El excongresista Iván Moreno Rojas. Los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Los primos y contratistas del Estado Miguel, Manuel y Guido Nule. Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca. Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano. Los concejales Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho. El exdirector de la Unidad de Malla Vial Iván Hernández Díaz. Héctor Zambrano, exsecretario de Salud del Distrito. El expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry. La lista de exfuncionarios o contratistas condenados por haberse corrompido para recibir “tajadas” del carrusel de la contratación en Bogotá se sigue expandiendo y un nuevo nombre acaba de agregarse. Nada más y nada menos que quien ejerció como alcalde de Bogotá cuando la ciudad fue saqueada: Samuel Moreno Rojas.
La condena en contra del exmandatario de la capital del país, que se produjo ayer en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, representa el último escalón en el camino de una muerte política más que anunciada. Samuel Moreno Rojas, el hijo de la “Capitana” María Eugenia Rojas, el nieto del general Gustavo Rojas Pinilla, puso así, junto con su hermano Iván Moreno –condenado a 14 años de prisión por la Corte Suprema–, punto final a una casta política desde siempre cuestionada. Samuel Moreno, abogado rosarista con máster en administración pública de la escuela John F. Kennedy de Harvard, fue encontrado responsable de haberse apropiado de $2.790 millones por cuenta de un contrato de $67.000 millones con el que la Secretaría de Salud obtuvo –o eso pretendía– el servicio de ambulancias para la ciudad durante su período como alcalde.
¿A cuántos años será condenado Samuel Moreno Rojas por este delito que, según el Juzgado Penal 14 de Conocimiento, se cometió con dolo (con plena consciencia del daño)? No se sabe aún, pero la Fiscalía ya anunció que, a su juicio, lo más justo es que la pena sea de 24 años de prisión. El juez del caso anunció también que por tratarse del alcalde, cuyo rol era precisamente defender las arcas de la ciudad, impondrá la pena más alta, que está entre los 17 y los 24 años de prisión. Este, además, no es el único enredo del exalcalde con la justicia. Tiene dos procesos más en curso: uno por el contrato de la Fase Tres de Transmilenio, que fue asignado a los primos Nule, y otro por los contratos de la Unidad de Malla Vial, que superaron los $197 mil millones.
Antes de llegar a la Alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno Rojas forjó una trayectoria de 15 años como congresista. Llegó al Congreso por primera vez en 1991, elegido por la unión entre la Anapo –Alianza Nacional Popular, partido fundado por su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla– y la Alianza Democrática M-19. La Anapo fue la colectividad que lo respaldó siempre para las elecciones, hasta que se unió al Polo Democrático Independiente. En 2005, éste se volvió el Polo Democrático Alternativo, tras unirse con Alternativa Democrática. El entonces alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, era su candidato; así como lo fue Samuel Moreno. En noviembre de 2010, quien sería el próximo alcalde de la ciudad, Gustavo Petro se retiró del partido argumentando que ya no se sentía representado allí, sobre todo después del paso de Samuel Moreno.
Fue tal el peso de los actos de Samuel Moreno que, en septiembre de 2011, el Polo Democrático se encontró en la más incómoda de las posiciones: aceptó la vergüenza del carrusel de la contratación y le ofreció disculpas a Bogotá. Para ese momento Moreno Rojas ya había sido detenido por el escándalo del carrusel del contratación y la colectividad a la que una vez perteneció le enviaba a la ciudad el siguiente mensaje: “El Polo asume la responsabilidad política que le corresponde. Les ofrece disculpas a los ciudadanos bogotanos que nos apoyaron con su voto para elegirlo como mandatario y se compromete a impedir que este tipo de hechos vuelvan a suceder jamás bajo la dirección de cualquier miembro de nuestro partido o de gobernante alguno”.
Más allá de esos gestos políticos, para algunos esperados y para otros sin sentido, los aprietos judiciales de Samuel Moreno Rojas siguen en pie. Han sido procesos lentos, especialmente porque, según la Fiscalía, Moreno Rojas y sus abogados han recurrido a maniobras dilatorias para intentar esquivar su destino. En septiembre del año pasado, por ejemplo, el mismo juez que acaba de condenar al excalcalde por el asunto de las ambulancias tuvo que ordenar que el defensor de Samuel Moreno Rojas fuera ubicado, pues no había aparecido para una audiencia. Incluso le pidió a Migración Colombia que le indicara si había salido del país. “(Es una) actuación bochornosa”, señaló el juez, quien de paso ordenó que ese abogado, Luis Fernando Becerra, fuera investigado disciplinariamente. Para el juez, las acciones del litigante podían ser consideradas fuera de las normas.
El futuro que le espera al exalcalde de Bogotá es el más difícil de todos. Tanto él como su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, han negado cualquier responsabilidad en el carrusel de la contratación que significó, en cristiano, uno de los peores saqueos que se hayan hecho contra las finanzas de la capital del país. La justicia, sin embargo, ha concluido lo contrario. En estas investigaciones han salido salpicadas varias entidades del Distrito, como la Personería, la Secretaría de Salud, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el IDU y la Unidad de Malla Vial. Contratistas y funcionarios públicos se ponían de acuerdo para amañar licitaciones y recibir de ellas una “tajada”, con el beneplácito del entonces alcalde. Bogotá quedó en manos de la corrupción y, aunque Samuel Moreno salió de circulación primero por una sanción de la Procuraduría –fue inhabilitado 18 años para cargos públicos–, los coletazos de tantos males aún se sienten en la ciudad.