El abuso sexual de una niña indígena 12 años a manos de siete soldados regulares del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, perpetrado el pasado 22 de junio en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), es un grave hecho que ha puesto al Ejército en la picota pública. Los uniformados involucrados van camino a ser condenados, pues el pasado 25 de junio, en la imputación de cargos, aceptaron su responsabilidad en lo ocurrido. Y el Ejército, tal parece, quiere hacer de este asunto un caso ejemplarizante. Por eso, hasta la fecha, ha expulsado de sus filas ya a nueve de sus integrantes, todos relacionados con este doloroso caso.
Primero fueron los siete soldados que participaron en el ataque sexual contra la niña que pertenece a la comunidad embera chamí que vive en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), el pasado 22 de junio. Tres días después de que hubiera ocurrido este grave hecho y un día después de que lo hubieran denunciado públicamente los líderes del resguardo de la víctima, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, anunció la salida de los siete hombres de la institución “por la causal ‘decisión del comandante'”, señaló públicamente.
Luego vino el llamado a calificar servicios para el teniente coronel Wilson Caicedo Benavides, comandante del Batallón San Mateo de Pereira. Ocurrió el pasado 1° de julio, justo un día luego de que trascendiera un segundo caso de violencia sexual cuya responsabilidad recaía, de nuevo, sobre militares: el de una adolescente nukak makú de 15 años que, en septiembre de 2019, denunció haber sido abusada en el batallón de San José del Guaviare por dos dos soldados. La diferencia de ese caso con este es que ni Fiscalía ni Ejército han mostrado la misma celeridad: hasta la fecha no hay nadie sancionado. (Desplome de 85 a 48 % en la opinión favorable de las Fuerzas Militares, según Gallup Poll)
El oficial llevaba poco menos de seis meses de haber llegado al batallón y, temiendo que algo así podría ocurrir, el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En la misiva, enviada el pasado 28 de junio, el mandatario regional le pidió a Trujillo que permitiera al teniente coronel Caicedo continuar en su cargo, pues a la fecha había ejercido cumpliendo “(con) los más altos valores democráticos y humanos”. Su súplica, sin embargo, de nada sirvió. Caicedo fue retirado del Ejército tras una carrera en él de más de 15 años.
El último llamado a calificar servicios vino, el pasado 1° de julio también, para el suboficial que justamente denunció la violación de la niña embera: el sargento Juan Carlos Díaz Díaz. Según la resolución de su retiro, la decisión se tomó el pasado 27 de junio, es decir, habían pasado cinco días desde que se cometió el abuso sexual. “El suboficial debe ser un modelo de ética, principios y valores”, dice el documento. “(Pero) los principios de lealtad, honestidad, transparencia, confianza, el honor militar y la buena prestación del servicio se han visto vulnerados por el por el sargento viceprimero” Díaz Díaz.
Que hubiera sido él quien denunció el violento hecho, señaló anoche el Ejército en un comunicado, era lo mínimo que podía hacer como agente del Estado: “El deber de denuncia está consagrado en nuestra Constitución Política, e impone el obrar conforme al principio de solidaridad y de colaboración con la administración de justicia, consistente en notificar a las autoridades cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento”. El reproche contra Díaz, aseguró la institución, es por “la falta de mando y control” sobre sus tropas. (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-relato-de-una-nukak-maku-de-15-anos-a-quien-habrian-violado-dos-soldados/)
De acuerdo con la resolución de su llamado al retiro, el sargento Díaz “no ejerció las funciones que su cargo requería”, pues los siete soldados regulares que hoy están detenidos en una guarnición militar por cuenta de este hecho “se encontraban bajo el direccionamiento, mando y control del suboficial”. En otras palabras, era su deber estar enterado de dónde estaban sus subalternos y de detenerlos antes de que algo tan espantoso, como la violación de una niña entre seis hombres, pasara. Según la resolución del comandante del Ejército, el sargento perdió la confianza para que le asignaran otras tareas en el futuro.
Díaz, además, está bajo investigación disciplinaria en la Procuraduría, al igual que los siete soldados que aceptaron ante un juez el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años hace una semana. No es el caso para el teniente coronel Wilson Caicedo, al menos no que se sepa. Desde el 24 de junio pasado, el Ministerio Público ejerció el poder preferente para asumir la investigación que había comenzado, un día antes, el batallón San Mateo, el cual está adscrito a la Octava División del Ejército. El pasado 26 de junio, la Procuraduría anunció que lo indagaba a él, al cabo primero Camilo Hernández y al cabo tercero Jaider Muñoz.
Este es un tema que va más allá de la traumática experiencia de la niña embera abusada por los soldados del batallón San Mateo, o del episodio similar que sufrió la adolescente nukak el año pasado. El comandante del Ejército reveló hace unos días que, desde 2016, 118 militares han estado involucrados en abusos sexuales, 45 han sido expulsados del Ejército y hay más de 100 denuncias similares. La agilidad con que se resolvió el caso de la niña embera, en contraste con la paquidermia del Estado para actuar en el caso de la nukak (que la opinión pública desconoció por casi 10 meses), muestra, sin embargo, que no todos estos casos se manejan con el mismo rasero.