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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes que trasladó al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera de la cárcel La Modelo de Bogotá a la reclusión militar en el Batallón de Artillería, ubicado al norte de la capital. Este traslado se dio atendiendo solicitudes de seguridad efectuadas por su defensa y por la orden de un juez, en una remisión se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad por parte de los Grupos Especiales (GROPE). Moreno está condenado por el llamado cartel de la toga y es considerado testigo estrella en múltiples procesos judiciales.
El traslado de Moreno se había convertido en una “novela” dado que después que llegó al país deportado de Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2020, un juez de ejecución de penas ordenó su remisión al Centro de Estudios Superior de la Policía Nacional (Cespo) pero el entonces director de la Institución, general hoy en retiro Óscar Atehortúa, se negó a recibirlo indicando que ese era un centro educativo y no un penal.
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La decisión judicial decía que Moreno debía ser “trasladado y custodiado con todas las medidas de seguridad a Cespo”. Moreno pasaba sus días en la Cárcel La Modelo en cumplimiento de la pena de 58 meses y 15 días de prisión que en marzo de 2018 le dictó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión –cuando un servidor público aprovecha su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. Esto, por integrar el llamado cartel de la toga, una organización criminal que se dedicaba a direccionar procesos al interior del alto tribunal a cambio de millonarias cifras de dinero.
Moreno fue capturado siendo fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía con fines de extradición a los Estados Unidos tras aceptar que recibió un soborno de US$10.000 de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. En ese país fue condenado a 48 meses de prisión. Por este caso de corrupción judicial son investigados tres de sus expresidentes (Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte) y un exmagistrado (Gustavo Malo). En entrevista concedida a El Espectador publicada el pasado domingo, Moreno cuestionó que no lo trasladaran de inmediato a un centro de reclusión más seguro.
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“Aquí hay un acto de sevicia y unas decisiones arbitrarias que no solo ponen en riesgo mi vida, sino que además buscan que yo no salga a declarar en las diligencias que tengo. Me trasladaron a un patio de personas que han sido juzgadas por la justicia ordinaria. Yo, como exfuncionario, corro riesgos en este tipo de cárceles y de patios, porque por mi actividad como fiscal es normal que aquí haya personas que tengan animadversiones contra cualquier exfiscal. Y más en mi caso, donde soy testigo o, como dicen acá, un sapo”, dijo.
En la entrevista, además, Moreno aseguró que todavía “falta mucho” por saberse del cartel de la toga: “Esas personas todavía tienen muchos secretos; esos secretos han hecho que esos hilos de poder se muevan para que este tipo de decisiones en mi contra se tomaran. No me queda la menor duda. (...) Hay mucho más y por eso temo por mi vida y por eso le pido al procurador y al señor presidente, que se han comprometido a librar una lucha contra la corrupción, que hagan algo, porque no tiene sentido que las personas que decidimos arriesgar nuestras vidas y cooperar como testigos seamos tratados de esta forma. Esto es una tortura psicológica”.
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