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La Procuraduría General presentó formalmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una petición para que se fije un pacto de cumplimiento frente al contrato de la Ruta del Sol Tramo II otorgado en el 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) –ahora Agencia Nacional de Infraestructura- al consorcio Ruta del Sol II conformado por un grupo de empresas, entre ellas Odebrecht.
El representante del Ministerio Público, manifestó que las autoridades judiciales deben velar para reparar los daños causados por el pago de millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña a funcionarios públicos en Colombia para garantizar la entrega de millonarios contratos viales entre los años 2009 y 2014. Para esto los organismos del Estado deben toman varias medidas de fondo.
Igualmente señaló que las personas que actualmente enfrentan un proceso penal por estos hechos de corrupción deberán contribuir a la reparación de los daños causados por el actuar ilegal de la multinacional, entre los que se encuentran el exvicemnistro de Transporte, Gabriel García Morales y el excongresista liberal Otto Bula Bula.
“Reparar el daño reputacional, lo cual no solamente es simbólico sino ejemplarizante, por ello se requiere la restitución al patrimonio público de los 11 millones de dólares. Entidades encargadas Sociedad Concesionaria y/o firmas, los señores Gabriel Ignacio García, Otro Nicolás Bula, Luis Alberto Bueno Junior, Luis Antonio Marmeri, Luis Antonio Darrocha Suárez, y demás personas naturales declarantes responsables penalmente o en el marco de los respectivos incidentes de reparación de perjuicios en la vinculación al proceso penal”.
El procurador delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gómez Lee aseguró que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, suministros y subcontratistas de la citada obra vial. La entidad concesionara y las firmas representantes serían las encargadas de responder por estas obligaciones.
Estas acciones tienen como finalidad evitar posibles demandas en contra del Estado por parte de los trabajadores y subcontratistas ante los incumplimientos. Tras el escándalo de Odebrecht los contratos de obra fueron suspendidos y la mayoría de sus trabajadores se quedaron en el limbo.
Para esto, subrayó el procurador, es necesario “asegurar la continuidad del proyecto y la prestación del servicio público de transporte mediante un plan de acción para la ejecución del mismo. Este comprendería la definición de un programa de plan de acción con etapas y tiempos precisos que garantice la continuidad del servicio en la vía y que incluya la disponibilidad efectiva de recursos, la transferencia de recursos al Invías y el desarrollo de nuevos procesos licitatorios, restructuración de una nueva concesión”, explicó.
Los sobrecostos de la obra que se presenten serán reconocidos por la concesionaria y/o sus firmas “los cuales podrán deducirse de los siguientes conceptos, entre otros, el valor total del proyecto menos el valor de la liquidación del contrato y el costo porcentaje de la ejecución faltante”.
Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Vías (Invías) le manifestó al magistrado ponente que a finales del 2017 se va a citar a una licitación para la nueva Asociación Público Privada (APP) para así continuar con la ruta del Sol. Para esto ya se tienen 630 mil millones de pesos para las cinco concesiones.
Fracasó la audiencia
Debido a la inasistencia de los representantes del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales y el excongresista Otto Bula el magistrado ponente consideró que la audiencia fracasó pues este tipo de diligencias requieren de todos los intervinientes.