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Mientras en España hay más de 30 personas detenidas o investigadas por el escándalo de la operación “Blas de Lezo”, a través de la cual se indagan posibles irregularidades y actos corruptos entre colombianos y españoles, cometidos a través de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (más conocida como la Triple A), en el país el caso no tiene imputados. Las autoridades nacionales van a toda marcha para que continúe la cooperación judicial con España, la cual consideran desde ya exitosa, para llegar a los primeros nombres de posibles implicados locales. Y mientras la Fiscalía avanza en lo que le corresponde, la Procuraduría hace lo propio para tratar también de ayudar a esclarecer este episodio, que en España sacude al país político.
Así las cosas, El Espectador habló con fuentes de la Procuraduría y conoció una nueva arista de esta investigación: Panamá. En España indagan si, por ejemplo, la empresa Canal de Isabel II (accionista principal de Inassa, a su vez accionista mayoritaria de la Triple A de Barranquilla) se hizo a contratos en Panamá para construir alcantarillados de manera anómala y pagando sobornos. Sin embargo, la relación de ese país centroamericano con el escándalo Lezo, en relación con Colombia, va por otro lado. El indicio serio que la Procuraduría persigue es si, a través de instituciones financieras panameñas, salió o se manejó dinero de Colombia con el propósito de pagar algunos sobornos.
El diario El Tiempo reveló a finales de mayo pasado que la Guardia Civil indaga si Patricia Rodríguez, hija de Edmundo Rodríguez, expresidente de Canal de Isabel II, se prestó para ocultar un apartamento de su padre ubicado en el edificio Alto Prado, norte de Barranquilla. Justamente, en la tarde de este miércoles y producto de las investigaciones adelantadas entre las dos naciones, la Fiscalía colombiana le incautó a Edmundo Rodríguez 262.000 euros en una caja fuerte situada en ese apartamento. Volviendo a lo que se sabe hasta ahora sobre el tema Panamá, se sospecha que directivos de Inassa o de Canal de Isabel II podrían haber recurrido a parientes para administrar irregularmente dineros de la Triple A de Barranquilla vía Panamá. “En general, lo que queremos saber es si la Triple A se volvió un instrumento para cometer diversos actos de corrupción”, aseguraron fuentes de la Procuraduría.
Un funcionario de la Procuraduría estuvo en Panamá buscando información al respecto, mientras que ya se expidió la autorización para otro viaje a España a recaudar evidencias. Además, tanto Fiscalía como Procuraduría indagan algo más importante: si acaso existen vínculos entre los contratistas -que muchas veces fueron elegidos por Findeter- seleccionados para hacer obras con la Triple A de Barranquilla y los accionistas de esa empresa, es decir, con Inassa o con Canal de Isabel II. Esta última es la compañía que maneja todo el sistema de aguas de la Comunidad de Madrid. Lo que las autoridades colombianas quieren saber es si del modelo Odebrecht, pagar sobornos a cambio de conseguir contratos con el Estado, Inassa fue pionera en el país.
Documentos oficiales de la Triple A de Barranquilla conocidos por este diario dejan ver todas las vueltas que ha dado esa sociedad, hoy en el ojo del huracán. Nació, la misma empresa lo reconoce, del “saco roto” en que se convirtieron las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla. Luego, cuando se firmó el Conpes que hablaba del plan de inversiones para mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado en la capital del Atlántico, en junio de 1991 el Concejo Municipal aprobó la creación de una sociedad de economía mixta para asumir esas responsabilidades. Desde su fundación estaba claro: “La participación accionaria del municipio en la A.A.A. no será en ningún caso superior al 89 % ni inferior al 85 %”.
Esa disposición demuestra que, por la naturaleza con que fue creada la Triple A de Barranquilla, la española Inassa nunca debió hacerse a la mayoría de sus acciones. En ese momento se consideraba que la participación accionaria del sector privado en la Triple A no podía ser mayor al 15 %. Pero la empresa tenía deudas y, sobre todo, una carga pensional grande por la cual responder. En 1996 se estimó necesaria la vinculación de un socio calificado, la Corporación Financiera del Valle fue contratada para buscarlo y así llegó Inassa, que en ese momento pertenecía a Aguas de Barcelona. Inassa entró como dueña del 43 % de las acciones, el sector privado mantenía su participación de 6,7 % y el Distrito de Barranquilla, la mayoría: el 50 %.
En ese momento, Inassa pagó más de $10.000 millones por las acciones. En 2001, Canal de Isabel II (de la Comunidad de Madrid) se volvió la principal accionista de Inassa y Aguas de Barcelona salió del mapa. Pero la Triple A arrojaba sus balances, seguía necesitando más recursos. E Inassa estaba dispuesta a invertir ahí. A las autoridades colombianas les llama la atención hoy la razón de ese interés de los españoles por vincularse con una empresa que tenía tantas deudas (su índice de endeudamiento superaba el 68 %) y generaba pocas ganancias. Para 2001, ya Inassa tenía el 60,4 % de las acciones de la Triple A. La sociedad estaba tan ahogada en débitos, que tuvo que volver a emitir más acciones para capitalizarse, y de nuevo Inassa salió al rescate y pagó más de $42.000 millones.
Desde 1998 hasta 2016, Inassa recuperó su inversión y ha obtenido $158.855 millones en dividendos. Lo que no se sabe es si alrededor de estas cifras españoles -principalmente del Partido Popular- y colombianos han manejado otras tras bambalinas, pagando sobornos y fomentando la corrupción. En España es tal el nivel de escándalo, que uno de los detenidos es Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, quien está en la mira de la Guardia Civil desde 2008 y que presuntamente viajó a Cartagena a repartir sobornos personalmente. Fue detenido el pasado 19 de abril y su arresto causó, a la vez, la renuncia de Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y ficha clave de ese partido. En el país ibérico el terremoto político ha sido mayúsculo. En Colombia son muchos los que están a la expectativa de saber cuándo empezará el sismo.