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La Fiscalía está aterrada con el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia con el que buscan crear un tratamiento diferencial para pequeños cultivadores de plantas ilícitas. Así se declaró el ente investigador, en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez, en la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía en Barranquilla. La apuesta del Gobierno, explicó el fiscal, va en contra de la política antinarcótica del Estado. (En contexto: Con proyecto de ley, arranca tratamiento diferencial para pequeños cultivadores)
Para explicarle las razones de sus reparos, Martínez Neira le envió una carta de seis páginas al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. En la misiva, conocida por El Espectador, el fiscal inicia por explicarle que el ente investigador comparte la necesidad de construir mecanismos alternativos que permitan un tratamiento adecuado para derrotar el flagelo del narcotráfico. En seguida, Martínez explica que el proyecto de ley en cuestión nace a partir de lo acordado en La Habana.
En un aparte del artículo 4 del Acuerdo de Paz, el Gobierno y las Farc pactaron que era necesario crear un modelo para el tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca, marihuana, amapola, o cualquier otra planta de uso ilícito. Fue allí en donde quedó claro que cualquier beneficio que pudiera tener este nuevo modelo, solo podía aplicarse a pequeños campesinos y, de ninguna manera, podían acceder narcocultivadores condenados por la justicia. (En contexto: Ministro de Justicia radicó proyecto de ley para sometimiento del Clan del Golfo)
Sin embargo, el fiscal considera que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia resulta contradictorio con lo planteado en el acuerdo. “De manera inexplicable, por la extensión actual de los cultivos ilícitos, lejos de procurar una alternatividad frente a los cultivadores, con el objeto de que se adhieran a la política de erradicación, el proyecto de ley propone una modificación a la ley penal existente, con carácter general y permanente, consistente en la reducción de penas para quienes cultiven, conserven o financien plantaciones”, resaltó Martínez Neira.
El fiscal señala que, tal cual fue propuesto por el Gobierno, los beneficios también podrían ser aplicados a personas que no participen en programas de restitución voluntaria de cultivos y no necesariamente deben ser pequeños campesinos. “Se trata, en consecuencia, de un altísimo beneficio a cambio de nada”, refirió Martínez, quien además criticó que la norma “llega al extremo de despenalizar cultivos ilegales, cuando su extensión sea hasta de 18 metros cuadrados, lo que podría ser utilizado por las organizaciones al margen de la ley para organizar cultivos industriales mediante la modalidad de "pitufeo".
Para Martínez, también es preocupante que el proyecto de ley no permita aplicar medidas cautelares a cultivos ilícitos pues la Fiscalía no podría ordenar procesos de extinción de dominio. Otro de los reparos del fiscal es que el tratamiento penal diferenciado que pretende promover el Gobierno beneficiaría también a los financiadores de cultivos ilícitos. Así lo afirmó el jefe del ente investigador pues el artículo cuatro del proyecto especifica que toda persona que tenga una relación jurídica con el cultivo, o que tenga una relación con él con el ánimo de obtener ganancias, o de conservar o financiar los predios, puede optar por los beneficios.
“Por ende, si lo que se pretende es limitar la aplicación de la ley a los pequeños agricultores, no se entiende cómo se postula como cultivador a quien realiza tareas de financiación de cultivos sobre predios ajenos. Por lo demás, los financiadores son directos beneficiarios de la reducción punitiva que plantea la iniciativa, con sustanciales rebajas de penas”, refirió Martínez. El fiscal agregó que también le preocupa que el proyecto de ley solo excluya de los beneficios a quienes reincidan en la conservación o financiación de las plantaciones, y no también a quienes participan del tráfico de estupefacientes.
El siguiente punto que objetó Martínez Neira fue la manera en que se realizará, según el proyecto de ley, el procedimiento penal diferenciado para los cultivadores. Según lo planteado en la norma, la Fiscalía deberá renunciar a la acción penal, siempre y cuando se haya suscrito un acta y se hayan verificado los compromisos. El fiscal explicó en su carta que esos pasos serían inconstitucionales pues, la única manera que la Constitución permite renunciar a un proceso es mediante la aplicación del principio de oportunidad.
“Es altamente inconveniente eliminar los registros y antecedentes generados por los hechos objeto de beneficio de quienes se acojan a este proyecto de ley (Art. 16), en tanto es esta la herramienta idónea para establecer si el pequeño cultivador beneficiado con el tratamiento penal diferenciado ha sabido aprovechar y honrar sus compromisos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos y, hacia futuro, para juzgar su conducta social frente a la ley penal”, concluyó Martínez Neira.