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La Procuraduría abrió investigación contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero, y a otros dos funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño a una empresa distribuidora de la región.La investigación de la Procuraduría está relacionada con la aprobación del convenio que permitió la venta y distribución de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño. Según la Procuraduría, el contrato fue autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016 y, al parecer, la administración otorgó el contrato sin recibir otras propuestas, que es el conducto regular.
(Lea: Se aplaza imputación de cargos al gobernador de Nariño, Camilo Romero)
También están siendo investigados Mario Fernando Benavides, en su calidad de gobernador encargado de Nariño, pues se encontraba en el cargo cuando ocurrieron los hechos. De igual forma se investigará a Adriana Milena Amaya, subsecretaria de Rentas del departamento. Lo que se indaga es si la Gobernación de Nariño asignó el contrato sin verificar que la empresa contratada consignara la totalidad de las garantías para cubrir los $18.000 millones por los que debía responsabilizarse.
El 29 de noviembre de 2017, la Fiscalía imputó cargos a Camilo Romero por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto. Romero no aceptó cargos y reiteró su inocencia. El gobernador afirmó que detrás de este proceso existan interés políticos y económicos, pues afirmó que él hace parte de sectores distintos “a los del poder de siempre en Colombia”. La Fiscalía se abstuvo de pedir medida de aseguramiento.
(Lea: Gobernador de Nariño no aceptó cargos por irregularidades en comercialización de licor)