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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó la decisión tomada en la noche del pasado jueves por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en el cual se determinó la suspensión del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos en el país.
El jefe del Ministerio Público calificó como una "decisión política" la suspensión del uso del herbicida, por lo que anunció desde ya que radicará una demanda contra el acto administrativo ante la respectiva jurisdicción argumetnando que la decisión fue "carente de la carga administrativa que exige la Corte Constitucional".
"El Gobierno Nacional debe decirle al país con honestidad el propósito de esa decisión política, que satisface una exigencia reiterada de las Farc y que ese grupo terrorista celebra", manifestó el jefe del órgano de control disciplinario, publicado después que por mayoría se tomará la decisión de suspender el uso del glifosato.
En la reunión celebrada en la noche del pasado jueves, el único voto en contra de la propuesta fue efectivamente el del Procurador General. Los otros seis miembros del Consejo avalaron la propuesta presentada por el Ministerio de Salud que consideró que se deben buscar métodos alternativos ya que dicho químico afecta la salud de las personas y el medio ambiente.
Para la Procuraduría, la cartera de Protección Social ocultó un informe realizado por el Instituto Nacional de Salud y la solicitud se basó en un documento que no cumple con los requisitos exigidos. "Tales documentos acreditan que no existen los presupuestos que la Corte Constitucional exige para aplicar el principio de precaución y suspender la asperción de cultivos ilícitos con glifosato".
Ordóñez Maldonado reiteró que esta determinación afecta la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Más coca es más dinero para las FARC, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo”.
Reseñando que se verá un aumento la producción de coca, “sumado a la eficacia de la interdicción área y marítima que realiza la fuerza pública, se traducirá en mayor importancia del consumo interno de estupefacientes para los narcotraficantes. El resultado será mayor consumo, en un país en que el consumo ya está en alarmante crecimiento especialmente en los jóvenes. Aumentará el microtráfico y con ello las bandas delincuenciales en las ciudades. El agravamiento del deterioro ya existente de la seguridad ciudadana se deberá a esa decisión”.
Finalmente considera que la adopción de esa posición no cuenta con un plan que garantice al menos la misma eficiencia en el combate a los cultivos ilícitos. “La consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos padecerán los gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y campos. La Procuraduría recuerda a los funcionarios encargados: la lucha contra los cultivos ilícitos, independientemente de los mecanismos que se empleen, es un deber legal, no una potestad política”.