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A las 4 de la tarde del 11 de junio de 1996, unos 20 paramilitares llegaron en varios carros al corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, Antioquia, fuertemente armados. Primero tocaron a la casa de César Zapata y mataron William de Jesús Villa García. Luego salieron en dos grupos. Uno fue a la finca El Pino a matar a Graciela Arboleda Rodríguez; los otros cegaron la vida de Héctor Hernán García. Y hacia las siete de la noche se llevaron a la fuerza a Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, cuyo cuerpo fue encontrado en carretera al día siguiente. La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de asumir este caso.
En concreto, el del mayor (r) de la Policía José Vicente Castro, quien fue condenado a 38 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia en febrero de 2017 por su participación en la masacre., caso que se encontraba en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le informó al alto tribunal que el 11 de diciembre de 2019 aceptó el sometimiento a esa justicia especial que hizo Castro, expresado en el acta 303607, y le otorgó el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada.
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La Corte Suprema señaló que ya no tiene competencia para seguir con el estudio contra el exuniformado y envió el expediente a la JEP: “En el presente caso, los hechos debatidos ocurrieron en razón del conflicto armado, pues las acciones criminales llevadas a cabo en el corregimiento La Granja, según la acusación y los fallos de instancia, las ejecutaron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, desarrollo fáctico para el que contaron con la cooperación de autoridades Militares y de Policía que estaban ubicadas en esa región”.
“(…) específicamente, con la omisión de la obligaciones legales y constitucionales de José Vicente Castro, para entonces comandante de la Subestación de Policía de Ituango, quien, según se afirma en las decisiones sustanciales de esta actuación, fue contactado por miembros de la agrupación ilegal para advertirle de la incursión armada ilegal y de esa forma garantizar que no fuera a impedirla o a enfrentarla”, agrega la decisión.
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La masacre de La Granja fue declarada como de lesa humanidad, junto con las masacres de El Aro (1997) y San Roque (1996) y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle por la Corte Suprema de Justicia el 31 de mayo de 2018. Esa decisión se tomó en el marco de una indagación que se adelanta en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con grupos paramilitares e implica que las investigaciones no van a prescribir.