El caso por supuesta parapolítica contra Luis Alfredo Ramos, expresidente del Senado (2002-2003) y exgobernador de Antioquia (2008-2011), ya entró a su recta final en la Corte Suprema de Justicia luego de siete años de dilaciones, disputas por filtraciones en prensa y hasta un “choque de trenes” entre la misma alta corte y la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia, ya presentó su ponencia de fallo.
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En manos de la magistrada Blanca Nélida Barreto, colega de Caldas en la Sala de Primera Instancia, están los argumentos que podrían condenar o absolver a Luis Alfredo Ramos, quien enfrenta el proceso en libertad tras cumplir con medida de aseguramiento durante el periodo 2013-2016. Los documentos que sustentan la esperada decisión contra el exgobernador de Antioquia, que en su momento fue considerado como candidato presidencial del uribismo para 2018, llegaron a Barreto el pasado 16 de diciembre y de su estudio depende el desenlace judicial de uno de los políticos con mayor trayectoria en el país.
De acuerdo con la hipótesis investigativa llevada ante la Corte Suprema, la cual inició el juicio de Ramos en julio de 2014, durante el tiempo que el político fue senador por el partido Conservador, en 2005, se habría reunido con paramilitares en la finca de Hugo Albeiro Quintero, más conocido como El Patrón de Bello, en el mismo departamento donde después sería electo gobernador. Tal encuentro, como se le ha acusado a Ramos, se habría dado para buscar alianzas ilegales y, además, contó con la participación de temidos jefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar, ambos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En tal reunión también habría estado el excongresista Óscar Suárez Mira, quien fue condenado por nexos con el paramilitarismo y enriquecimiento ilícito. Luis Alfredo Ramos confirmó que el encuentro sí se dio, sin embargo, dijo que diálogo se dio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso, y cuyo objetivo es, tras recibir luz verde, otorgarle penas alternativas a los paramilitares a cambio de que acepten su responsabilidad por los crímenes cometidos y, además, que cuenten la verdad de lo sucedido en medio del conflicto armado.
En el proceso, exparamilitares como Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, quienes indicaron que Ramos supuestamente sacó provecho político de la reunión y que, por otro lado, prometió beneficios adicionales para los mismos miembros de las AUC. El Tuso Sierra no solo aseguró que la reunión se dio en el marco de una relación que sobrepasaba lo diplomático, también indicó que en 1998 Luis Alfredo Ramos recibió $10 millones de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, dinero que provenía de actividades ilegales en la región.
En contexto: Arranca juicio contra Luis Alfredo Ramos.
Sin embargo, la Procuraduría ha indicado durante el desarrollo del dilatado proceso que Luis Alfredo Ramos es libre de todo lo que se le acusa y, en marzo de 2017, cuando la Corte Suprema iba a presentar su sentencia por primera vez, pidió el fallo absolutorio. El Ministerio Público consideró que la evidencia presentada durante el juicio, que terminó oficialmente meses después en 2017, no es suficiente para inferir la responsabilidad penal de Ramos por el delito de concierto para delinquir agravado. “No se pidió apoyo económico o electoral”, indicó la entonces procuradora Liliana Cardona.
Con todas las pruebas estudiadas, con los alegatos de conclusión escuchados y con el trámite a punto de desenredarse a falta del pronunciamiento final, en enero de 2018 el expediente pasó de la Sala Penal de la Corte Suprema a la Sala de Primera Instancia del alto tribunal con la puesta en marcha de la reforma que permite la doble instancia para aforados. El caso que entonces tenía una ponencia de fallo que buscaba condenar a Ramos tuvo que ser revisado, de ceros, por los nuevos magistrados.
Entre tanto, la defensa del exgobernador de Antioquia acudió a instancias judiciales luego de que Noticias Uno revelara detalles de la ponencia que en ese entonces había proyectado el magistrado Eyder Patiño, pidiendo nueve años de prisión para Ramos. En la Sala de Primera Instancia, el caso le correspondió al magistrado Ariel Augusto Torres quien presentó una ponencia, según ese mismo noticiero, que pedía una condena de 19 años. El caso estaba en estudio cuando Ramos pidió que Torres fuese apartado del proceso.
Antecedentes: Choque de trenes: Judicatura aparta a magistrado de la Corte Suprema del caso Ramos.
Aunque la Corte no accedió a esa petición, al estudiar una tutela, la hoy extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura -que le dio paso a la nueva Comisión de Disciplina Judicial- concedió las pretensiones de Ramos y separó al magistrado Torres del caso en una polémica decisión judicial de septiembre de 2020, que tuvo como ponente a la magistrada Julia Emma Garzón, quien llevaba 11 años en un cargo que, por ley, tienen un máximo de ocho años.
La Corte Suprema no se quedó de brazos cruzados y pidió a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre la decisión tomada por la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura. “Sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta (a Torres) por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo”, agregó. Recientemente la Corte Constitucional seleccionó la tutela para estudio, mientras tanto, la decisión que se tome entre Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto, a quienes le pasaron la pelota tras la salida de Torres, gozará de plena validez.