Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar la posible responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio del exjefe del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990 abordo del avión HK1400 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, hace 29 años. El crimen fue declarado de lesa humanidad en 2010 y sigue en la impunidad.
“Llevamos esperando mucho tiempo para tener un mínimo de justicia en el caso de mi padre, uno de los magnicidios que cambió la historia del país en los años 90. No ha habido voluntad del Estado colombiano para aclarar la verdad de los hechos”, afirmó su hija, la representante a la Cámara, María José Pizarro. Como se recordará, el crimen de Pizarro ocurrió apenas días después de la firma del acuerdo de paz con el M-19.
(Le puede interesar: “Es una impunidad que parece casi definida desde las altas esferas”: María José Pizarro)
El sicario, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue asesinado en el mismo vuelo. Tras la declaratoria de lesa humanidad del crimen en 2010, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a la captura de Jaime Gómez Muñoz, un antiguo escolta de Pizarro, que disparó en contra del sicario. La hipótesis es que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue infiltrado por la mafia y los paramilitares y que el rol de Jaime Gómez, quien fue asignado como escolta una semana antes del asesinato del exlíder guerrillero, era no dejar cabos sueltos.
“Es la única persona, está detenido hace dos años y la defensa, a través de un montón de argucias, ha querido dilatar el proceso para que pueda quedar libre”, dijo a este diario María José Pizarro en abril pasado. A la fecha, el juicio no ha avanzado por parte de la justicia colombiana, entre otras razones, porque la defensa del procesado habría incurrido en interrupciones dilatorias.
(Le puede interesar: Las razones de la exhumación de Carlos Pizarro)
En un comunicado, María José Pizarro señaló que desde el asesinato de Carlos Pizarro "se han negado las garantías de justicia, verdad y reparación. Los familiares de Pizarro Leongómez esperan que la CIDH, como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, pueda establecer la responsabilidad del Estado colombiano frente a este caso".
Pizarro dejó las armas el 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo en el Cauca. Su crimen ocurrió un mes después del asesinato a tiros el también candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. Y el año anterior, el 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán.