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En medio de la violencia paramilitar que la ‘Casa Castaño’ emprendió desde 1997 en el Urabá chocoano y antioqueño, algunas empresas palmeras tuvieron un rol que fundamental para el proyecto económico de la estructura ilegal que consistió tanto en el cultivo de palma de aceite africana como en la ganadería extensiva. Una de ellas, Urapalma S.A., de acuerdo con la justicia colombiana, sirvió a la organización paramilitar y facilitó con maniobras ilegales, la legalización de tierras ocupadas. Por estos hechos fue condenado a diez años de prisión el socio principaal de Urapalma Antonio Nel Zuñiga.
La Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la condena a Nel Zuñiga por los delitos de invasión de tierras de especial importancia ecológica, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado. Y, al estudiar el caso, dejó en claro que el contexto de la zona es fundamental a la hora de hablar de responsabilidades penales ya que es claro que la Casa Castaño, de esta forma, se apropió de territorios en toda la región, incluso territorios que pertenecían a las comunidades raizales asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó.
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“Esas empresas requerían mostrar una supuesta legalidad con el fin de hacerse a créditos y beneficios oficiales que, en últimas, irían a parar a manos de los paramilitares, quienes estuvieron detrás de la operación de las firmas palmicultoras”, dijo la Corte. El alto tribunal, respaldó el fallo que dictó el Tribunal Superior de Medellín en contra de Zuñiga el 30 de mayo de 2017, que señaló en su momento que la Operación Génesis, desarrollada por la Brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, fue la punta de lanza para desplazar a miles de campesinos del bajo Atrato chocoano.
“El vínculo de las empresas palmicultoras -principalmente Urapalma- con los intereses de las autodefensas es un hecho suficientemente decantado en el contexto macrocriminal acaecido desde finales de la década de los noventa en aquella región del Bajo Atrato chocoano, hecho por el que han sido condenados muchos otros palmicultores, como bien lo anotó el Tribunal”, señaló la Corte.
(En contexto: Urapalma vs. Curvaradó)
Por otro lado, se ratificó que en la zona hubo un daño ecológico como consecuencia de la agresividad del proyecto agroindustrial paramilitar, teniendo como base testimonios de varios peritos al respecto. Uno de ellos, citado por el alto tribunal, afirmó que se trataba “del crimen ecológico más horrible que he visto. Tumbaron toda una selva, secaron los ríos, no hay una mariposa, no hay pescados para comer, no hay nada, hicieron unos canales para recoger el agua”.