El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gonzalo José Oliveros Navarro hace parte de los 29 juristas que tuvieron que salir de ese país por oponerse abiertamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se exilió en Colombia hace un año y hoy es uno de los panelistas invitados al Tercer Seminario Internacional de Jueces y Magistrados que arranca hoy en Bogotá. El evento, que durará dos días, cuenta con la participación de fiscales como Vladimir Aras, responsable del caso de Odebrecht en Brasil, y de jueces como Oliveros y del procurador general de Colombia, Fernando Carrillo.
Oliveros, que oficialmente sigue teniendo el título de magistrado pues nadie lo suspendido de su cargo, habló con El Espectador de su participación en el seminario, de la importancia de que los jueces colombianos defiendan su independencia, para evitar casos como el de su país, y de que lo esencial que significa que en un país se puedan ventilar los casos de corrupción y sus ciudadanos puedan reaccionar a ellos.
Desde su perspectiva y experiencia en Venezuela, ¿considera que el sistema judicial en Colombia es realmente independiente?
En comparación con Venezuela, por supuesto que sí. En Venezuela no hay sistema judicial, es un Estado fallido donde no hay separación de poderes, donde lo que decida el señor presidente de la República lo acatan todos los poderes, menos en el Parlamento. Es decir, que el poder ejecutivo y el poder judicial son una sola voz.
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Usted es testigo de cómo se puede acabar un tribunal de justicia tan importante como el venezolano, en medio de una crisis política y humanitaria. ¿Cree que así murió la justicia en Venezuela?
La justicia murió en Venezuela como consecuencia de la politización. Desde que se permitió que la dirigencia política del partido del gobierno actual tomase decisiones, a partir de 2002, respecto al sistema de administración de justicia. Allí murió.
Teniendo en cuenta su trayectoria en un alto tribunal, ¿cuál sería su consejo para los jueces y magistrados colombianos?
Los jueces y magistrados en Colombia tienen que defender la independencia y la carrera judicial. En mi país, no hay carrera judicial a pesar de que la Constitución lo establece. Como consecuencia de esto, los jueces y magistrados en Colombia deben defender de manera extraordinaria su independencia de la rama judicial.
En el año que lleva en Colombia, ¿qué impresión se ha llevado de los escándalos que han permeado a la justicia colombiana?
Tengo una lectura distinta al tema de los escándalos. En la medida en que se ventilen los problemas de la administración de justicia, la democracia se fortalece. Es precisamente el problema en nuestro país: los inconvenientes que existieron en la justicia no los conocíamos. Colombia no sabe que Venezuela ha reducido en los últimos años a más de 200 medios de
comunicación. La política de gobierno está diseñada y desarrollada para eliminar la información y que el venezolano solo se informe de temas que el gobierno quiere. Es importantísimo que se ventilen los problemas. En la medida que esto se hacen la sociedad se informa y reacciona contra quienes cometieron los delitos. Y ellos tiene derecho a defenderse.
Su intervención en el Seminario Internacional será sobre la corrupción judicial en el caso de Venezuela. ¿Qué puede aprender Colombia de ese episodio?
Lo fundamental es mantener la independencia de los jueces. En Venezuela, el 90 % de los togados son de libre nombramiento y remoción, cuando deberían ser de carrera. Al ser se libre nombramiento y remoción, solo acceden a la función pública las personas que forman parte del partido del gobierno. Nosotros, los 33 magistrados que fuimos designados por la Asamblea Nacional en junio del año pasado, fuimos un problema para el gobierno pues veníamos de distintas tendencias políticas y participamos de un concurso público con control de los poderes del Estado y con control de la ciudadanía.
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Si pudiera, ¿le gustaría ser magistrado de una alta corte en Colombia?
No, la ley colombiana es muy clara ese es un cargo para colombianos y yo respeto profundamente la ley y me atenga a ella.
¿Cómo cree que se puede separar el tema político de la justicia?
Lo fundamental es respetar la Constitución.
En Colombia ya se está hablando sobre reformas a la justicia. En su opinión, ¿qué es lo más urgente que debe cambiar en el país?
Yo estoy en fase de estudio de las propuestas que se han radicado en el Congreso. Sobre todo, porque estoy cursando una especialización, de tal manera que adelantar una opinión en tal sentido no sería responsable. Pero todo lo que pueda facilitar el acceso de la ciudadanía a los tribunales es beneficioso para la democracia colombiana.
¿Qué pasó con otros magistrados que no pudieron salir de Venezuela?
Unos están detenidos, pero la gran mayoría estamos fuera del país. De 33 magistrados, cuatro están en Venezuela, algunos de ellos se les está siguiendo un proceso judicial pero no tenemos contacto con todos. El resto, 29, estamos afuera del país y 25 de nosotros solicitamos refugio en Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Cuatro o cinco están en condición de turistas en el país en el que se encuentran.
¿Cómo funciona el Tribunal Supremo de Venezuela que anula las funciones de la Asamblea Nacional?
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló a la Asamblea Nacional a partir del 23 diciembre de 2015, cuando designó, sin cumplir los requisitos, a 13 magistrados principales y 20 suplentes. A esos jueces los designaron en la Sala Constitucional y en la Sala Electoral y desarrollaron una actividad político partidista, destinada a inhibir a la Asamblea Nacional con la mayoría opositora que había sido elegida por los venezolanos con más de 10 millones de votos el 6 de diciembre del 2015. El Tribunal ha emitido más de 57 decisiones, estando absolutamente desconfigurado y desestimado.
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¿Cuál ha sido la peor consecuencia de esta situación?
Que han impedido la actuación de la Asamblea Nacional en Venezuela. No se ha podido emitir una sola ley desde enero de 2016. Tampoco se ha podido investigar a ningún funcionario del gobierno. Para solapar sus funciones, el gobierno venezolano designó a una Asamblea Constituyente violando la Constitución.
Cada vez la situación en Venezuela empeora. ¿Hasta dónde cree va a llegar?
Hasta que los venezolanos nos pongamos de acuerdo para ponerle fin a esa situación. Cuando hablo de venezolanos, me refiero también a los que en algún momento apoyaron al gobierno y también a los que lo han adversado. Mientras en Venezuela exista una división sobre maneras de actuar, nuestro problema se extenderá.
¿Qué opina de las políticas colombianas frente a la crisis migratoria?
El gobierno colombiano se vio sorprendido por el impulso de la migración. La administración del expresidente Santos diseñó políticas para tratar de identificar a los venezolanos en Colombia. Pero el gobierno del presidente Duque está empezando. Sin embargo, nosotros hemos observado que, sobre todo en materia educativa, se han apretado un poco los requisitos para la obtención de la convalidación en Colombia. No sabemos y estamos en fase de observación de si es una política definitiva o es coyuntural.
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¿Cree que es esas políticas son suficientes?
Los venezolanos que estamos aquí agradecemos la actuación que ha tenido con nosotros el gobierno colombiano. Han tratado de enseñar políticas para incorporarnos a este país, pero falta mucho por hacer. Por ejemplo, en materia de emprendimiento, de lucha contra la xenofobia y desde Asovenezuela, le hemos propuesto por escrito al gobierno distintos instrumentos para facilitar el acceso y la incorporación de los venezolanos a Colombia. Esa crisis migratoria es una oportunidad para Colombia. Sin duda nosotros vamos a regresar a Venezuela como unos magníficos colombianos porque vamos a ayudar a crecer a Colombia.
¿Qué espera tiene de los tribunales internacional frente a la situación que hoy vive Venezuela?
Tienen que hacer lo que el Estatuto de Roma les permita hacer. Esperamos que se pueda dar una investigación seria en la Corte Penal Internacional. Venezuela está sujeta a observación internacional. Los venezolanos no podemos hacer más de lo que hemos hechos. Nosotros hemos puesto los muertos, el hambre y nuestro sacrificio.
¿Cómo puede ayudar la justicia a proteger los derechos de los exiliados de Venezuela?
Conforme al artículo 100 de la Constitución, todos somos habitantes de Colombia. Venezolanos y extranjeros. La sentencia t-210 de 2018 califica a los venezolanos como personas en extremo grado de vulnerabilidad y esto facilita el acceso a la salud e insta al gobierno de Colombia a tomar medidas de protección con respecto a eso. Los tribunales acertadamente están supliendo las deficiencias de la administración y eso es natural. La administración es muy lenta en todos los países del mundo.
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