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En Colombia, a mediados de 2013, arrancó un duro debate que promovieron el Congreso, algunos medios y la ONG británica Oxfam: el acaparamiento de tierras en la altillanura. El país se empezó a preguntar cómo miles de hectáreas baldías, adjudicadas a campesinos, terminaron en manos de grandes empresas. Se descubrió que compañías, como la estadounidense Cargill, habían contratado a firmas de abogados colombianas, como Brigard & Urrutia, para crear sociedades de papel en el exterior o en Colombia, hacer una especie de triangulación y quedarse con las tierras de manera “disimulada”.
Un comunicado emitido ayer por la Contraloría demuestra que esa controversia aún no está saldada. El organismo indicó que, luego de valorar los informes de actuaciones especiales de 2013, 2014 y 2015, elaborados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario, se veía en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría 33 casos de posible acumulación indebida de unidades agrícolas familiares (UAF) en Córdoba, Meta, Vichada y Antioquia. Asimismo, a la Agencia Nacional de Tierras le solicitó que adelantara acciones para “anular las ventas de predios de origen baldío” cuando se comprueben las irregularidades.
El primer informe nació luego de las denuncias que habían hecho los congresistas del Polo Democrático Wilson Arias, Jorge Robledo e Iván Cepeda, sobre acaparamiento de tierras en lugares como Meta o Vichada. El comunicado de la Contraloría, que incluía el listado de los 33 casos enviados a las demás autoridades, resultó ser una bomba: abarcaba nombres cuya importancia en el panorama político o económico del país es irrefutable (véase infografía). La Contraloría señala que es necesario establecer si se violaron los topes de las UAF, cuya razón de ser es, justamente, evitar la concentración de la tierra en manos de unos pocos (aún más).
Varios de los nombres que menciona la Contraloría hoy figuran en ese reporte de 2013. Por ejemplo, Mónica Colombia, una filial del grupo empresarial brasileño Mónica Semillas, que produce y comercializa productos agrícolas y que se constituyó en 2008 en el país. Mónica Colombia se hizo a 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, “empleando diferentes personas naturales y jurídicas, cada una de las cuales, de forma separada, no excedió la extensión máxima de la UAF promedio definida para la zona en mención (1.840 hectáreas), predios en los cuales se adelantaría un proyecto agroindustrial”.
En 2013, la Contraloría advirtió también que el grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por intermedio de Corficolombiana, tenía seis empresas vinculadas al sector agroindustrial que aparecían como compradoras de tierras en Puerto López y Puerto Gaitán, Meta. En esta ocasión, la Contraloría señala que el grupo Sarmiento Angulo, por medio de la organización Pajonales, ha adquirido 22.834 hectáreas en Puerto López (el 18 % de las 123.482 hectáreas que están hoy con las alarmas encendidas por la Contraloría). Pajonales trabaja en agricultura (arroz, algodón y maíz), bioinsumos, ganadería, piscicultura y semillas de arroz.
Otra sociedad en la lista es Agropecuaria El Ubérrimo. En la política, es un nombre diciente: pertenece a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la Contraloría puso en duda 103 de las 1.500 hectáreas que posee. Según registros de Cámara de Comercio, la gerente es la ex primera dama, Lina Moreno de Uribe, y el gerente suplente es Santiago Uribe Vélez. “Las compras no constituyen acumulación ilegal, el Estado adjudicó estos predios antes de la Ley 160 de 1994”, replicó el expresidente Uribe. “Si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, lo haré, pero de manera ninguna renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo”, agrego el exmandatario.
De igual modo, figura en el listado Agrícola El Encanto, S. A., cuyo representante legal es Alfonso Mattos Barrero, un excongresista vinculado a Cambio Radical que reemplazó en el Senado a Micael Cotes Mejía. Considerado un cacique político en el Cesar, Mattos Barrero enfrentó una investigación por enriquecimiento ilícito a finales de los 90. Entonces renunció al Congreso y, de paso, a su fuero. Esto significó que lo dejara de investigar la Corte Suprema y pasó a hacer las indagaciones la Fiscalía. Luego fue absuelto. Su hermano, Carlos Mattos, fue el agente comercial de Hyundai en Colombia hasta que este año, en medio de un publicitado y millonario pleito, perdió la representación.
Con estos y 29 nombres más en su poder, está el turno para que la Fiscalía y la Procuraduría pongan el punto final sobre la polémica que ha generado el asunto del acaparamiento de tierras en la altillanura.
