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La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que, en defensa de la libertad de prensa, intervendrá en el proceso judicial que cursa en la Corte Suprema de Justicia, que recientemente divulgó una sentencia en la que pide a Publicaciones Semana revelar comunicaciones con sus fuentes. Tal fallo ha sido interpretado como un desmantelamiento de la protección al secreto profesional entre periodistas y sus fuentes.
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De acuerdo con el ente de control, el fallo de tutela que ordenó a Semana la entrega de una serie de documentos “pondría en riesgo el secreto profesional y la reserva de la fuente”.
El ente de control sostuvo que el proceso será liderado por su Delegada Auxiliar para Asuntos Constitucionales, que intervendrá en el trámite de segunda instancia que adelanta la Sala Laboral de la Corte, luego de que Publicaciones Semana impugnó la decisión judicial.
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Semana fue demandada en un proceso de responsabilidad contractual. En primera instancia, el juzgado 25 del Circuito de Bogotá la negó, pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá la admitió. La demandante, Leyla Rojas, exviceministra de Agua, asegura que el artículo titulado “Pecados de Eike”, publicado en la revista Dinero, la perjudicó.
El magistrado Eulin Abreo Triviño, que tiene a cargo el caso, pidió al medio presentar las pruebas con las que se hicieron las aseveraciones sobre ella, esto incluye el cruce de correos del periodista con sus fuentes. En ese sentido, la Procuraduría advierte:
“Por tratarse del mandato constitucional de la reserva de la fuente, protegido en el artículo 74 de la Carta Política y el ordenamiento legal, y de que esta protección al secreto profesional hace parte de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción; el Ministerio Público rendirá concepto en el proceso iniciado por Publicaciones Semana contra el fallo del magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, Eluin Guillermo Abreo Triviño”, explicó la Procuraduría.
Conocido el fallo, Semana acudió a la Corte Suprema de Justicia para interponer una tutela contra el togado, e invocó su derecho al secreto profesional y a la reserva de la fuente, protegidos por la Constitución, así como su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el 7 de diciembre y con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, el alto tribunal le negó la razón.
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El medio afirmó en su defensa que difundir las fuentes que sustentan el trabajo y las investigaciones periodísticas significa para, cualquier medio de comunicación, su posible expiración, “puesto que esto constituiría que en cualquier juicio se tengan que exponer nombre, correos, teléfonos y demás información que sustente una investigación periodística”.
Pese a estos argumentos, la Corte Suprema de Justicia apoyó al tribunal, aun cuando el medio dijo que podría exhibir los documentos, pero sin mostrar destinatarios, remitentes, ni datos que permitan establecer de dónde provino la información.
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“La actividad periodística, si bien ostenta de rango constitucional, no se absoluta, por cuando, tal profesión no implica, per sé, arrasar con derechos individuales versos la intimidad y el honor. Los periodistas no pueden ser censurados ni constreñidos, pero sí están sujetos al régimen de responsabilidad, en caso de faltar a la verdad o de una intromisión injustificada en la vida privada que cause perjuicios a terceros”, aseguró la sentencia de la Corte Suprema, que ratificó que los documentos son indispensables para conocer la autenticidad de las afirmaciones del artículo periodístico. “No es descabellada” la sentencia del tribunal, agregó la alta corte.