Este miércoles, 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW) reveló el listado de los nuevos comandantes del Ejército Nacional que estarían comprometidos en casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” –como también se le conoce–. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas HRW.
Los militares nombrados contra los cuales existen evidencias son el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada.
Según HRW, las investigaciones han demostrado que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye ejecuciones extrajudiciales deberían haber sabido sobre estos homicidios y que, conforme al derecho informacional, no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que cometan en forma directa, sino por el presunto conocimiento de que sus subordinados estaban cometiendo estos actos y no adoptaron medidas para prevenirlo.
(Le podría interesar: Condenan a mayor (r) del Ejército por dos ejecuciones extrajudiciales en Meta)
“Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, precisó Vivanco.
Las pruebas
HRW analizó decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre.
La organización aseguró que el general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, y que la Fiscalía tiene abiertas investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada. En ese contexto, la organización presentó un documento, firmado por Martínez Espinel, que certifica el pago de $1 millón a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares.
En unas de esas operaciones, según HRW, los soldados reportaron que habían muerto dos personas, un hombre y una mujer, sin identificar, quienes supuestamente pertenecían al Frente 59 de la extinta Farc. Sin embargo, con base en sentencias judiciales, la organización manifestó que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años. En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios, y en 2013 el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
HRW identificó otras inconsistencias en documentos firmados por Martínez Espinel que, supuestamente, certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada mataran a tropas enemigas. Entre ellos se encuentran cuatro documentos en el que la Fiscalía determinó que los nombres y números de cédula de los presuntos informantes no coincidían, y dos documentos donde se certifican pagos a informantes, pero las fechas de las presuntas operaciones “no tienen sentido”.
(Lea también: Envían a la JEP informe sobre ejecuciones extrajudiciales que señala a un general activo)
En cuanto al general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor, HRW precisó que fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008, y que la Fiscalía investiga al menos 19 muertes perpetradas, al parecer, por miembros de la Octava Brigada, en 2008. La organización reveló un documento firmado por Navarrete Jadeth, en 2008, en el que certifica un pago de $2 millones a un informante a cambio de información que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero, como en el caso anterior, un juez concluyó que estas personas eran civiles, que habían sido reclutados y después asesinados.
Respecto a Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, HRW manifestó que fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006, y que la Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados de este batallón. Entre estos, sostuvo la organización, hay por lo menos cuatro casos en los que la justicia ha condenado a nueve soldados.
Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. La Fiscalía, según HRW, investiga siete ejecuciones cometidas por este batallón en 2008. Igualmente, la organización sostuvo que el general Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo), está siendo investigado por la ejecución del agricultor Omer Alcides Villada.
Villegas Muñoz, expresó HRW, certificó el pago de $1.5 millones a un informante que, supuestamente, proporcionó información que posibilitó a la operación. No obstante, el informante declaró ante la Fiscalía que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno. En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general, pero un decreto de 2017 (vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC) impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía.
En cuanto al general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, entre julio de 2006 y diciembre de 2007 comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. En ese caso, la organización aseguró que la Fiscalía abrió investigaciones sobre 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según un documento de esa entidad.
(Le sugerimos: CorteIDH condena a Colombia por ejecuciones extrajudiciales entre 1992 y 1997)
Por otro lado, HRW expresó que el general Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante parte de 2008, y que la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008. El general Miguel Eduardo David Bastidas, explicó la organización, está siendo investigado por su rol “en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada”.
Por último, HRW expresó que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Décimo Tercera Brigada, fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada, entre octubre de 2006 y abril de 2007. “Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las Farc”, explicó la organización.
El general Pinto Lizarazo, de acuerdo con la organización, también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. En este caso, la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones extrajudiciales que, supuestamente, fueron cometidas por soldados del batallón en 2008.
En diciembre de 2015, el ente investigador interrogó al general sobre su presunta participación en “falsos positivos” mientras fue comandante del batallón Magdalena. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.