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El abogado José Gabriel García, quien defiende los intereses de Luis Alfonso Hoyos, aseguró que actualmente se está tramitando la solicitud de asilo político en los Estados Unidos debido a la falta de garantías procesales en Colombia, por lo que se considera que la investigación que existe en su contra es parte de una persecución política .
“Se está tramitando un asilo”, precisó el jurista, quien recordó que se radicó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en referencia a la “vulneración de la presunción de inocencia y el debido proceso” por parte de la Fiscalía General, de la cual han dicho los ha condenado ante la opinión pública.
Igualmente rechazó los señalamientos hechos por el director del CTI, Julián Quintana quien aseguró que en este caso se habían presentado maniobras dilatorias por parte de la defensa del indiciado. Por estos hechos pidió que la Fiscalía se abstenga de hacer “acusaciones públicas” contra una persona que ni siquiera ha sido imputada.
El pasado miércoles, tras una reunión extraordinaria, la Fiscalía General determinó solicitar de manera formal ante un juez de garantías la petición de orden de captura internacional en contra de Hoyos para garantizar su presencia en el juicio por su presunta participación en el conocimiento de las actividades ilegales del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.
Según la investigación, Hoyos Aristizábal habría ordenado la obtención de información privilegiada de los negociadores de las Farc en el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) con el fin de crear una estrategia para desprestigiar las negociaciones y al presidente-candidato Juan Manuel Santos en el marco de la campaña celebrada a principios de 2014.
En su momento el director del CTI aseguró que Hoyos era el “autor intelectual” de la obtención de información privilegiada. Por estos hechos le imputarán los cargos de concierto para delinquir, uso indebido de software, espionaje y violación de datos personales. Por estos hechos solicitarán que se cobije con medida de aseguramiento.
Para la Fiscalía General existe evidencia suficiente, entre testimonios y documentos, que permiten inferir la relación de Sepúlveda Ardila –condenado a 10 años de prisión- y Hoyos para la búsqueda de estos datos, los cuales fueron publicados en redes sociales para afectar el proceso de paz.
“Tenemos información contundente que Sepúlveda obtuvo esta información ilícita y la proporcionó a la campaña de Óscar Iván Zuluaga con el único objetivo de desestabilizar el proceso de paz", precisó Quintana en rueda de prensa el pasado 26 de mayo.