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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de los representantes legales de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca y Hernán Alfonso Briceño, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud.
El Ministerio Público investiga si la EPS Medimás habría utilizado los recursos, que tenían como propósito la prestación de servicios de salud, para el pago de gastos administrativos, algunos de ellos, al parecer, sin un sustento legal.
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Dentro de las irregularidades por investigar se encuentran presuntas bonificaciones y honorarios por grandes sumas de dinero. La Procuraduría señaló que algunos ingresos, “habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados”, señaló la entidad de control.
En la investigación del Ministerio Publico también se encuentran los miembros de la junta directiva de Medimás: Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
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Para junio de 2018 el procurador general, Fernando Carrillo, señaló que "la EPS Medimás está enferma desde su nacimiento y es una bomba de tiempo para el nuevo gobierno". Con más de cinco millones de afiliados en sus manos, la situación de Medimás tiene profundas implicaciones para la salud pública del país. "La EPS tuvo gastos de administración superior al 10% cercanos a los 200 mil millones de pesos", señaló Carrillo en su momento.
Aunque tras la venta de Cafesalud el gobierno esperaba que sus compradores aglomerados en Medimás ordenaran la situación en un tiempo razonable, la verdad es que, según la Procuraduría y Contraloría, para junio de 2018 Medimás "no tenía 100% de cobertura” y la EPS no habia realizado la contratación necesaria para prestar los servicios requeridos y según el informe más reciente del Ministerio Publico y la Contraloría, la EPS presenta un patrimonio negativo de más de $170.000 millones.