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Roberto Prieto Uribe “habría obtenido el pago de seiscientos cincuenta millones de pesos ($650’000.000)” a cambio de favorecer a Yuma Concesionaria. La Fiscalía cree que Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, “habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III” y, por esa razón, anunció que le imputará cuatro cargos el próximo 26 de febrero en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá: tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
Hasta ahora todas las decisiones de la Fiscalía con respecto a los sobornos para conseguir proyectos habían sido en relación con la Ruta del Sol II, adjudicada en diciembre de 2009 a la constructora brasileña Odebrecht y sus socios Corficolombiana y CSS Constructores. Por esa adjudicación recibió US$6,5 millones el exviceministro Gabriel García Morales, quien para esa época estaba a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, tal como el propio exfuncionario admitió ante la justicia. Por la adición del tramo Ocaña-Gamarra, Odebrecht habría pagado US$4,6 millones en sobornos, aunque la Fiscalía calcula que las coimas de la constructora habrían alcanzado la cifra de $100.000 millones.
Con la imputación a Prieto se abre oficialmente una nueva línea de investigación: la de la Ruta del Sol III, adjudicada a Yuma Concesionaria en 2010 por un valor de $2 billones. Esa concesionaria está compuesta por cinco empresas: Impregilo SPA, Impregilo International Infrastructures N.V., Infracón S.A., Fondo de Capital Privado Ruta del Sol y Conalvías. “Para los fiscales investigadores, el señor Roberto Prieto Uribe, presuntamente, habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III”. Se refieren a la adición que aprobó la ANI para que se construyera un puente en Plato (Magdalena).
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Esa adición se realizó en julio de 2015, por un valor de más de $5.780 millones. La elaboración de los diseños y los estudios quedó a cargo de Consultores Unidos, empresa de Eduardo Zambrano que, como él mismo aceptó, terminó convirtiéndose en una especie de caja menor de Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios y políticos que, a costa de violar la ley, terminaron comulgando con los intereses de la multinacional. En el problema penal en que ahora está inmerso Prieto, Zambrano resultó siendo clave: declaró en la Fiscalía que Prieto había actuado como lobista para conseguir la adición de la Ruta del Sol III, y agregó que los pagos se habrían hecho a través de una empresa fantasma.
La Fiscalía asegura que la mencionada empresa fantasma sería Megaland S.A.S., “que emitió una factura para la viabilidad de ese pago por un concepto carente de sustento, según obran elementos materiales probatorios”. Esta compañía quedó registrada ante Cámara y Comercio en los sectores de “actividades de consultoría de gestión”, “actividades de administración empresarial” y “transporte de carga por carretera”. Su representante legal, Hernán Saldarriaga Giraldo, quien supuestamente facilitó los pagos ilícitos, fue llamado a interrogatorio para este 17 de enero a las 9 de la mañana. Andrés Giraldo, amigo íntimo de Prieto, deberá hacer lo mismo un día después.
En este punto, la Fiscalía encontró una coincidencia relevante: el representante legal de Megaland y el amigo de Prieto son parientes. Giraldo ya había resultado involucrado en el escándalo de Odebrecht junto con Prieto, pues el año pasado se supo que él se reunió con Otto Bula al menos una vez, cuando Bula estaba -él mismo lo admitió- haciendo gestiones para Odebrecht a cambio de gruesas sumas de dinero. Bula declaró que le había entregado US$1 millón a Giraldo con destino final a la campaña presidencial de 2014 de Juan Manuel Santos, que entonces gerenciaba Roberto Prieto. Tanto él como Giraldo han negado la versión de Otto Bula.
Aunque esta investigación que se abrirá contra Prieto no tiene que ver con el caso Odebrecht, su nombre también ha salido salpicado en ese escenario. Además del episodio entre Bula y Giraldo, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, declaró en interrogatorio que Prieto había mostrado un interés especial en la adición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II. Dicha adición significó unos $790.000 millones más para Odebrecht y sus socios. Con el anuncio de la imputación de cargos a Prieto, la Fiscalía deja saber una vez más que desconfía de la gestión de Andrade, pues cuando se aprobó la adición del puente de Plato para Ruta del Sol III, era él quien estaba a cargo de la ANI.
Andrade, incluso, fue llamado también a interrogatorio por este tema de Prieto. La diligencia se reprogramó del pasado 15 de diciembre al próximo 22 de enero. Con un dato adicional: Andrade también le dijo a la Fiscalía que, en una de las nueve reuniones que afirma haber sostenido con Prieto entre 2013 y 2016, éste lo buscó para abordar problemas de la firma italiana Impregilo en la concesión Ruta del Sol III. Es decir, del socio que posee la mayor cantidad de acciones de Yuma Concesionaria. A Andrade la Fiscalía le imputó cargos en septiembre pasado, porque cree que él cedió ante el lobby de Odebrecht. El exfuncionario niega esa tesis y el juez de su caso permitió que siguiera libre.
(Vea: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)
Leonardo Castro, representante de Yuma Concesionaria, ya rindió interrogatorio, y para lo mismo fue citado el representante de Impregilo SPA, Francesco Stopponi. Lo que queda claro de este torrente de anuncios es que 2018 se avizora como un año difícil para Roberto Prieto, pues, a la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría por conflicto de intereses —para establecer si gestionó recursos del BID en favor de la empresa de su familia, Marketmedios—, se suma ahora esta imputación de cargos que, en cuestión de meses, podría traducirse en un llamado a juicio contra un cercano amigo del presidente Juan Manuel Santos. Prieto, por su parte, insiste en que nunca ha cometido un delito.