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“Es hora de obtener las respuestas que Colombia espera hace cuatro años”. Poco después de posesionarse como fiscal general, en una rueda de prensa en la que el tema central era Odebrecht, Francisco Barbosa hizo esta promesa a un país ansioso ante la realidad de que había muchas preguntas sin resolver en el mayor escándalo de corrupción del continente. Además, ante la Corte Suprema que lo eligió en febrero de 2020, Barbosa se había comprometido a combatir la corrupción. Han pasado doce meses y su promesa sigue en el aire. Por lo menos así lo evidenció esta semana el juez que lleva el juicio contra Luis Fernando Andrade.
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Aunque el juez solo llamó la atención sobre la inactividad en los casos que ha denunciado el exsenador Otto Bula, uno de los muchos que ha ofrecido su colaboración a la Fiscalía, también evidenció la falta de celeridad del ente investigador. “Da mucha preocupación por parte de la judicatura que de verdad estas líneas de investigación y estos testimonios no se tengan con el valor, el peso, la seriedad y celeridad para llegar al fondo de todas estas actuaciones que tienen que ver con este escándalo”, expresó el togado. Su inconformidad la hizo pública cuando Bula terminó su testimonio en el juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Durante su intervención en el juicio, Otto Bula reiteró que tiene mucha información sobre cómo fue que la multinacional desplegó el esquema de corrupción, quiénes participaron y las identidades de quienes recibieron sobornos o dineros ilícitos. En especial, reiteró que tiene información sobre cómo fue que Odebrecht entregó millonarias sumas a campañas políticas en 2014. Aunque nada de esto es nuevo, pues desde hace cuatro años se sabe que eso pudo ocurrir, lo que es cierto es que esas investigaciones penales no han avanzado. Pese a que Bula insiste en que tiene información al respecto, esas líneas de investigación siguen quietas.
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Además del exsenador, la Fiscalía tiene a otros personajes listos para hablar. Así quedó registrado en un principio de oportunidad que consolidó en enero del año pasado (un mes antes de la entrada de Barbosa a la entidad) con el empresario Eduardo Zambrano. A cambio de su testimonio, al menos cuatro investigaciones en su contra fueron paralizadas, pues se comprometió a contar lo que sabe sobre triangulación de dineros de sobornos y sus protagonistas. Y mencionó a tres con nombre propio: Luis Eduardo Gómez, Francesco Stopponi y Leonardo Castro. Pese a que esa negociación con Zambrano ya cumplió un año, la Fiscalía no ha tomado decisiones.
Desde el comienzo de su administración, el fiscal Barbosa aseguró que Odebrecht era una prioridad. Por eso, en marzo de 2020, una de sus primeras decisiones fue unificar las investigaciones relacionadas con este episodio. Se las quitó a los fiscales delegados ante los tribunales y las asignó a los delegados ante la Corte Suprema, los de más alto rango en la Fiscalía. La estrategia, que prometía resultados contundentes porque se trataba de los fiscales más curtidos y porque su coordinador es la mano derecha de Barbosa, Gabriel Jaimes Durán, no ha producido resultados. Después de ese anuncio en marzo pasado, no se advierten avances.
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En cambio, trascendió la noticia de que el fiscal Barbosa organizó una reunión con su homóloga en Perú para intercambiar experiencias. La idea ilusionó a quienes conocen la lentitud y poca estructuración del caso en la era de Néstor Humberto Martínez, pues, en contraste, en Perú la Fiscalía investigó a cuatro expresidentes (uno de ellos Alan García, quien se suicidó cuando las autoridades llegaron a su casa a cumplir con una orden judicial para registrarla, en abril de 2019). El objetivo de Barbosa, se dijo, era entender el paso a paso de la investigación peruana y tomarla como un ejemplo adecuado para llegar a las máximas cabezas del escándalo en Colombia.
Siete meses después de esa reunión, el caso sigue igual. Aunque en diciembre del año pasado se conoció la condena de tres empresarios que se prestaron para emitir facturas falsas y ocultar el dinero de sobornos (Gabriel Dumar, Javier Torres y Federico Gaviria), lo cierto es que ese capítulo de la investigación se desarrolló durante la administración de Martínez, pero los fiscales que participaron en ella fueron, precisamente, a los que Barbosa les quitó los expedientes. Los fiscales que quedaron con la tarea asignada, que Barbosa bautizó Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, recibieron hace un año 35 procesos andando y catorce líneas de investigación, incluyendo imputaciones que se quedaron sin hacer.
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Tres contra los empresarios Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y Javier Torres, a quienes la Fiscalía les anunció imputación de cargos a finales de 2019. Sin embargo, hasta la fecha no se hizo esa diligencia, ni principios de oportunidad ni preacuerdos, al menos no legalizados. Cuando sus nombres salieron a la luz pública, hace casi dos años, el país empezó a hablar de que, al fin, se iba a conocer la verdad de cómo Odebrecht financió, supuestamente, la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Se dijo que habían sido claves para ocultar los dineros de la multinacional llegados a la campaña reeleccionista del entonces presidente. Barbosa ha tenido un año entero para avanzar en sus procesos, pero nada ha sucedido.
Similares son los casos que dejó prácticamente listos Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc del caso Odebrecht, cuando la Corte Suprema de Justicia apartó al fiscal Martínez de varias de las investigaciones por el evidente conflicto de intereses, que reportó solo tiempo después de haber llegado a la Fiscalía. Espinosa, profesor de Barbosa durante sus años de pregrado en la Universidad Sergio Arboleda, tomó decisiones esenciales en los expedientes que recibió, entre ellas revivir la investigación contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, que Martínez había archivado. Durante los pocos meses que tuvo el encargo de ser fiscal ad hoc, Espinosa proyectó la imputación de cargos en contra de estas exfuncionarias. Del caso hoy poco se sabe.
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En su momento, el exfiscal ad hoc Espinosa expuso todo tipo de irregularidades en la investigación contra tres peces gordos de Odebrecht: Marcio Marangoni, Amilton Hideaki y Eder Ferracuti. Una vez más, en la era de Barbosa, estos expedientes siguen acumulando polvo. El Espectador envió preguntas a la Fiscalía apenas el juez del caso Andrade expresó sus dudas sobre este controversial caso, pero el organismo no había contestado al cierre de esta edición.
La Procuraduría sancionó hace una semana a Ferracuti y a otro personaje clave de la multinacional en Colombia: Eleuberto Martorelli. Incluso el Consejo Nacional Electoral muestra avances en su investigación y ha citado a varios protagonistas, entre ellos a Esteban Moreno. Mientras tanto, el país sigue esperando Colombia esperando conocer las verdades ocultas del caso Odebrecht.