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Dos veces sancionó el exprocurador Alejandro Ordóñez a la exsenadora Piedad Córdoba. Y ambas decisiones se quedaron sin piso. Aunque tomó varios años demostrar que las sanciones que había impartido fueron impuestas con base en evidencias anómalas, en su momento las decisiones del Ministerio Público daban por acabada la vida política de Córdoba, quien desde el comienzo de las acusaciones en su contra dijo que se trataba de un montaje y que ella no había cometido ninguna irregularidad. (Lea aquí más sobre la vida de Piedad Córdoba)
Los líos de Piedad Córdoba con la Procuraduría comenzaron en noviembre de 2008, cuando recibió la notificación de que la cartera de Ordóñez le había abierto una indagación preliminar por sus supuestos vínculos con grupos al margen de la ley cuando todavía era senadora. Según el auto con el que comenzó el proceso, tras la Operación Fénix en 2008 (en la que las Fuerzas Militares bombardearon el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc), se incautaron tres computadores en donde estaban guardados varios documentos en los que se demostraba, supuestamente, la relación de la entonces senadora con la guerrilla.
Según la Procuraduría, la relación de Córdoba no solamente era humanitaria, como en ese momento alegó ella. De acuerdo con la investigación que adelantó el Ministerio Público durante más de tres años, y el análisis de los computadores por parte de la Interpol, se estableció que Piedad Córdoba emitió consejos al grupo de las Farc para que no enviaran videos de personas secuestradas sino grabaciones de voz para mejorar su estrategia y lograr sus objetivos.
“La senadora Piedad Esneda Córdoba impulsó al grupo armado ilegal de las Farc con el fin de procurar sus logros y objetivos. Igualmente, las pruebas demostraron que la mencionada senadora de la República trabajó con otras personas –pertenecientes al grupo insurgente– en realización de obras. Para este despacho, entonces, no existe el menor asumo de duda que los comportamientos por haber instado a las Farc para que este grupo al margen de la ley fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos”, dice el documento de 140 páginas con el que el exprocurador Ordóñez destituyó a la senadora el 27 de septiembre de 2010.
Su conducta, aclaró el Ministerio Público, estuvo en contravía de los principios que rigen la función pública: "En efecto, haber mantenido vínculos con una organización ilegal al margen de la ley como las Farc, para promoverlos y colaborarles, produjo que principios como la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la lealtad, la imparcialidad y la neutralidad, entre otros, se vieran seria y considerablemente afectados por la conducta constitutiva de la senadora”.
Además de apartarla de su cargo como senadora, la Procuraduría inhabilitó a Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pasaron casi seis años para que el Consejo de Estado anulara la decisión de Ordóñez y dijera que las supuestas pruebas encontradas en los computadores de Raúl Reyes no eran legítimas, pues la cadena de custodia de los aparatos tecnológicos se había violado, argumento que ya había expuesto la Corte Suprema de Justicia en 2009. Fue así como a comienzos de agosto de este año, el Consejo tumbó la decisión del Ministerio Público y además ordenó a pagarle a la exsenadora los salarios que dejó de ganar por la decisión de Ordóñez –se calcula que serían más de mil millones de pesos–.
Aunque con la primera destitución e inhabilidad ya Piedad Córdoba del ruedo político, se vino una segunda decisión en su contra. En abril de 2011, la Procuraduría le abrió otra investigación porque, supuestamente, le había entregado $25 millones al candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico Ricardo Montenegro en 2010. En abril de 2012 estuvo listo el segundo fallo disciplinario en contra de la exsenadora.
Según el fallo, a la campaña de Ricardo Montenegro ingresaron dos donaciones a nombre de la exsenadora, uno por $20 millones y otro por $5 millones. La propia contadora del candidato aseguró que había sido Córdoba quien había enviado el dinero. Sin embargo, el Partido Liberal, el movimiento político al que pertenecían Córdoba y Montenegro, negó los pagos. En su defensa, Piedad Córdoba repitió lo que dos años atrás había dicho ante su primera sanción: que era víctima de una persecución política y que no sabía nada de esos pagos.
Al final, 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos fue el casitgo para la exsenadora. La Procuraduría consideró que se trataba de una falta gravísima, pues estaba participando en política de una manera indebida. En 2014, el Consejo de Estado admitió la demanda de Córdoba y la magistrada ponente, Sandra Lisset Ibarra, expuso en el proyecto de fallo que debía declararse nula la sanción de la Procuraduría, pues no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que había al momento de emitirla.
La mayoría de los magistrados de la Sección Segunda del alto tribunal votaron en favor del proyecto de Ibarra y hoy, tras seis años de inactividad política, Piedad Esneda Córdoba tiene vía libre para volver a pelearse un escaño en el Congreso de la República.