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El pasado 10 de octubre, durante la audiencia de legalización del principio de oportunidad del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons en el Tribunal de Bogotá, ocurrió un hecho que ha pasado inadvertido y que puso en alerta a las autoridades. Además de la presencia del fiscal Jaime Camacho, la procuradora Gloria Blandón y el abogado de la Contraloría Carlos Alberto Suárez, ante el magistrado Luis Enrique Bustos súbitamente se presentó el litigante José Guillermo González Jiménez en calidad de apoderado de la Gobernación de Córdoba. Según él, iba en representación del departamento y su objetivo era constituirse como representante de las víctimas del saqueo a Córdoba. Lo grave es que en el acuerdo de colaboración pactado con Alejandro Lyons para desentrañar la corrupción en esa región, quien encabeza la lista de señalados es el gobernador Edwin Besaile. Por eso todos se opusieron a la petición de González Jiménez. (En contexto: El “dossier” del político que hundió al fiscal anticorrupción)
“La Fiscalía se opone a la petición, ya que existe un conflicto de intereses, pues el actual gobernador de Córdoba es uno de los funcionarios contra quien declarará el beneficiado con el principio de oportunidad, por lo cual se considera que se pretende indirectamente obtener información”, sostuvo con vehemencia el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho. En su criterio, el abogado González Jiménez no estaba allí para representar a las víctimas sino para extraer información confidencial del expediente. Una movida de maniobrero en un caso que involucra al mandatario regional Edwin Besaile y a su hermano, el detenido senador de la U, Musa Besaile. No obstante, el abogado José Guillermo González expuso sus razones y señaló que no representaba a una persona natural, “sino a los intereses del departamento”, y habló específicamente de varios contratos irregulares que aún se están liquidando. El magistrado Luis Enrique Bustos no le dio la razón. (Le puede interesar: Preacuerdo con Lyons, en manos de la Corte Suprema)
De hecho, para el magistrado resultó evidente el conflicto de intereses y por eso, después de varios minutos de citas jurídicas y lenguaje procesal, procedió a sacar al abogado de la audiencia reservada. El Espectador conoció el acta del Tribunal mediante la cual se dejó constancia de estas movidas. Además, este diario tuvo acceso a la resolución número 02924 de la Fiscalía, que contiene la hoja de ruta de la colaboración con la justicia de Alejandro Lyons. El documento de 10 páginas fue firmado el 29 de septiembre pasado por el coordinador de fiscales ante la Corte, Fabio Espitia. Allí se consignaron las razones por las cuales Lyons debía ser beneficiario de este principio de oportunidad: el testigo “permitirá a la Fiscalía contar con un medio de prueba directo para demostrar la responsabilidad de quienes participaron en el entramado delincuencial, tales como funcionarios de la Gobernación de Córdoba, parlamentarios, particulares y altos funcionarios judiciales”.
De acuerdo con Lyons, Edwin Besaile cometió delitos para asegurar su elección como gobernador de Córdoba en octubre de 2015. En concreto, el “ingreso de recursos del departamento a la campaña electoral”. Así lo advirtió Lyons, quien también prometió declarar contra el senador Musa Besaile. Según se lee en el documento, Besaile y Lyons pactaron en su momento un “acuerdo de representación burocrática con exigencias económicas de dineros procedentes de contratos del departamento”. Es decir, se feriaron contratos en Córdoba para favorecer los intereses de los hermanos Besaile. Fue en ese contexto, según Lyons, que éste le entregó $600 millones a Musa Besaile en dos tulas en febrero de 2015. Dicho dinero tenía como destino al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, encargado supuestamente de evitar la captura de Besaile por parapolítica. Un proceso que tiene enredados a los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
Precisamente, Alejandro Lyons aceptó declarar contra ellos y contra el exmagistrado de la Corte Camilo Tarquino, quien le habría pedido $20 mil millones para sepultar todos sus problemas con la justicia. El acuerdo también contempla que testificará contra Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla —hoy en el pasillo de la extradición a los Estados Unidos— y Guillermo Pérez Ardila, vinculado al desangre de $40 mil millones del cartel de la hemofilia en Córdoba. Son tales las evidencias entregadas por Alejandro Lyons a la Fiscalía, que este organismo aseveró: “La colaboración que se ha comprometido a proporcionar el aspirante contribuiría a evitar que se sigan cometiendo conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, especialmente en Córdoba”. Y añadió el documento que su colaboración “permitiría la condena de ocho personas, entre las que se encuentran altos funcionarios de la Rama Judicial, un senador, un gobernador y varios particulares”. (Lea: ¿Le pidió el exmagistrado Tarquino $20.000 millones a Alejandro Lyons?
En el acuerdo se estableció que Lyons deberá devolver en los próximos 30 meses tan solo $4.000 millones del saqueo, aunque habrían entrado a sus bolsillos $8.950 millones. Y que no será procesado por los hechos delictivos en los que se autoincrimine. Particularmente, los contratos de regalías y ciencia y tecnología, el cartel de la hemofilia y el de pacientes con síndrome de Down que en realidad eran falsos, varias obras civiles como el Puente Valencia y el coliseo Happy Lora de Montería e irregularidades en el carrusel de pensiones en Córdoba. En ese escenario, Lyons aceptó que purgará una pena de 62 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. No obstante, el crimen del director de regalías del departamento, Jairo Alberto Zapa Pérez, ocurrido en agosto de 2014, no está cobijado en este acuerdo. Zapa Pérez, salpicado por Lyons en este desfalco a la región, fue encontrado en una fosa común ubicada muy cerca de una finca del papá del exmandatario cordobés.
Esta semana se conoció la medida de aseguramiento con la que la Corte Suprema de Justicia mantuvo la detención del senador Musa Besaile, investigado por haber pagado dinero al ya conocido cartel de la toga para beneficiarse en un proceso en su contra por parapolíticia. El alto tribunal dio también pistas en su providencia de cómo se manejaron los dineros que logró desviar Lyons en Córdoba. De acuerdo con lo que le dijo el exgobernador de Córdoba a la Fiscalía, $2.100 millones del desfalco en el departamento se utilizaron para la campaña de quien es hoy el gobernador, Edwin Besaile.
En síntesis, estos son los secretos del acuerdo de Lyons con la justicia. No obstante, muchos se preguntan, por ejemplo, si ante semejante cascada de delitos y corrupción no está siendo demasiado benévola la justicia. ¿Tan suculenta es la información de Alejandro Lyons? Al margen de la controversia, el exgobernador de Córdoba se comprometió a declarar en todos los juicios y ante todas las instancias judiciales para hacerse acreedor a estos beneficios procesales. Habrá que ver en el futuro si su colaboración resulta tan eficaz. Hoy Lyons goza de un principio de oportunidad por un año, mientras que algunos testigos estelares del carrusel de la contratación en Bogotá —que develaron las andanzas del exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno y varios poderosos contratistas y funcionarios del Distrito— tienen que renovar estos acuerdos judiciales cada tres meses. El ventilador de Lyons, en todo caso, ha sido crucial para revelar el llamado cartel de la toga.