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Este domingo, en el municipio de San Alberto (Cesar), fue instalada por parte de la Procuraduría General de la Nación una mesa de trabajo para discutir con la comunidad la Ley de Restitución de Tierras, sancionada en 2010 para reparar a los afectados por el conflicto y hacerle frente al acceso y la distribución de la tierra.
El evento estuvo precedido por la controversia, luego de que el Gobierno –en cabeza de la Unidad de Restitución y el Ministerio de Agricultura– confirmara que no participaría de la discusión aduciendo –según dijo Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Desarrollo Rural– que durante un encuentro similar en Sabanas de San Ángel, Magdalena, hubo intervenciones “pasadas de tono”, como la del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, con implicaciones de seguridad no sólo para ellos sino para la comunidad. (Lea: 'Era evidente el libreto': Minagricultura sobre evento que convocó el procurador)
Otro hecho que caldeó los ánimos fueron las acusaciones del procurador, quien previo al evento denunció que el Ejército canceló el apoyo aéreo para su traslado de Bucaramanga a San Alberto, por lo que tuvo que desplazarse por tierra.
"Así pretendan crear todos los obstáculos, terrestres o aéreos, seguiré cumpliendo mis funciones". Dijo Ordóñez. Simultáneamente y a través de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional explicó que había dispuesto de un helicóptero para transportar al funcionario, pero la aeronave “se requirió con urgencia para atender una situación ocurrida en la vereda Galán, zona rural del municipio de Tibú en Norte de Santander”.
En desarrollo de la mesa de trabajo de este domingo, el jefe del Ministerio Público aseguró que la Ley de Restitución “quedó mal hecha” y manifestó que el objetivo de los encuentros es escuchar y discutir las quejas que tiene la comunidad sobre el proceso de restitución de tierras que se desarrolla en la región.
"Estamos escuchando a la población de San Alberto, que plantea preocupación e inquietudes en torno a la restitución (...) La Ley se hizo para despojar a despojadores, no a campesinos que de buena fe han trabajado la tierra (...) Reiterar ese desconocimiento de sus derechos es una auténtica violencia institucional”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
El procurador sostuvo que por las observaciones y críticas que ha hecho la Institución que lidera a la Ley de Restitución de Tierras “no pueden señalar a la Procuraduría de ser enemiga de la restitución” y se refirió también a las dificultades que enfrenta el proceso.
"Estigmatizan y señalan al procurador por cumplir con el deber, por cumplir con las obligaciones (...) (durante el proceso) encontramos invasores que fueron adjudicatarios, después vendieron las parcelas y hoy aparecen como reclamantes. El mismo Estado es consciente de todas estas falencias. La Ley quedó mal hecha. La obligación es corregir esos errores (...) uno no puede identificar a un reclamante como guerrillero, pero tampoco a un opositor de buena fe como paramilitar", manifestó el funcionario.
Esta misma semana, desde Sábanas de Ángel (Magdalena), el procurador manifestó la necesidad de modificar la Ley de Restitución de Tierras, argumentando que no cumplió los objetivos planteados en el momento. (Lea: Procurador General pide modificar Ley de Restitución de Tierras)
Pese a que se buscaba quitarle la tierra a los despojadores y a los delincuentes para reintegrarle la tierra a sus legítimos dueños, para el jefe del Ministerio Público el diseño de la Ley "no respondió o desconoció unas realidades", hecho que justifica su modificación”: "En muchos casos no se encuentran a los despojadores, se encuentran a terceros ocupantes de buena fe, entonces se termina haciendo una injusticia porque quedan dos víctimas enfrentadas que es al que se le despojó y al ocupante de buena fe", precisó.
Este evento sí contó con la participación de representantes del Gobierno y según el viceministro de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura fue invitado por el procurador para discutir la política que ejecuta la Unidad de Restitución de Tierras, creada en 2011 en el marco de la Ley de Víctimas (1448).
“Para hacer seguimiento a la política de restitución de tierras, aceptamos la invitación del señor procurador, en el marco de sus competencias”, dijo el viceministro. “Pero la forma como se llevó a cabo la reunión, a juicio del Gobierno, no fue la más adecuada ya que se realizaron una serie de intervenciones que no buscaban el propósito al que fuimos citados”.
El Espectador pudo conocer un video en el que el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, asegura que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”, en clara alusión al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
Eso, precisamente, fue lo que levantó ampolla en el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, entidades que no aceptaron la invitación de este domingo para participar en el evento de San Alberto, Cesar, a menos de que haya “las garantías” de que el episodio no se repitiera.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, enfatizó en que no van a permitir “que a los millones de víctimas que ha dejado el conflicto se les tilde de guerrilleras y menos en un evento donde están todas las instituciones del Estado”, al referirse al episodio en San Ángel, cuya ubicación el mismo Sabogal definió como en el corazón del despojo y el paramilitarismo.
El director de la Unidad de Restitución se refirió también al informe que en los últimos días reveló la Fundación Forjando Futuros, en la que se advierte la lentitud con que ha avanzado el proceso de restitución, que se inició con la Ley 1448 de 2011. (Lea: Solo el 3,4% de solicitudes de restitución de tierras han sido resueltas judicialmente)
“Lamento que se haga una manipulación grosera de las cifras. Hemos recibido 87.000 reclamaciones pero no se han resuelto 3.000 sino más de 20.000 casos, como está publicado. Unos los ha resuelto la Unidad porque no merecen ir a juez y los otros los ha resuelto un juez. Más del 95% de los casos que hemos llevado a los jueces los han despachado favorablemente a las víctimas”, dijo Sabogal.
Agregó que el proceso es complejo y que apenas están procesando 50% de las solicitudes que han llegado. Para él, la complejidad de la restitución se expresa en situaciones como que la “Corte Constitucional ordena devolver un predio y allá (en la zona) se busca no dejarse entregar”, como en el caso de San Ángel, dijo.