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Cada vez que sea requerido para una diligencia judicial, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, tendrá que presentarse en un consulado de Colombia en Estados Unidos, país al que regresó en diciembre de 2018. Este lunes 29 de julio, se esperaba que la Fiscalía sacara su artillería completa, que pidiera cárcel para Andrade mientras avanza la segunda investigación en su contra y que, por ende, lo obligara a regresar al país. Nada de eso ocurrió.
La Fiscalía se limitó a pedir la presencia de Andrade virtual para lo que venga del proceso en su contra y a exigirle que pague una fianza de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (unos $14 millones). No la tenía fácil el ente investigativo: el 25 de julio pasado, día en que se programó la nueva imputación de cargos contra Andrade -anunciada inicialmente para septiembre de 2018-, la Fiscalía terminó recibiendo tremendo regaño de la jueza del caso, quien señaló que su exposición de hechos era "confusa". Algo que, se supone, no debe ocurrir en una diligencia tan importante.
::“El gobierno de EE. UU. desconfía de lo que sucede en mi caso”: Andrade::
La razón por la que la Fiscalía abrió investigación formal contra Andrade es porque, asegura, el alto exfuncionario habría planeado junto con Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, el envío de unos dineros dados por Yuma Concesionaria para cubrir unos huecos en la campaña del 2014. A cambio de estos recursos (serían $900 millones), Andrade habría favorecido a la concesionaria desde la ANI haciendo las gestiones necesarias para hacer una adición al tramo 3 de la Ruta del Sol, del cual está a cargo desde 2010.
"Todo eso estaba debidamente planeado desde la ANI como desde la concesionaria para que este proyecto le fuera entregado a Consultores Unidos (del ingeniero Eduardo Zambrano), quien estaba recomendado por Roberto Prieto para que a su vez le entregara los dineros que Roberto requería supuestamente para cubrir un hueco en la campaña", señaló la fiscal del caso. La hipótesis de la Fiscalía es que Consultores Unidos expidió una factura falsa para justificar el dinero entregado a Prieto ($877 millones, que ya reintegró a la justicia).
A Prieto, un hombre de la élite bogotana, le imputaron cinco cargos, de los cuales terminó aceptando tres por medio de un preacuerdo: falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos. Fue condenado a 5 años de prisión en mayo de este año. Según el ente investigador, el tráfico de influencias lo ejerció precisamente ante Luis Fernando Andrade, quien ha negado tajantemente que Prieto haya cometido alguna ilegalidad con su anuencia.
"El condenado (Roberto Prieto) enía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos Presidente", explicó la Fiscalía cuando el preacuerdo con Prieto fue legalizado por un juez. La hipótesis en este caso, sin embargo, varió: no es que Prieto se pusiera a exigir dinero usando la campaña de Santos, sino que los dineros de Consultores Unidos llegaron a la campaña de Santos con la participación también de Luis Fernando Andrade.
¿Cómo participó Andrade en ese supuesto entramado del que habla la Fiscalía? En la imputación de cargos, la fiscal del caso se quedó corta a la hora de explicarlo. Por eso el llamado de atención de la jueza, quien aseguró que la exposición de hechos en la que se anunció la investigación formal contra Andrare era, cuando menos, “confusa”. Una opinión que compartió la defensa del exfuncionario, el penalista Jesús Albeiro Yepes, quien pidió que la Fiscalía precisara con mayor claridad las circunstancias que llevaron al ente a abrir otra investigación contra su defendido.
Luis Fernando Andrade ha dicho que los señalamientos de la Fiscalía en su contra son "un disparate". Él ya fue llamado a juicio porque, supuestamente, apoyó que la concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Episol -del Grupo Aval- y CSS Constructores) recibiera la adición del tramo Ocaña-Gamarra de forma directa y no bajo licitación pública. Andrade, por su parte, ha explicado que la adición a la Ruta del Sol 3, hecha en 2015, no implicó un gasto extra para el erario, pues se usaron recursos del mismo contrato inicial, y sobre la Ruta del Sol 2, ha sostenido el argumento opuesto al de la Fiscalía: que él fue la piedra en el zapato para Odebrecht y sus socios.