Los pagos que Chiquita Brands habría hecho a los paramilitares

El capítulo judicial que relaciona a la multinacional bananera Chiquita Brands los grupos paramilitares en el Urabá Antioqueño entre 1997 y el 2004 acaba de tener un impulso por la Fiscalía General de la Nación, que decidió no solo acusar a 13 exdirectivos por supuestamente saber de pagos a los grupos de autodefensa en la región, sino también declarar el caso de lesa humanidad. De fondo, la Fiscalía consideró que los empresarios bananeros con su dinero apoyaron la expansión del proyecto militar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y, de paso, permitieron la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Por solo mencionar algunas, está el homicidio de 4.335 personas entre 1995 y 2004 en Apartadó, Turbó, Chigorodó y Carepa. También la desaparición de 1.306 personas en ese mismo periodo de tiempo, el desplazamiento de 1.675 pobladores, la persecución y asesinatos de sindicalistas del sector bananero y hasta en el extermino de los militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Y, con la consolidación e instrumentalización de las Cooperativas de Vigilancia Rural, Convivir, por parte de los paramilitares, la Fiscalía sostuvo que se terminó de crear una estructura de terror que azotó al Urabá con el auspicio de los bananeros.

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Para la Fiscalía no hay duda de que los empresarios sabían lo que pasaba. “Si los dirigentes de la industria del banano conocían la naturaleza de la organización armada ilegal y sabían de los actos de barbarie que cometían de manera sistemática (y) generalizada contra la población civil, con el financiamiento de la estructura ilegal estaban patrocinando la comisión de estas graves afrentas contra la humanidad y es por esto que es predicable su posible compromiso en la conducta de concierto para delinquir y que se encuentran reunidos los elementos exigidos para reconocer la categoría de lesa humanidad”, dice el documento.

La alianza criminal, según la Fiscalía, operaba así: se convino con Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, el pago de tres centavos de dólar por caja de banano exportada. Esa deducción se hacía, supuestamente, cada semana en cada comercializadora (Banacol, Banadex) de fruta y con previa autorización. Esos dineros, agrega la acusación, eran consignados a las cuentas bancarias de las Convivir o de manera directa. Pero la conclusión es que todo llegaba a las autodefensas. Según la investigación, ese pacto se selló en una reunión en 1997 convocada por la Casa Castaño y que tuvo lugar en Montecasino.

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Entre los testimonios que tuvo en cuenta la Fiscalía están los de varios pobladores de la región que detallaron las reuniones entre los propietarios de la tierra, trabajadores de las bananeras y paramilitares. “Me di cuenta de que nos descontaban cuando Banadex se la paso a Banacol, porque ahí descontaban 20 centavos de dólar para la Chiquita, no se la razón, ni para que eran”, dijo uno de ellos. Uno de los testimonios cruciales es el de Carmen Palencia, hoy reconocida líder de restitución de tierras.

“Uno andaba por esas fincas y allá encontraba uno a los paramilitares trabajando como capataces, como coordinadores y como obreros, todas las fincas bananeras tenían trabajadores integrantes de las AUC. Incluso hasta los administradores de esas fincas eran puestos por los paramilitares para que ejercieran funciones de vigilancia y control. Los que agrupan las fincas eran Unibán, Banacol, Banadex (…) todas las fincas eran de Chiquita Brands”,

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Para la fiscalía es claro que el pago de tres centavos de dólar por caja de banano era involuntario y tenía molestos a los residentes. Entre las pruebas está igualmente una asistencia judicial adelantada por los Estados Unidos, la negociación de Chiquita con la justicia de ese país, entre otros. Y los testimonios de varios paramilitares. Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, señaló a Pedro Bonito como comandante del Bloque Bananero: “Tenían un acuerdo con las comercializadoras o empresas bananeras, que les pagaran algunos centavos de dólar por cada exportada para financiar esa Autodefensa".

Hébert Veloza García, alias HH, comandante del Bloque Calima y también del Bloque Bananero afirmó: “Hasbún le propone a los Castaño implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero. Ahí nacen las Convivir que fueron creadas para poder recaudar ese dinero y que las empresas bananeras les dieran salida legal”. Veloza además confesó homicidios de trabajadores de Sintrainagro, Adida y Sintainal y de militantes de la UP.

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Hasbún por su parte, en agosto de 2008, dijo ante la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, que acudió a la Gobernación de Antioquia a una reunión con el secretario general de la entidad, Pedro Juan Moreno, y le expuso la idea de crear una Convivir en la región de Urabá. Según él, logró construir 13, siendo la más importante la conocida como Papagayo, por la cual se canalizaron varios aportes de los empresarios. Esta convivir fue creada el 28 de octubre de 1996 y en1998 cambió de nombre de Convivir Papagayo a Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo Además, Hasbún insistió en que después de la reunión con los directivos de Chiquita, empezaron a recibir entre $20 y $30 millones de aportes.

Los implicados

Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, exasesor jurídico de Banadex, asistió a la reunión en Montecasino, junto con el gerente general Charles Keiser y el jefe de seguridad Juan Manuel Alvarado. Para la fiscalía, la asistencia fue voluntaria para tratar la estrategia de colaboración. “Hablamos de altos directivos de una compañía multinacional, no de un campesino o un pequeño productor aislado. Se trataba de una compañía que participaba en uno de los renglones de exportación más grandes de la Nación”, dice el documento.

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Keiser trabajó desde 1987 como gerente de una de las filiales de Chiquita, luego fue gerente de Banadex, y habría hecho al menos 13 pagos a las Convivir por $541 millones y autorizado otros 32 por parte de terceros entre 1997 y el 2000 por $305 millones. “Su responsabilidad radica en que propició y financió como cabeza visible de Chiquita a grupos al margen de la ley”, dice la acusación, que descarta por completo que haya sido un caso de extorsión. Escobar de la Hoz está vinculado con 12 pagos entre 1994 y 1998 por $329 millones como representante legal. “Tenía capacidad y el poder político y administrativo para acudir a las autoridades civiles y militares para buscar apoyo que le permitiera a la compañía enfrentar las extorsiones", se lee en la decisión.

Luis Germán Cuartas, exasesor de Banacol y de Banadex (ver al final actualización de esta noticia) tuvo relaciones directas con las organizaciones sindicales a la que estaban afiliados la mayoría de los trabajadores de las fincas y habría omitido sus funciones al no mencionar ante la justicia las reuniones con paramilitares. Para la Fiscalía no es creíble que no supiera de pagos: “Debió encarar el personal de la empresa de la que ejercicio varias funciones y roles”. Víctor Julio Buitrago, exjefe de seguridad en Santa Marta y Urabá de Banadex, es señalado por la fiscalía de liquidar los pagos que se hacían a las Convivir; mientras que Dorn Robert Wenninger, ciudadano estadounidense y exgerente administrativo de Chiquita (ver al final actualización de esta noticia), es acusado de autorizar seis pagos a las Convivir por $534 millones.

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John Paul Olivo, excontralor de Chiquita Grands y de Banadex fue acusado de saber cómo se harían cada uno de los pagos y de quiénes eran los destinatarios. Fuad Alberto Giacomán, ciudadano de Honduras, también excontralor de Banadex, filial de Chiquita Brands, fue acusado por conocer los aportes ordenados, según la Fiscalía, a sabiendas de que era una forma de subsidiar el crimen de manera consciente y con la anuencia de los directivos en Estados Unidos. De acuerdo con el ente investigador, sus actuaciones sucedieron entre 2002 y 2004, cuando ocurrieron varios incidentes, como el envío de cocaína a Bélgica en cajas de banano y cuando se tomó la decisión de dejar de pagar en Urabá la coima correspondiente a los paramilitares de Santa Marta.

José Luis Valverde, exgerente general de C.I. Banadex entre el 2002 y 2002, reconoció desembolsos a la Convivir Papagayo con destino a Santa Marta. Aunque dijo no saber que iban para las AUC. La Fiscalía no le creyó. Álvaro Acevedo fue gerente y representante legal de Banadex entre 2001 y 2004, periodo en el cual se hicieron 18 pagos por $1.413 millones a las Convivir y 19 más por $338 millones a las Convivir de las fincas de Santa Marta al paramilitar Carlos Tijeras.

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Para la Fiscalía tampoco es creíble que Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de Banacol entre 2000 y 2008, no supiera del verdadero actuar de las Convivir cuando se contrataron para brindar seguridad privada al gremio bananero. “Las mencionadas cooperativas fueron blanco de numerosas críticas y aun así los empresarios bananeros no solo les dieron su espaldarazo, sino que resolvieron auspiciarlas”, dice la acusación.

Según la Fiscalía, Jorge Alberto Cadavid Marín, en ese entonces gerente y vicepresidente financiero de Banacol, conoció de pagos entre 1999 y el 2004 por más de $3.200 millones. “Todas estas sumas tienen el carácter de aproximadas, habida cuenta que lo que interesa es que se hayan verificado los descuentos a los productores de banano con destino a las Convivir que (…) fueron utilizadas por paramilitares para recibir, contabilizar, entregar y mimetizar el verdadero propósito de los descuentos, que no era otro que la financiación de la organización ilegal”.

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A Juan Diego Trujillo Botero, exsecretario general de Banacol (ver al final actualización de esta noticia), y quien manejó las finanzas de todas las empresas del grupo, se le acusó de saber de los aportes a las Convivir. “¿Banacol era socia, afiliada era contratista de las Convivir? ¿Cuáles eran las condiciones de esta prestación de seguridad?”, se preguntó la Fiscalía. Por último, sobre Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y producción de Banacol gerente de producción, así como representante legal de la Agrícola El Retiro, la Fiscalía aseguró que bajo sus funciones se hicieron descuentos por $268 millones.

Compulsas de copias

Por último, la Fiscalía en su decisión compulsó copias para que se investigue a Jhon Ormand, vicepresidente de Trópico y a Alejandro Backoski, jefe de seguridad global de Chiquita Brands Internacional INC, porque al parecer sabían de las supuestas relaciones con las autodefensas. Asimismo, se compulsó copias para investigar a quienes fueron gobernadores de Antioquia entre 1997 y 2004 por no hacer seguimiento y control a las Convivir, y por haberles otorgado licencias de funcionamiento. Además, se compulsaron copias contra los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad en ese mismo periodo de tiempo.

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ACTUALIZACIÓN DE ESTA NOTICIA: Con posterioridad a esta publicación, el despacho del vicefiscal General de la Nación, mediante providencia de fecha del 17 de septiembre de 2019, resolvió el recurso de apelación en contra de la resolución que calificó el mérito del sumario proferida por la Fiscalía 68 Delegada ante Jueces del Circuito Especializada de la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos del 31 de agosto de 2018, y entre otras decisiones, en lo que atañe a la responsabilidad penal de los señores JUAN DIEGO TRUJILLO BOTERO, LUIS GERMÁN CUARTAS CARRASCO y DORN ROBERT WENNINGER, decidió REVOCAR la acusación y, en su lugar PRECLUIR la investigación a su favor por el delito de Concierto Para Delinquir Agravado.