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El fiscal electo, Francisco Barbosa, ha aprovechado los últimos días para reunirse con varios de los entes con los que tendrá sí o sí relación durante su administración, uno de ellos es la JEP. En la mañana de este lunes, el sucesor de Néstor Humberto Martínez se reunió con Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y el resto de los magistrados de la sala plena.
Tras el encuentro con los máximos representantes de la justicia transicional, el fiscal electo y la presidenta de la JEP dieron una breve rueda de prensa en la que hablaron de la jornada y de algunos temas comunes de ambos entes de justicia. “Trabajar de forma armónica con la Jurisdicción Especial de Paz”, fue el compromiso del fiscal Barbosa, que agregó: “Seguiremos con este trabajo armónico, colaborativo y de diálogo”.
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“Tenemos la necesidad de que la Fiscalía siga avanzando en las investigaciones hasta que la JEP los atraiga”, señaló la presidente del tribunal transicional, haciendo referencia a que la Fiscalía debía seguir con sus pesquisas, sin importar si ese tema estaba en la esfera de la justicia especial, ya que estas tenían que continuar hasta el momento que el proceso fuera remitido a la JEP.
Ambas cabezas se manifestaron frente a la admisión de Musa Besaile y Álvaro Ashton en el tribunal transicional, donde fueron aceptados las investigaciones en su contra por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el cartel de la toga, caso que ha generado controversia entre ambas partes. “Hay un conflicto de competencias y hay una apelación”, fue la postura de Barbosa frente a la admisión de ambos senadores. Una posición similar tuvo la presidente Patricia Linares, que recordó que la última palabra en este tema lo tiene la Corte Constitucional.
El guiño de Francisco Barbosa a la JEP en la mañana de este lunes contrastó con las cambiantes posiciones que ha tenido el ahora fiscal general frente a este sistema de justicia transicional. En un principio, Barbosa fue uno de los principales defensores del tribunal de paz, e incluso publicó un libro (¿Justicia transicional o impunidad?) en el que salió en defensa del tribunal.
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Sin embargo, ya como parte del gobierno de Iván Duque, Barbosa tuvo unas posiciones no tan a favor de la JEP, sobre todo cuando el presidente presentó las objeciones al tribunal transicional. El fiscal Barbosa señaló que la JEP ponía en riesgo la extradición tal cual se conocía.
“Difícilmente uno encuentra en Colombia alguien que esté en contra del mecanismo de extradición. No se puede por vía de la JEP generar una talanquera para que desaparezca esa institución jurídica, que ha generado una cooperación judicial internacional tan importante para Colombia”, declaró el año pasado Barbosa, cuando todavía ostentaba el cargo de consejero para los Derechos Humanos.
En medio de su acercamiento al tribunal de Justicia Especial para la Paz, llamó la atención un pronunciamiento de Francisco Barbosa que puso sobre la mesa el tema de un posible fin de la ley de Justicia y Paz, anterior sistema de justicia transicional que sirvió para que el paramilitarismo se desmovilizara y fuera procesado judicialmente desde el 2005, año en el que la presidencia de Álvaro Uribe negoció con estos grupos paramilitares.
“Ha llegado un tema de tiempo donde la Ley de Justicia y Paz debe cerrase. Se ha hecho una tarea muy importante en la Fiscalía, se va a evaluar una vez yo llegue en qué etapa está eso. Hay un proyecto ya para empezar a verificar cuál va a ser el tiempo de funcionamiento de esa justicia y paz y necesitamos fiscales y colaboradores para trasladar a la gente a las seccionales”, dijo Barbosa.
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La Ley de Justicia y Paz creó todo un modelo para el juzgamiento de paramilitares que negociaron su sometimiento con el gobierno. Uno de los principales objetivos de este sistema de justicia transicional fue la verdad y la reparación de las víctimas. Entre las cifras que ha dejado este sistema están 66 sentencias, 642 postulados condenados y poco más de 71.000 víctimas indemnizadas.
Sin embargo, hay otras estadísticas y datos que no son tan halagadores frente a este sistema. En 2017, a 12 años del inicio de Justicia y Paz, un informe de la Contraloría determinó que solo el 6% de las indemnizaciones ordenadas han sido pagadas con los recursos dados por los postulados, el resto ha sido asumido con el presupuesto de la Nación.
Ya en 2019, el panorama no tuvo mayores cambios. Solo se habían emitido 51 sentencias, la cuales cerca de la mitad tenían vacíos conceptuales y no se precisan móviles de los crímenes o la identificación de los responsables. Además, la verdad para las víctimas no ha sido el centro de los juzgamientos, tal como se había planteado en un inicio.
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