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No hay excusa: los recién electos Congreso y presidente de la República tienen el deber de gestar una reforma integral a la justicia lo más pronto posible, que sea incluyente y bien pensada. No es nuevo el deseo de un cambio. La mejor transformación acaeció con la Constitución de 1991, la creación de la Corte Constitucional y la acción de tutela, que significaron el desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales. Pero, como en una colcha de retazos se han entretejido los recientes intentos de reforma judicial.
Con el Acto Legislativo 02 de 2015 se quiso suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, pero la Corte Constitucional consideró que hubo sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial previsto en la Constitución de 1991. Esa reforma a la Carta Política también creó la Comisión de Aforados, ante el desprestigio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero también fue declarada inexequible.
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Aunque se han hecho aportes interesantes como los anteriores y se debate sobre el procedimiento más expedito de reforma, vía referendo, o asamblea constituyente, e inclusive modificando el reglamento del Congreso, las reacciones institucionales van de la mano con hechos de crisis, que distan de un trabajo sereno, articulado con los órganos del Estado y la sociedad civil.
El actual gobierno, con el ministro de Justicia a la cabeza, luego de prolongados paros de la rama judicial y de que se conocieran serios actos de corrupción al interior de ella, promovió una propuesta de “justicia seria” que contempla cuatro pilares: la conformación de un nuevo órgano para la investigación y el juzgamiento de magistrados de las altas cortes; el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes; medidas efectivas de descongestión judicial y mejorar la formación de los abogados.
Se trata de una iniciativa que se puso en marcha en octubre de 2017, y prevé para este año hacer la evaluación de los mecanismos para implementar la reforma judicial. Es una propuesta poco discutida, adelantada con afán y justo en época electoral, que ofrece dudas sobre su oportunidad y efectividad, aunque no se puede negar que los temas son pertinentes.
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De lo anterior se puede concluir que la reforma a la justicia requiere una convocatoria amplia, incluyente, donde la representación de los empleados y jueces sea significativa, con participación de las facultades de derecho de las universidades, de los abogados litigantes, de las colegiaturas de juristas, de los auxiliares de la justicia, de las asociaciones que representen a los servidores de la judicatura y de colectivos o corporaciones que trabajen los temas judiciales.
Esta reforma no puede ser parcial o figurar como agregada de otras, y debe incorporar dos asuntos trascendentales: la lucha contra la corrupción y superar la congestión judicial. Lo que implica la definición de una metodología de trabajo que debe ser adoptada y conocida por los diferentes partícipes.
El mandato constitucional para la provisión de los empleos en la rama judicial es el concurso de méritos. Por tanto, la falta de listas que corresponde surtirlas al Consejo Superior de la Judicatura y la existencia de numerosas provisionalidades son contrarias al mandato del constituyente primario y es urgente que se evalúe la manera de conjurar las situaciones referidas o cambiar los procedimientos que las rigen.
Hay reparos en la escogencia de los magistrados de las Cortes. Si en esos procesos de elección interviene el presidente y el Congreso, se advierte politización en la justicia. Si se realiza por cada tribunal, los enfrentamientos de grupos y las prolongadas interinidades develarán prácticas clientelistas. Pero lo más preocupante es la condición personal, profesional y ética de elegidos y electores.
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Dado que hay conceso sobre la necesidad de juzgar a los altos dignatarios de la justicia que delincan o sean indignos de ostentar su investidura, el aporte entonces es seguir mejorando y agilizando los procedimientos e instrumentos para investigarlos y sancionarlos, ante órganos independientes y dentro de sus cortes, garantizando el debido proceso
La idea de quitarle facultades electorales a las cortes tiene aceptación. No obstante, es obligatoria una pregunta: ¿a quién se le va a otorgar esa función? Si esas facultades se entregan exclusivamente al Congreso y al ejecutivo robusteciendo su poder, la reforma es regresiva. Si en ese proceso se incluyen elementos de mérito y cualificación específica acorde con rol funcional del cargo, así como participación de las universidades u organizaciones de la sociedad civil, la reforma contribuye a mejorar la justicia.
La satisfacción del derecho y servicio de justicia debe estar a cargo de abogados y profesionales idóneos, calificados. Ese cabal proceso de formación jurídica y ética les corresponde a las universidades, siendo una de las grandes dificultades la proliferación de las facultades de derecho y programas de mala calidad donde se obtiene el grado de abogado en corto tiempo. Esto no es autonomía universitaria, es la degradación de la abogacía.
En el mismo sentido, la docencia universitaria en el derecho requiere el cumplimiento de mayores requisitos de formación académica y experiencia profesional, siendo imperiosa la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios. Estas reformas les corresponde hacerlas a las propias universidades, teniendo como fundamento los parámetros que en este sentido aporte la legislación.
El Congreso y el presidente recién electos deben abordar con toda claridad el déficit presupuestal de la rama judicial. No bastan las buenas intenciones para conjurar la crisis, se necesita dinero; muchos problemas tienen que ver con el escaso número de servidores de la justicia y el elevado caudal de procesos, siendo frágiles las medidas de descongestión que, en ocasiones, producen un efecto aún más lesivo. A lo anterior se suman las precarias instalaciones locativas, la vulneración a la salud y seguridad de los servidores judiciales.
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Algunos sectores señalan que la acción de tutela ha contribuido con la congestión judicial y debe reestructurarse. Asimilar la tutela con los procesos judiciales, destruye su original concepción, deteriora su eficacia. Los posibles cambios en la tutela hay que estudiarlas con rigor, no basta con crear reglas de reparto entre los atiborrados despachos, ya que el problema no es el uso desbordado de este recurso sino las permanentes vulneraciones o amenazas a los derechos fundamentales provenientes de autoridades y particulares que prestan servicios públicos.
Finalmente, la idea de crear una sola corte debe tener una sólida sustentación y ser tan útil y necesaria, que los problemas que padece la justicia colombiana se superen. Es imprescindible un debate nacional sobre el tema.
*Kenneth Burbano Villamarín es director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.