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Ad portas de concluir está el juicio que desde marzo de 2016 adelanta la Fiscalía General contra uno de los exjefes paramilitares del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se trata de Édgar Ignacio Fierro, alias de Don Antonio, mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, líder de esa estructura criminal que operó en la costa Caribe entre 1995 y 2006. Este excapitán del Ejército, dice el ente investigador, le mintió al señalar que la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette, fue la autora intelectual del asesinato del ganadero Fernando Cepeda Vargas, perpetrado en agosto de 2003 en la capital del Atlántico.
(En contexto: En libertad el excomandante paramilitar, alias 'Don Antonio')
Durante los tres primeros días de abril de 2020 estaba previsto que Don Antonio declarara en su proceso y de esta manera darle fin a la etapa de juicio. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las audiencias se suspendieron y por ahora no se han reprogramado. Desde septiembre de 2014, cuando el ente investigador le imputó cargos (falso testimonio, cohecho y fraude procesal), se ha configurado un panorama judicial muy distinto al que había en ese momento. Por ejemplo, justo tres días después de que se cancelara la audiencia de Don Antonio, fue condenado un miembro de la Fiscalía que hizo parte de la investigación por falso testimonio contra el exparamilitar.
En los juzgados de Paloquemao, donde también se lleva el proceso contra Don Antonio, fue condenada Martha Pinilla, exinvestigadora del CTI, a seis años y medio de prisión por beneficiar a Gette ante la justicia. Abelardo de la Espriella, entonces abogado de María Paulina Ceballos (esposa de Cepeda), denunció en septiembre de 2014 que hubo intereses oscuros para favorecer a Gette y que el proceso contra su defendida estaba siendo manipulado. Ceballos fue capturada en ese momento y señalada de ser autora intelectual de la muerte de su esposo.
La Fiscalía encontró que en 2013 Gette le dio $80 millones a la investigadora Pinilla, los cuales repartió con exparamilitares para que incriminaran a Ceballos en el asesinato de su pareja. Entre ellos, alias Sayayin, Cochebala y Chiqui, a quienes luego les imputaron cargos por falso testimonio. Aunque la Fiscalía tenía previsto en la acusación contra Don Antonio que Cochebala y Sayayin testificaran en su contra, al final desistió. Chiqui sí lo hizo, pero le costó un llamado de atención al ente investigador por parte del juez por presentar un testigo al que después le imputó cargos por mentir. Además, a la defensa de Don Antonio le admitieron como pruebas esas imputaciones y otra condena contra Pinilla de 2017 por el delito de soborno.
(Lea también: Condena a alias ‘Don Antonio’ por masacre)
En la investigación contra Don Antonio la exfuncionaria del CTI se encargó de realizar dos informes sobre el famoso computador del exparamilitar, el cual contenía miles de archivos con escalofriantes listados de homicidios (como el del profesor Alfredo Correa de Andreis), la estrecha relación entre los paramilitares con el Ejército y el DAS, chats que reflejaban disputas sobre concesiones privadas o acceso a rentas públicas, entre otras cuentas. Sin embargo, en este dispositivo, que fue pieza clave para que la Fiscalía y la Corte Suprema encarcelaran a una docena de congresistas, alcaldes y gobernadores, no se encontró ninguna prueba que diera cuenta del asesinato de Cepeda.
A este contexto se suma que, en mayo de 2018, la Corte Suprema dejó en firme la condena a seis años de prisión a la exrectora de la Autónoma por haberle ofrecido $250 millones al propio Don Antonio para que cambiara su versión sobre el crimen del ganadero Cepeda. Gette se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, de Barranquilla, por esta condena y por otra que recibió un año después. En esa oportunidad, un juzgado de esa ciudad la condenó a nueve años de prisión por apropiarse, en 2007, de US$1 millón que salió de las arcas de la universidad. Por ese caso, tendrá que pagar $620 millones. También la ciudadana argentina tiene otro juicio en proceso por el delito de abuso de confianza.
¿Qué dice la Fiscalía contra “Don Antonio”?
El ente investigador señaló que Don Antonio mintió al decir que el exparamilitar Johnnys Acosta, alias 28, fue enviado por él y Jorge 40 a una reunión para preparar el asesinato de Cepeda. Además, que esa era una supuesta orden de Gette, porque para ellos era importante que ella siguiera aportando dinero a las Auc. La Fiscalía dice que en ese momento, a mediados de 2003, alias 28 estaba preso en la cárcel El Bosque, de Barranquilla, y este, a su vez, indica que conoció a Don Antonio en 2005. Sin embargo, el exjefe paramilitar dijo que pagó un dinero para que Acosta saliera del penal y asistiera a esa reunión. La Fiscalía aseguró que ese pago no está en las rigurosas finanzas que llevaba en su computador.
La Fiscalía también señala que cuando se fraguó el crimen de Cepeda, Gette estaba “grave de salud” y que hay varios documentos y testimonios que lo acreditan. Por esa razón, dijo el ente investigador, no pudo asistir a esa reunión. Para dicha entidad también es contradictorio que alias 28 solo haya incriminado a Gette “con lujo de detalles” en su tercer testimonio. Además, agregó que no fue una reunión, sino dos en las que se preparó el asesinato y que “ahí había dinero de la vieja de la universidad”. En marzo de 2017, el ente investigador le precluyó a Gette la investigación y la apelación (hecha por la Procuraduría) sobre esta decisión se halla en una Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que está lista a pronunciarse sobre si llama a juicio a la exrectora o no.