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La defensa de Luis Fernando Andrade pidió a la Corte Suprema de Justicia que se aparte al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y a la vicefiscal, María Paulina Riveros, del caso del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La petición fue hecha al considerar que el fiscal “entorpece el debido proceso y vicia las ejecutorias que tienen relación con los procesos”.
Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade, señaló que la razón principal de la recusación de Martínez y Rivero es que “mi cliente no tiene en ellos las garantías judiciales de imparcialidad, desinterés, mesura, serenidad y objetividad; con lo cual se afecta gravemente el debido proceso y el derecho de defensa”.
El argumento para tal afirmación es el hecho de que el fiscal general haya sido asesor del Grupo Aval para la adjudicación del contrato de la adición del tramo Ocaña – Gamarra. “El doctor Néstor Humberto Martínez, en la misma calidad de asesor y apoderado del consorcio Ruta del Sol SAS, tramitó ante el Ministerio de Comercio un ‘contrato de estabilidad jurídica’ para que (se) garantizara a la compañía inversionista ciertas condiciones normativas y tributarias”, señala la petición enviada a la Sala Plena de la Corte.
(Lea aquí: “Fui una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade).
La defensa de Andrade también se refirió al hecho de que, en diciembre pasado, Martínez fue aceptado como testigo. Decisión aprobada por el juzgado 25 de conocimiento de Bogotá y que también aceptó como testigos en el juicio al expresidente Juan Manuel Santos, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y a los exministros Mauricio Cárdenas Santamaría, María Lorena Gutiérrez, Natalia Abello, Germán Cardona, entre otros.
“El mismo Néstor Humberto Martínez Neira ha sido admitido como testigo de la defensa del doctor Andrade Moreno en el proceso radicado en el Juzgado 25 Penal de Circuito de Conocimiento. Será convocado al juicio para discernir respecto de sus labores personales y profesionales al servicio del Consorcio cuestionado, es decir que ahora es testigo, acusador y parte”, criticó el abogado del exdirector de la ANI.
Yepes, en el recurso, también recordó que en noviembre, ante el Congreso, el fiscal general habló de una supuesta conspiración en su contra, en la que, según él, estuvo involucrado el exdirector de la ANI. En esa ocasión, Martínez dijo que Andrade, junto con Luis Alberto Moreno (director del BID y primo de Andrade) y la periodista María Jimena Duzán, planeó una "trama de terror libreteada" contra el fiscal.
Al respecto, el abogado señaló que Martínez marcó "lejanía con los propios (modales) de un funcionario judicial, cuyo estándar de ética y estética se aprecian con la serenidad, mesura y templanza (...) atribuidos a la imparcialidad".
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En cuanto a la vicefiscal María Paulina Riveros, Jesús Albeiro Yepes señaló que “fue nombrada por el fiscal general en consideración a su cercanía personal, según advierte en su impedimento, y la convicción de tener en ella a una persona fiel, leal y comprometida con su misión personal. Es decir, con ella, luego de la seria descalificación de su amigo y jefe, no podemos encontrar garantía de imparcialidad y objetividad”.
El apoderado de Luis Fernando Andrade, entonces, requirió a la Corte Suprema de Justicia que tanto Martínez como Riveros sean apartados de “de la dirección y conocimiento” de este proceso. También, le pidió a la sala plena del alto tribunal que le solicite al presidente de la República, Iván Duque, una terna para el nombramiento de un fiscal Ad Hoc para este caso.