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El pasado viernes 1° de mayo, horas antes de que la revista Semana hiciera pública su investigación titulada “Las carpetas secretas”, en la cual explicaba cómo miembros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército recopilaron información y perfilaron a periodistas -especialmente corresponsales extranjeros-, políticos, sindicalistas y hasta funcionarios del propio gobierno Duque, el ministro de Defensa anunció: “Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales, asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo”. (Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército)
Carlos Holmes Trujillo señaló que esa decisión se tomaba a raíz de las denuncias que trascendieron hace unos meses “sobre el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la Política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley”. Trujillo, sin embargo, no dejó saber entonces cuáles eran los militares que salían de la institución ni por qué. Solo enunció que había procesos disciplinarios andando en la Inspección General y que se pidió la intervención de la Fiscalía en el asunto.
Ese mismo día, el ministro Trujillo firmó un decreto y una resolución para llamar a calificar servicios a ocho uniformados en total. Con el decreto 616 de 2020 se señala que la junta asesora del Ministerio de Defensa realizó una “sesión ordinaria virtual” ese mismo día y recomendó “por unanimidad” la salida de cinco coroneles. Los nombres, deja saber el decreto, fueron puestos sobre la mesa por el comandante del Ejército, que hoy es el general Eduardo Zapateiro. (“No toleraré a quienes deshonren el uniforme”: Duque sobre nuevo escándalo en el Ejército)
Los retirados son los coroneles Juan Pablo Prado Torres, exdirector de la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia; Julio Tobías López Cuadros; Helmont René Ramos Naranjo, de quien reposa una monografía en la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra titulada “Diseño de software para la transmisión de datos entre dispositivos smart phone por intermedio de radio”; Hugo Armando Díaz Hernández y Milton Eugenio Rozo Delgado.
Sobre este último, Semana hace una puntal mención en esta publicación. De acuerdo con lo que una fuente le dijo a la revista, “Rozo fue uno de los encargados de pagarle, entre otros, a un supuesto periodista muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres, para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de esos perfiles”.
En la resolución 1251, por otra parte, están consignados los nombres de tres mayores que fueron llamados a calificar servicios el pasado 1° de mayo. El procedimiento fue el mismo: la junta asesora del Ministerio de Defensa se reunió de forma virtual ese mismo día y propuso “por unanimidad” el retiro de Eduardo de la Torre Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias. Estos ocho nombres se suman a los de los dos generales que también salen por cuenta de este escándalo: Eduardo Quirós, exjefe de contrainteligencia, y Gonzalo García Luna, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.
“Mantenemos el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de las Fuerzas Militares que sea contraria a la Constitución, a la Ley, a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Fuentes del Ejército, sin embargo, le indicaron a este diario que en esa lista de retiros se juntaron peras con manzanas, y que algunos oficiales fueron retirados para cubrir a otros realmente implicados. El asunto queda en manos de la justicia.