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Las denuncias del empresario Luis Enrique Guzmán Chams, contra la clase política de Barranquilla, han subido en intensidad durante los últimos meses. De acuerdo con una columna de la periodista María Jimena Duzán en Semana, del pasado 5 de octubre, altos funcionarios de la capital de Atlántico estarían involucrados en actos de corrupción y constreñimiento a la justicia, pues el mismo Guzmán Chams reveló haber pagado coimas para que, supuestamente, una ficha de la familia Char se hiciera a un millonario contrato. Ahora, la Procuraduría comenzó a recavar pruebas.
(En contexto: El escándalo de presuntos sobornos que enreda a los Char y a la procuradora electa)
El procurador general Fernando Carrillo ordenó la apertura de una indagación preliminar por las denuncias de Guzmán Chams, que involucran, entre otros, a la que será la procuradora próximamente: la exministra de Justicia y exmagistrada Margarita Cabello. La curtida exfuncionaria judicial ha negado cualquier vinculación con este supuesto esquema de sobornos que involucra a la primera plana del poder barranquillero. Y es que, según el relato del empresario, él mismo decidió denunciar todo este entramado cuando vio que no solo no le iban a pagar lo prometido, sino que su vida corría riesgo.
El Ministerio Público escuchará bajo gravedad de juramento a los empresarios Carlos Vengal Pérez, Luis Fernando Vásquez, David Name Terán y Alfonso Javier Camerano, salpicados por las denuncias de Guzmán Chams. Así mismo, la Alcaldía de Barranquilla deberá informar los nombres y las direcciones de quienes fueron asesores jurídicos, tesoreros y secretarios de hacienda durante el periodo 2016-2019 (segundo periodo de Álex Char).
El lío nació por el contrato para construir un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, al sur de Barranquilla. La obra empezó en 2015 y, tras 11 prorrogas en el contrato, aún no inicia a funcionar. Se esperaba que beneficiara con agua potable y abastecimiento permanente a 850.00 personas en el suroccidente de la capital del Atlántico y del área metropolitana. De acuerdo con la denuncia de Guzmán Chams, el empresario habría pagado, entre 2014 y 2017, alrededor de $3.000 millones para “separar” el contrato y le habrían asegurado que se los pagarían con intereses.
Quien le pidió esa suma, supuestamente, fue Carlos Vengal, reconocido contratista en Barranquilla; y el supuesto receptor de ese dinero fue Luis Fernando Vásquez, otro empresario que maneja la concesionaria de Toyota en la ciudad. Guzmán Chams asegura, “que fue citado a diferentes reuniones con los señores David Name Terán y Luis Fernando Vásquez quienes, utilizando su poder e influencia en la justicia y en la administración distrital, lo hostigaron y quisieron amedrentarlo con el propósito de forzarlo a retirar las demandas”, relata la Procuraduría en el documento con que abrió el proceso.
De acuerdo con la denuncia de Guzmán Chams en la Fiscalía y en la Procuraduría, el contratista David Name lo habría amenazado con escalar el caso ante la nueva procuradora Margarita Cabello , quien entonces era magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y que tiene que ver el empresario Name? Habría intercedido en nombre del también contratista Carlos Vengal, quien era el principal candidato a pagar las coimas, pero por falta de dinero le habría ofrecido el negocio a Guzmán Chams.
Sobre Luis Fernando Vásquez, Guzmán Chams asegura que lo citaron en su oficina y lo amenazaron de muerte por denunciar al contratista Carlos Vengal y al presunto entramado de corrupción del alcalde Álex Char. “Tres sujetos comenzaron a amenazarme bajo el liderazgo de Luis Fernando Vásquez (…) me instó a que retirara las demandas civiles y penales o de lo contrario de iba a matar, recordándome que yo tenía hijos pequeños por los que tenía que velar”, consignó el denunciante ante la Fiscalía.
Guzmán Chams dice también que, al parecer, Margarita Cabello sí habría actuado bajo las órdenes de David Name, a favor del contratista Vengal, pues demandas ejecutivas en dos juzgados de Barranquilla nunca fueron escuchadas por la justicia. "El abogado Alfonso Javier Camerano, apoderado de Carlos Vengal Pérez, presentó ante los Juzgados Sexto y Noveno Civil de Circuito, una serie de egresos falsos, duplicados y algunos registros en la contabilidad de la empresa Hidrotanque contenían las letras CVY, ‘como voy yo’”, denunció Guzmán Chams ante la Procuraduría.
Por su parte, el pasado 5 de octubre, el contratista Carlos Vengal aseguró en Caracol Radio que está libre de toda responsabilidad. “Yo no sé de qué coimas están hablando, si entregaron o no, eso no es de mi resorte, yo no he entregado coimas. No tengo ninguna información de lo que sucedió, a mí no me consta nada. El contrato se firmó en el 2014 y el señor Chams fue un aportante del contrato, aportó un dinero a finales de 2015, de manera que yo no entiendo como una coima se entrega con casi un año y medio de diferencia”, aseguró en entrevista radial.
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Al parecer, la Procuraduría quiere indagar a fondo las denuncias civiles y penales interpuestas por Guzmán Chams, pues se trata de acusaciones graves contra altos funcionarios de la región. Por tanto, ordenó “requerir al Juzgado 6 Civil de Circuito de Barranquilla para que expida certificación de las decisiones proferidas por el despacho, durante el tiempo que fungió como juez (encargada) la doctora Elva Escorcia, especificando el tipo de decisión y el número de radicado de cada proceso”, ordenó el Ministerio Público.
Por último, la Procuraduría anunció que visitará al ministerio de Vivienda (antes liderado por Elsa Noguera, hoy gobernadora del Atlántico), para que dé cuenta de la autorización y asignación de recursos para adicionar el contrato en cuestión, cuyo objetivo fue la creación de un hidrotanque que aún no funciona. Además, solicitó a la Fiscalía que envíe copia de los elementos materiales probatorios que Guzmán Chams aportó en el proceso penal contra Álex Char e importantes contratistas de la costa caribe.