“No es de sorprender que la actual pandemia haya tenido un mayor impacto entre la población privada de la libertad que entre la población libre. La tasa de contagio entre la primera es significativamente mayor a aquella que se registra en la segunda”. Así concluye un diagnóstico sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en las cárceles, que de por sí ya estaban en crisis desde antes. Los documentos fueron elaborados por el Grupo de Prisiones y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, con la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia.
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En dos informes, el director del Grupo de Prisiones, Manuel Iturralde, junto a Juan Pablo Uribe y Nicolás Santamaría se dieron a la tarea de recomendar pasos a seguir para el laberinto sin salida en que parece haberse convertido la situación carcelaria en Colombia. Para hacerlo, en un primer documento analizaron la crisis estructural del sistema penitenciario y cómo ha entrado a jugar allí el nuevo coronavirus. Y, en una segunda publicación se centraron en lo que ha ocurrido en el último año con la emergencia sanitaria en las prisiones.
El resultado son una serie de recomendaciones de qué hacer en el corto, mediano y largo plazo para salir del entuerto que vienen siendo las cárceles hace años. Y es que, dice uno de los documentos, “a pesar de que el Estado colombiano ha tomado medidas para prevenir y mitigar la expansión de la pandemia en las prisiones, estas han sido ineficaces e insuficientes”. Sus propuestas las presentará Iturralde este 17 de marzo a las 4:00 p.m., en diálogo con Juanita Durán, codirectora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal y exdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía General.
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Una de las recomendaciones más urgentes que hacen el Grupo de Prisiones, el Cesed y Fescol es cambiar el enfoque de seguridad pública con el que se ha entendido el COVID-19 en las cárceles para entenderlo como un problema de salud pública. “No se trata de generar un falso dilema entre la garantía de la seguridad pública o de la salud pública, como si se tratase de prioridades excluyentes entre sí. Que se afirme que la pandemia de COVID-19 en las cárceles debe ser entendida y tratada ante todo como una emergencia de salud no quiere decir que se deba renunciar a la protección de la seguridad pública; es posible armonizar ambos criterios”, añaden los diagnósticos.
Así, al entenderlo como un problema de salud pública se podrá comenzar a seguir los lineamientos en los que epidemiólogos llevan insistiendo por más de un año: el distanciamiento social y el aislamiento de los contagiados. ¿Cómo hacer eso en cárceles hacinadas, como las colombianas? Ahí viene la primera recomendación a corto plazo: reducir de forma sustancial y sostenible la población carcelaria. Y también aclaran, por ejemplo, que la reducción en sobrepoblación de las prisiones durante 2020 no sería sostenible, ya que se debe, en buena medida, a una reducción en las capturas por el aislamiento social y a que el hacinamiento se trasladó a estaciones de Policía y URIs.
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A corto plazo también se pueden eliminar las trabas legales para que sea más fácil acceder a la libertad. Aunque el Gobierno expidió un decreto (el 546 de 2020) que fue presentado con esa intención, en la práctica sus resultados no son mayor cosa. “Según datos del Inpec, de 4.938 solicitudes que se habían enviado a octubre 26 de 2020, 1.880 (38%) fueron negadas por los jueces, 954 (19%) fueron concedidas y 2.104 (43%) estaban en trámite. El bajo porcentaje de solicitudes concedidas evidencia lo complejo y demorado del trámite establecido por el gobierno, lo que le resta eficacia a las medidas de excarcelación de emergencia”, añade el diagnóstico.
Y una tercera medida a corto plazo sería apoyar a las personas que salen de la cárcel, así como a las comunidades que les reciben. “Cuando las personas salen de prisión sus necesidades más apremiantes son encontrar un lugar donde vivir, el acceso a servicios de salud y atención psicosocial, y obtener un ingreso básico. Si estas necesidades son mínimamente satisfechas en el corto plazo, la probabilidad de que dichas personas reincidan se reduce significativamente”, añade el documento. Es decir, no funciona la excarcelación exclusivamente, ya que tiene que venir acompañada de programas de atención para las personas que recobren su libertad.
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