La saña de la mafia contra El Espectador

El 25 de agosto de 1983, en momentos en que el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla emprendió sus denuncias en el Congreso contra los promotores del narcotráfico en Colombia, El Espectador aportó el as que necesitaba para que cesaran los ataques en su contra y se develara el pasado oscuro del representante Pablo Escobar Gaviria. Una publicación del 11 de junio de 1976 que demostró que sí tenía antecedentes como narcotraficante. Desde ese día, el capo de capos emprendió una guerra aparte contra el periódico que dejó un capítulo de horror que no se puede olvidar.

Después del asesinato de Lara en abril de 1984, el director de El Espectador, Guillermo Cano, arreció en su Libreta de Apuntes contra el ejército particular de Escobar y la impunidad con que obraba. Cuando la mafia asesinó en julio de 1985 al juez que investigaba el crimen, Tulio Manuel Castro, Guillermo Cano advirtió que el narcotráfico se había ensañado con el poder judicial. Tras el holocausto del Palacio de Justicia, preguntó si en esa toma había una causa común con Los Extraditables, interesados en la muerte de los juristas y la desaparición de los expedientes. También reclamó por el auge de los dineros calientes en la política.

El primer golpe directo sobrevino el 16 de agosto de 1986, cuando fue asesinado el corresponsal de El Espectador en Leticia (Amazonas), Roberto Camacho Prada. El periodista había denunciado en las páginas del diario la penetración del narcotráfico en la región, documentando ante la Procuraduría la omisión de las autoridades para frenarlo. Guillermo Cano denunció en concreto al narcotraficante Evaristo Porras Ardila como uno de los promotores del crimen y demandó de las autoridades investigar a fondo sus intenciones para encubrir y respaldar a los carteles de la droga.

En los siguientes cinco meses el narcotráfico se ensañó con algunos de sus enemigos principales. El 31 de julio asesinó al magistrado de la Corte Suprema Hernando Baquero Borda. El 17 de septiembre sufrió la misma suerte el subdirector del periódico Occidente de Cali, Raúl Echavarría Barrientos. El 30 de octubre la víctima fue el magistrado del Tribunal Superior de Medellín Gustavo Zuluaga Serna. El 17 de noviembre, los sicarios acabaron con la vida del comandante de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez. En cada caso El Espectador reclamó justicia.

En vez de ello, el 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico que dirigió durante 36 años, fue asesinado Guillermo Cano Isaza. El primer juez que asumió la investigación, Andrés Enrique Montañez, dos años después fue procesado y condenado por el delito de prevaricato, al permitir la libertad del capo Jorge Luis Ochoa Vásquez a través de un dudoso habeas corpus, cuando estaba a punto de ser extraditado. En adelante, el narcotráfico se concentró en la tarea de borrar toda posibilidad de la justicia para esclarecer la verdad en el magnicidio del director de El Espectador.

De manera rápida se estableció que Luis Eduardo Osorio Guisao y Álvaro García Saldarriaga participaron directamente en el asesinato. Ambos pertenecían a la banda de Los Priscos, al servicio de Escobar. El primero fue asesinado a tiros en San Jerónimo (Antioquia) el 8 de febrero de 1987. El segundo tuvo el mismo final el 25 de mayo en Palmira (Valle). Entre ambos crímenes, en clara muestra de persecución, incluso hasta a la memoria, el 11 de abril fue dinamitada en Medellín una escultura de Guillermo Cano Isaza levantada en el parque Simón Bolívar.

A finales de 1987, el jefe de investigación del periódico y uno de los principales reporteros de Guillermo Cano, el periodista Fabio Castillo, publicó el libro Los jinetes de la cocaína, una documentada investigación sobre los carteles de la droga. Tras su publicación fue amenazado y tuvo que salir al exilio. Solo regresó en 1994. El mismo camino tuvieron que asumir semanas después los nuevos directores del periódico, Juan Guillermo y Fernando Cano Busquets, quienes persistieron en las denuncias contra el narcotráfico y comenzaron a investigar por su propia cuenta el crimen de su padre.

Hacia marzo de 1998, gracias a los trabajos del periodista y abogado del diario, Héctor Giraldo Gálvez, fue capturado en Medellín Luis Carlos Molina Yepes, propietario de la cuenta de la cual se giraron los dineros para comprar la moto desde la que fue asesinado Guillermo Cano. Días después, sin mayores explicaciones, Molina se fugó del DAS. En agosto de ese año, la jueza Consuelo Sánchez Durán ordenó la captura de Pablo Escobar Gaviria y otros, y de inmediato comenzó a ser amenazada. Al poco tiempo abandonó el país y la investigación quedó al garete.

El 29 de marzo de 1989, cuando aportaba valiosa información para enderezar el rumbo de las pesquisas, fue asesinado en Bogotá el periodista y abogado Héctor Giraldo Gálvez. Cinco meses después, el turno correspondió al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia García, quien había confirmado la vinculación de Escobar y los suyos en el magnicidio de Guillermo Cano. A pesar de este nuevo traspié, no cedieron las amenazas, volvieron los exilios y el narcotráfico incendió una propiedad de la familia Cano en Islas del Rosario, en Cartagena.

En un año marcado por el narcoterrorismo de la mafia, El Espectador como blanco no podía ser la excepción. En la madrugada del 2 de septiembre de 1989, un camión cargado de dinamita fue detonado frente a las instalaciones del diario, causando serios destrozos. Al mes siguiente, el 10 de octubre, con diferencia de pocas horas, sicarios causaron la muerte de los gerentes, administrativo y de circulación, del periódico en Medellín, Marta Luz López y Miguel Soler. Semanas más tarde fue asesinado Hernando Tavera, quien atendía labores de distribución del diario en la capital antioqueña.

A finales de ese año, ante la persistencia de la mafia por impedir la circulación del periódico en Medellín, incluso quemando sus ediciones, El Espectador se vio forzado a cerrar su oficina. El corresponsal Carlos Mario Correa tuvo que arrendar un espacio privado para reportar casi clandestinamente lo que ocurría en la ciudad. Antes de caer el telón de 1989, el periodista Ignacio Gómez, del área de investigación del diario, también marchó al exilio tras ser amenazado luego de sus informes sobre los nexos de la mafia con los grupos de autodefensa del Magdalena Medio.

En 1990 asumió la Presidencia César Gaviria y puso en marcha una política de sometimiento a la justicia con rebaja de penas a los narcotraficantes. El Espectador la criticó, porque permitió a la mafia saldar sus cuentas a través de vagas confesiones. Entre ellas, la arremetida contra El Espectador, admitida sin detalles de cómplices ni autores. El expediente por el magnicidio de Guillermo Cano fue a dar al despacho de la jueza sin rostro Rocío Vélez Pérez, quien confirmó la responsabilidad de Pablo Escobar y sus secuaces, y fue asesinada en Medellín con sus tres escoltas el 18 de septiembre de 1992.

Hasta la muerte de Escobar en diciembre de 1993 no fue posible que la justicia castigara a la mafia por sus ataques a El Espectador. El proceso Guillermo Cano pasó por despachos de Bogotá y Medellín sin que nadie se atreviera a cerrarlo. Finalmente, por orden de la Corte Suprema, llegó al Juzgado 73 Penal del Circuito de Bogotá, que el 6 de octubre de 1995 condenó a seis sindicados. Uno fue absuelto porque era un homónimo del verdadero sicario. De los cinco restantes, ninguno estaba preso. El fallo fue apelado y el 30 de julio de 1996 fueron absueltos tres de los condenados. Dos más seguían evadidos.

El 18 de febrero de 1997 fue capturado en Bogotá Luis Carlos Molina Yepes, de cuya cuenta bancaria había salido el dinero para pagar la moto utilizada para el asesinato de Guillermo Cano. Desde marzo de 1988, cuando se fugó de la sede del DAS en Medellín, era fugitivo. Como además estaba condenado a 16 años de prisión, fue llevado a la cárcel. Sin opción a la reapertura del caso, solo purgó seis años de prisión. Por los demás ataques a El Espectador, resumidos en asesinatos, exilios, amenazas o atentados, incluidas las víctimas del poder judicial, no quedaron sentencias.

El 2 de julio de 2010, la Fiscalía admitió que el asesinato de Guillermo Cano hizo parte de una persecución sistemática contra el periódico y lo declaró crimen de lesa humanidad. Es decir, imprescriptible. Desde entonces lleva seis años tratando de recobrar lo que no hizo durante tres décadas. En 2007, este diario pudo acceder al expediente y ha aportado información útil para recobrar verdades. A ello se suman hallazgos divulgados en debates de control político en el Congreso. Sin embargo, un manto de impunidad sigue extendido sobre la época en que El Espectador defendió a Colombia a muerte.