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Un tema crucial para la reparación de las víctimas que ha dejado el conflicto armado se debate en la Corte Constitucional: la posibilidad de ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, por ahora, va hasta junio de 2021. Una demanda presentada por el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que los fines de esa ley todavía no se han cumplido y que su finalización, implicaría la eliminación de toda una política pública que, además, está relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.
Por la importancia del tema, el alto tribunal citó a una audiencia pública el próximo 10 de octubre. La diligencia busca recopilar información y posiciones de expertos, de víctimas y del gobierno, sobre temas claves como la relación de la Ley de Víctimas con el cuerpo normativo del acuerdo de paz, como las reformas constitucionales que crearon el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (que contiene la Jurisdicción Especial para la Paz); y que establecieron que el Acuerdo se mantendrá intacto por tres periodos presidenciales completos.
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“Lo que el Estado no puede permitir, si se trata de respetar la Constitución, es que el simple paso del tiempo extinga el más importante instrumento de protección de derechos de las víctimas con que se cuenta en la actualidad, el cual se integra, como bien lo establece el Acto Legislativo 1 de 2017, a los otros mecanismos pactados en el Acuerdo Final de Paz, como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es por ello que la cláusula de temporalidad contenida en el artículo 208 de la ley 1448 de 2011 adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida”, dice la demanda.
El caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes Cuartas que decidió que la audiencia tenga tres ejes temáticos. Uno, sobre si, jurídicamente, el alto tribunal está facultado para ampliar la vigencia de una ley. Otro, sobre la relación entre la ley y las normas sobre la paz y uno más sobre el impacto que tendría para los derechos de las víctimas del conflicto que la ley finalice en 2021. En concreto, la Corte se pregunta: ¿Qué dimensiones del acuerdo final dependen de la vigencia de la Ley de Víctimas?
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Para discutir estos termas, la Corte citó al defensor del Pueblo, Carlos Negret; al procurador General, Fernando Carrillo; al Representante del Alto Comisionado de la ONU, Alberto Brunori; al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; a la presidenta de la JEP, Patricia Linares; al experto Rodrigo Uprimny; al excomisionado de Paz; Sergio Jaramillo; y al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez que, como se recordará, en su gobierno se opuso inicialmente al trámite de la ley alegando -para esa fecha-que no había conflicto.
La audiencia también versará sobre el estado actual de la ley, los avances y obstáculos, en relación con la ayuda humanitaria, la asistencia y atención a víctimas y el proceso de restitución de tierras. Y, en consecuencia, sobre posibles alternativas para la continuación de estos procesos en caso de la Ley de Víctimas pierda vigencia y el impacto que ello tendría sobre el estado de cosas inconstitucionales que declaró la misma Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado en el año 2004.
En estos asuntos participarán el alto consejero para la Estabilización, Emilio José Archila; el director para la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez; el director de la Unidad de Restitución; Andrés Castro; un representante de la Mesa Nacional de Víctimas; y la vocera del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Rocío Peña. De otro lado, la audiencia también girará sobre el balance, proyecciones y efectos fiscales de la ejecución de la ley, entre otros.