstancias que rodean el caso; puede corresponder a malos tratos en contexto defensa (víctima) o posible tortura. A definir por la autoridad”. En el informe de Policía Judicial reza que los agresores “desplegaron manejos de control y sometimiento grupal, en las que se debió dejar muy en claro (su) superioridad y capacidad ofensiva, reflejada en la pasividad que se advierte por parte de las víctimas al no intentar huir o no existir evidencia mayor de maniobras de defensa por parte de los hoy interfectos”.
Esos relevantes detalles dejan ver por qué la versión de Loaiza y Marcial se encuentra comprometida. Hasta ahora se han hecho dos allanamientos en busca del Mono Bejarano, ambos realizados también luego de que Jhon Alexánder Vera declarara: uno fue el 28 de agosto pasado y el otro, el 29. El primero se hizo en la casa donde él vivía en un cuarto alquilado. Estaba vacío, los investigadores no hallaron más que un maletín y una gorra de la empresa Búho para la que trabajaba. El dueño de la casa confirmó que Bejarano se esfumó justo para la época de la masacre. En el otro allanamiento, los investigadores encontraron una pistola que hoy cotejan para saber si con esa fue que se cometió la masacre.