Oro de minería ilegal, el nuevo frente de batalla para la Fiscalía

Según el ente investigador, la empresa CIJ Gutiérrez habría utilizado empresas fachada para lavar una astronómica suma: $2,4 billones. Por el momento hay 11 capturas.

Redacción Judicial
12 de abril de 2019 - 11:01 a. m.
La comercializadora habría logrado mover alrededor de $2,4 billones y acumular bienes por más de $187.000 millones.  / Archivo
La comercializadora habría logrado mover alrededor de $2,4 billones y acumular bienes por más de $187.000 millones. / Archivo
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La Fiscalía anunció que descubrió un cartel para el comercio de oro presuntamente extraído de manera ilegal. La comercializadora CIJ Gutiérrez, con sede en Medellín, habría “configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal”. Por este hecho ya hay 11 personas capturadas, entre ellos el representante legal, el contador y el revisor fiscal de la empresa, a quienes se les imputarán cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

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Luz Ángela Bahamón, directora especializada contra el lavado de activos, dijo que, tras revisar las operaciones de CIJ Gutiérrez entre 2006 y 2019 se encontraron una serie de irregularidades. “En primer lugar, que la comercializadora conformó un carrusel de proveedores alrededor de ella, sin capacidad económica o fachadas, empresas o personas con muchísimo dinero circulando, pero con bajos niveles de utilidad”, aseguró la alta funcionaria

A través de estas “empresas fachada”, la comercializadora habría logrado mover alrededor de $2,4 billones y acumular bienes avaluados en más de $187.000 millones. A pesar de las cuantiosas transacciones, según el ente investigador, lo proveedores que CIJ Gutiérrez hacía pasar por legales, “no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudados, y figuraban en liquidación o disolución”.

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Las maniobras que habrían usado estas personas serían principalmente cinco: la compra directa con personas inexistentes, sobre quienes ni los nombres figuran en las bases de datos del país; operaciones ficticias y sin justificación, con operadores que aseguraron no tener vínculo comercial alguno con la compañía; supuestos proveedores exclusivos, que “no existían ni tenían sede física”; proveedores con antecedentes judiciales por “estar involucrados en otros esquemas ilícitos de venta y compra de oro”,  y, por último, operaciones con proveedores sin capacidad económica para manejar operaciones de esa envergadura.

Ya la Fiscalía había advertido de esquemas similares en semanas anteriores. Al respecto Bahamón, dijo: “Lo que se ha evidenciado es el mismo modus operandi de las comercializadoras internacionales que han exportado ingentes volúmenes de oro a través de operaciones ficticias. Es el mismo esquema que se encontró en Solid Gold y en CI Metales, ahora lo estamos encontrando en CIJ Gutiérrez”.

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La funcionaria también señaló que los bienes propiedad de la comercializadora han sido intervenidos. “Es importante señalar que, de manera paralela al proceso penal, un fiscal de extinción de dominio ha tomado posesión de la comercializadora internacional, así como ha incautado algo más de 100 kilos de oro y algo más de 600 kilos de plata que están avaluados aproximadamente en $20.000 millones”, aseguró Bahamón.

El destino del oro exportado fue principalmente Estados Unidos y los dineros, como en los esquemas anteriores, al parecer habrían regresado a Colombia. La fiscal delegada no dio mayores detalles del tema. Tan solo aseguró que “se está rastreando a dónde llegaron los recursos, pero estima la Fiscalía que llegaron a organizaciones criminales”

La semana pasada, al referirse a la operación de CI Metales, el fiscal general había hecho un anuncio en el mismo sentido. Para Martínez Neira, la minería ilegal está reemplazando al narcotráfico como combustible del crimen organizado, porque sería más rentable. “Mientras un kilo de coca puesto en Nueva York vale 25 mil dólares, un kilo de oro en el mercado en Nueva York vale 42 mil dólares. Es decir, prácticamente el doble (...) los costos transaccionales de esta industria criminal son mucho más bajos porque hay menos regulación, menos control”.

Por Redacción Judicial

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