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Un juez aceptó este martes el preacuerdo al que llegaron, el 8 de agosto de 2018, la Fiscalía y el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, Roberto Prieto. El ente investigador acordó que aceptara que cometió los delitos de falsedad en documento privado por un contrato con Interbolsa; falsedad en documento privado por otro acuerdo con Megaland; tráfico de influencia en particulares e interés indebido en la celebración de contratos, por cuenta del contrato de la construcción del tramo de Puente Plato, en la Ruta del Sol III. La audiencia de verificación del preacuerdo se realizó en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
Como beneficios, la Fiscalía le retiró a Prieto el delito de enriquecimiento ilícito en particular, que le fue imputado en calidad de autor, y falso testimonio. Además, pidió que Prieto sea trasladado de la cárcel La Modelo, donde permanece desde mayo de 2018 de manera preventiva, al Cantón Norte. Esto, por motivos de salud de Prieto y porque, según se dijo durante la audiencia, su seguridad, así como la de su familia, se han visto en riesgo, pues habría recibido llamadas extorsivas.
(Lea aquí: La Fiscalía y Roberto Prieto, investigado por Odebrecht, llegan a un preacuerdo).
El 30 de mayo, a las 11 de la mañana, será la audiencia en la que se confirmará la sentencia condenatoria contra Prieto, a 5 años de prisión y una multa de 60 salarios mínimos legales. El exdirector de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos solicitó un permiso para no asistir a la última diligencia en este caso, petición que fue aceptada por el juez.
Cuando ya la audiencia estaba próxima a terminar, la defensa de Prieto solicitó que se le permitiera cumplir la pena de 5 años en su casa. Ante esta petición, la Fiscalía argumentó ante el juez que no tuviera en cuenta esta petición, pues en el preacuerdo se definió que la pena sería pagada por Prieto en un centro de detención especial (el Cantón Norte).
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Aunque en un primer momento, Roberto Prieto se declaró inocente de los cargos que le imputaba la Fiscalía, en agosto del año pasado se supo que habían llegado a un preacuerdo. Prieto fue investigado por la Fiscalía por varios hechos, relacionados con su influencia, como gerente de la campaña presidencial del expresidente Santos, para conseguir una adición al contrato de Ruta del Sol 3 para la construcción del puente Plato (en Magdalena).
Según leyó el juez durante la aprobación del preacuerdo entre la defensa de Prieto y la Fiscalía, el modus operandi de Prieto consistía en “pedir dinero a empresas con la excusa detapar huecos en la campaña del expresidente (Juan Manuel) Santos”. De esta forma, entre otras cosas, “contactó a Eduardo Zambrano para pedirle ayuda, con el pretexto de tapar los huecos en la campaña”; por esto, la empresa Consultores Unidos S.A. (de Zambrano), habría quedado con el diseño para la construcción de Puente Plato.
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Uno de los delitos por el que fue condenado fue el de falsedad en documento privado, por un pago con Interbolsa. Sobre este, Prieto pidió un dinero para tapar huecos en la campaña presidencial; pago que se hizo en tres partes: el primero, el 25 de agosto de 2010 por $92 millones, el segundo fue el 30 de septiembre de 2010 por $92 millones y el último, el 15 de octubre de 2010, por $104 millones, más $40 millones de IVA. Estos pagos, hechos a través de la empresa Francisco Ortiz Producciones, no se justificaron ante el CNE.
Por falsedad en documento privado también fue condenado por un pago de $650 millones que recibió Prieto, a través de la empresa Megaland SAS, y que tampoco fue justificado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El dinero lo recibió tras ejercer presión a favor del consorcio Yuma Concesionaria, de la que hacía parte Consultores Unidos SA, para que quedara con el contrato en el que influenció Prieto en la Ruta del Sol 3.