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Organizaciones sociales y de derechos humanos interpondrán una queja disciplinaria y solicitarán la suspensión inmediata de sus cargos del Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Oscar Gómez; el mayor General, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, comandante Encargado (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá y el teniente coronel Edgar Correa, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, como medida de prevención y protección a la comunidad.
Para las organizaciones y el senador Iván Cepeda, la suspensión inmediata de estos funcionarios debe darse toda vez que desde sus altos cargos no se han tomado acciones concretas, inmediatas y severas respecto a los abusos policiales, homicidios y detenciones arbitrarias que se han presentado en Bogotá en las noches de 9 y 10 de septiembre. De igual forma, plantean interrogantes sobre el papel de lo altos mandos de la Policía pues no se ha determinado si los uniformados actuaron bajo instrucción de los denunciados o si lo que pasó es que hay un control efectivo sobre la tropa y estos determinaron desobedecer los principios de su oficio.
“Tenemos el reporte de ocho defensores de derechos humanos, agredidos de manera física y verbal en el proceso de traslado, les quitaron los chalecos que los identifica como defensores de derechos humanos y la Policía no da cuenta del paradero de dichos chalecos. Nosotros registramos 35 personas heridas, pero tenemos conocimiento de que son aproximadamente 300. Las personas retenidas arbitrariamente son trasladadas, a veces, a diferentes estaciones de Policía hasta su liberación 36 horas después. También, reportamos falta de información a los defensores y a las familias que preguntaban por sus allegados en las estaciones de Policía”, indicó una vocera de Defender la Libertad, Asunto de Todos, en una rueda de prensa virtual que realizaron los denunciantes.
Agregó que muchos detenidos salieron de las estaciones de Policía golpeados y en estado de shock, alegrando vulneraciones por parte de los uniformados. Asimismo, denunció la presencia de civiles en que con bolillos y armas de fuego atacaron a otros ciudadanos en las movilizaciones y el caso de una menor de edad que aseguró haber sido violentada sexualmente y golpeada junto con dos compañeros por uniformados de la Policía, en los alrededores del barrio Villa Luz.
A su turno, Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, explicó que lala idea es presentar una queja disciplinaria al procurador contra los funcionarios principales mandos de la policía de Bogotá porque “vienen ocurriendo situaciones bastante graves que estos días se acrecentaron, pero ya se registraba un asenso de violaciones graves por parte de la Policía”. Además, dio cuenta de las irregularidades por parte de los uniformados como el uso de armamento letal y no letal de manera indiscriminada contra civiles, el ocultamiento de la identidad que los identifica y las detenciones arbitrarias, entre otras. “Se trata de faltas disciplinarias gravísimas porque son infracciones al Derecho Internacional Humanitario. han vulnerado la vida y la dignidad, han tenido tratos crueles e inhumanos y un uso desproporcionado de la fuerza”.
En ese mismo sentido, Franklin Castañeda, vocero del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuestionó que “hemos visto en videos el miso modus operandi. Policías ejerciendo los mismos comportamientos en diferentes puntos de la ciudad, al mismo tiempo: uso de armas, acuerdos con civiles, ataques a manifestantes y abusos contra la ciudadanía, aunque la alcaldesa les ordenó lo contrario. Entonces todos nos hacemos la pregunta ¿quién dio la orden? y la respuesta nos la tienen que dar el Gobierno. Por eso la Procuraduría y la Fiscalía deberían investigar si estamos ante la orden del un mando jerárquico o ante la existencia de un centro de poder diferente dentro de la institución”.
Los accionantes coinciden en que las conductas bajo las cuales deben ser investigados el Ministro y la cúpula policial constituyen faltas gravísimas que, a consideración de los denunciantes, deben ser sancionadas penalmente y disciplinariamente, según lo determine la Procuraduría. En ese sentido, las organizaciones solicitaron la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos de los funcionarios anteriormente mencionados.
“Solicitamos a la Procuraduría que se sirva de abrir investigación disciplinaria gravísima en contra de los funcionarios mencionados, ojalá de manera severa, inmediata y garantizando la vida de las victimas. Además creemos que es necesario decretar la suspensión inmediata del cargo de estos altos mandos porque su continuidad podría incidir en que estos hechos se repitan”, concluyó Castañeda.