Gildardo Rodríguez, en palabras de oficiales de la Dijín que lo investigaron hasta capturarlo en mayo de 2008, “fue siempre un guerrerista”. Él fue quien reunió y capacitó a los Machos, el ejército privado del capo Diego León Montoya (alias Don Diego) cuando éste entró en guerra con otro capo del cartel del norte del Valle, Wílber Varela (alias Jabón). En septiembre de 2009, Rodríguez fue embarcado en un avión de la DEA. Regresó en 2016 al país y enseguida fue capturado por homicidio, narcotráfico y concierto para delinquir.
Con esos antecedentes, fue más de uno el sorprendido al ver su nombre en una de las listas de presos que quieren acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), elaborada y entregada por las Farc. Según reveló el diario El Tiempo, el pasado 27 de abril Rodríguez, conocido en el mundo del narcotráfico como el Señor de la Camisa Roja —apodo que le puso el propio Jabón— solicitó el traslado a una zona veredal transitoria. Es decir, a uno de los espacios a donde hoy están llegando los guerrilleros de las Farc que consiguen la libertad condicional y se comprometen a someterse a la JEP.
El historial de Rodríguez que conocen las autoridades deja ver que en su juventud él fue cercano a la izquierda. Creció en El Castillo, Meta, hijo de miembros del Partido Comunista. Según él mismo relató, en su finca trabajaron Germán Briceño (quien luego sería alias Grannobles) y Jorge Briceño (quien luego sería el Mono Jojoy). Incluso llegó a militar en la Unión Patriótica. Pero cuando comenzó el exterminio de la izquierda asesinaron a su papá, a uno de sus hermanos, y en los años 90 llegó al Valle del Cauca. Quien lo recibió fue el gran jefe del cartel del norte del Valle: Orlando Henao Montoya, el temido Hombre del overol.
Y así fue como hizo su carrera: en el narcotráfico. Igual que otros hombres que, como él, han tratado de colarse en los procesos de paz y desmovilización más recientes. En cuanto al proceso con las Farc, Rodríguez es el segundo narco que trata de filtrarse este año como supuesto guerrillero, con el objetivo de recibir los beneficios de la JEP, como condenas no mayores a los 8 años de detención si hay cooperación con el sistema. El primero del que se supo fue Segundo Villota, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas en febrero de 2013 por traficar droga con las Farc y los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.
Este tipo de escándalos también pusieron en jaque el proceso entre las Auc y el gobierno Uribe. En las listas de desmovilizados resultaron en distintos momentos cuatro nombres que pusieron en aprietos la seriedad del proceso, pues todos estaban pedidos en extradición por narcotráfico de antemano. Ramiro Cuco Vanoy, quien se desmovilizó con el bloque Mineros en 2006, estaba pedido por una corte del Distrito Sur de Florida desde 1999. Esa misma corte y en ese mismo año solicitó a Francisco Zuluaga, alias Gordo Lindo, para quien Vicente Castaño creó todo un frente ficticio (el Héroes del Chocó) con el cual dejó las armas en 2005. En 2008 fueron extraditados y condenados a más de 20 años de prisión por narcotráfico.
Luego el turno fue para Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, más conocidos como los Mellizos. En 2004, la Corte del Distrito de Columbia presentó cargos contra ellos, señalando que desde principios de los 90 enviaban barcos con droga de Colombia a México. Ese mismo año, al tiempo que apareció en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por EE. UU., Miguel Ángel Mejía se presentó en Santafé de Ralito como el jefe del bloque Vencedores de Arauca, con el cual él y su hermano se desmovilizaron en 2005 y luego huyeron. Víctor Manuel Mejía murió en un operativo el 29 de abril de 2008; tres días después su hermano fue capturado y luego extraditado.
En este momento en que las Farc siguen armando las listas de los integrantes que postularán a la JEP, y que se calcula contendrán más de 12.000 nombres, el proceso de paz enfrenta el reto mayúsculo de que ni ningún narcotraficante ni cualquier otro tipo de delincuente que no haya hecho parte de la guerrilla se cuele en el proceso buscando ventajas, pues, finalmente, el Acuerdo Final es muy claro sobre quiénes podrán ser sus beneficiarios: personas que hayan participado en la guerra. De los filtros que activen el Gobierno Nacional y los organismos de seguridad depende la credibilidad de esta parte del proceso de paz.