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Desde el pasado miércoles 16 de enero no paran de conocerse nuevos detalles dentro de la investigación en contra de Carlos Mattos. Ese día, la exjueza Ligia del Carmen Hernández aceptó ante juzgado de Bogotá que sí recibió dinero por parte del empresario, luego de haber tomado una decisión que favoreció a su empresa. Dos días después, trascendió la noticia de que un juez de segunda instancia anulado la orden de captura contra el hoy investigado, quien se encuentra en España. Y ese mismo fin de semana, Daniel Coronell reveló en Semana apartes de las confesiones de la exjueza Hernández en la audiencia.
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Lo que contó la Fiscalía hace una semanas sobre las andanzas de la exjueza, antes de que aceptara ser culpable del delito de cohecho (soborno), corresponde a un relato clave para entender por qué el ente investigador está listo para imputarle otro cargo al empresario, quien ya tiene otra investigación a cuestas por haber sobornado a un juez y manipulado el sistema de repartos de procesos en los juzgados de Paloquemao. Durante un poco más de dos horas, el fiscal de caso, el delegado de la Procuraduría, la jueza del caso y la propia exjueza Hernández, en compañía de su abogado, escucharon las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de la exfuncionaria judicial.
Aunque desde el comienzo quedó claro que la exjueza ya había rendido un interrogatorio en donde expresó lo que sucedió a finales de 2015 y el primer semestre de 2016, el fiscal contó que en su poder hay tres declaraciones más que enredan tanto a Hernández como a Mattos en esta nueva investigación. Para iniciar su intervención, el funcionario explicó que los hallazgos se han logrado gracias a los procesos de colaboración a los que se han acogido varios capturados dentro del proceso que hoy se conoce como el caso Hyundai. En específico tres de ellos: Edwin Macías, Dagoberto Rodríguez y David Durán.
(Lea aquí de qué se trata el caso Hyundai)
Todos ellos fueron capturados entre mayo y junio del año pasado y los dos últimos ya aceptaron cargos. Según las pruebas en su contra, Edwin Macías Castañeda y Dagoberto Rodríguez Niño, exempleados del Juzgado Sexto Civil del Circuito, habrían recibido dinero por parte de Mattos para intervenir en la repartición de expedientes en los juzgados y asegurarse de que uno, que era clave para el empresario, llegara a parar al despacho del juez Reinaldo Huertas, quien también fue capturado. El intermediario de estos pagos habría sido el abogado David Durán, amigo de Mattos.
Castañeda, Rodríguez y Durán, ya capturados, empezaron a darle detalles a los investigadores. Uno de sus relatos abrió esta nueva veta en el caso contra el empresario pues, hasta el año pasado, solo se sabía de un pago irregular a un juez (Reinadlo Huertas). Los tres le contaron a la Fiscalía que sabían que Mattos le envió dinero a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que para la época de los hechos era Ligia Hernández, a raíz de un proceso paralelo al caso Hyundai y que Dagoberto Rodríguez había sido el encargado de llevarle los fajos de billete a la hoy exjueza.
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Según las pruebas en contra de la exjueza Hernández, el abogado David Durán llamó en varias ocasiones a Rodríguez para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza. Aunque la Fiscalía no fue clara con el monto, pues Rodríguez les contó que había sido por lo menos $200 millones pero todavía no hay evidencias para probarlo, Hernández aclaró durante la audiencia que recibió $100 millones. “Nada más”, agregó la investigada. Tanto Durán como Rodríguez coincidieron en que el pago se realizó después de que la exjueza fallara en favor de Mattos.
En otra ocasión relatada por Rodríguez, y que reveló la Fiscalía durante la audiencia en que la exjueza aceptó el cargo de soborno, el abogado se encargó de concretar una reunión con Mattos dentro de un carro y allí se habría pactado otro envío de dinero a Hernández. Con las tres declaraciones que coincidían con el mismo hecho, la Fiscalía procedió a verificar la información y realizó una inspección al archivo de la Judicatura. Tras esas pesquisas, el ente investigador estableció que, en efecto, para la época de los hechos narrados por los tres hombres, la exjueza Hernández tenía en su despacho una demanda presentada por la empresa de Mattos.
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Como ya se sabe, y lo ha señalado en varias ocasiones este diario, el fiscal Néstor Humberto Martínez fue asesor legal de Carlos Mattos cuando esta y otras peticiones llegaron a los juzgados en Colombia. En esta ocasión, la demanda que llegó al despacho de Hernández buscaba la orden de unas medidas cautelares que favorecieran al empresario, y llevaban la firma de Martínez. La Fiscalía pudo constatar que Hernández falló en su favor y, según las declaraciones en su poder, el pago a la exjueza se habría dado después de conocida la decisión a favor de Mattos.
Sin embargo, frente a este punto la Fiscalía todavía no tiene del todo claro los hechos. Durante la audiencia, el fiscal reveló que Dagoberto Rodríguez aseguró que, en una ocasión, Ligia Hernández le había devuelto el dinero a Mattos pues “era muy poco para lo que había hecho”. Según el delegado de la Procuraduría que participó en la audiencia, aquí podría existir otro delito pues, si ella exigió una suma más alta, la Fiscalía debería también imputarle el delito de concusión.El fiscal explicó que todavía no tiene en su poder las pruebas para aceptar la observación del Ministerio Público.
Una vez terminada las intervenciones de la Fiscalía, la Procuraduría y su defensa, Hernández confesó que sí recibió los pagos. “Fueron cuatro entregas y $100 millones. No más. Esto es una aceptación libre, voluntaria y he entendido lo que la Fiscalía me ha imputado”, expresó la exjueza durante la audiencia. Con esta confesión, el panorama para Mattos se oscurece todavía más. Aunque el pasado viernes fue suspendida su orden de captura, esta es la tercera confesión que hacen personas relacionadas a la investigación en su contra y que resultan claves para esclarecer sus andanzas en Colombia.
El próximo 12 de febrero el empresario está citado a la nueva audiencia en donde se le imputará el mismo cargo que la exjueza Hernández, teniendo en cuenta estas mismas pruebas.