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El gobierno acaba de poner un palo en la rueda del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuyo plan es irse para Italia deportado desde Estados Unidos. Según confirmaron el Alto Comisionado para la Paz (Miguel Ceballos), la Policía y la Cancillería, contra Mancuso hay vigentes tres circulares rojas de Interpol. El gobierno Duque señaló que con base en solicitudes del Tribunal Superior de Barranquilla y del Tribunal Superior de Bogotá se pudieron hacer los trámites correspondientes ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual la integran 194 países. (“A él le aterra un posible regreso a Colombia”, abogado de Salvatore Mancuso)
Italia hace parte de ese listado de naciones, por lo que, si Mancuso llegara a pisar suelo italiano, sus autoridades deberían proceder a detenerlo y enviarlo a Colombia, pues eso es lo que implica una circular roja. Mancuso, por su parte, ha alegado que desea ser deportado a Italia porque en Colombia teme por su seguridad y la de su familia. De acuerdo con lo que manifestaron los delegados del gobierno Duque, Mancuso tiene por lo menos tres asuntos judiciales pendientes en el país, dos ante el Tribunal de Barranquilla y uno ante el de Bogotá, por delitos tan graves como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, toma de rehenes, secuestro y tortura.
El presidente Duque, cuyo gobierno radicó ayer una nueva solicitud de extradición de Mancuso, ha manifestado que él debe volver y ser remitido a una cárcel colombiana. El comisionado Ceballos, incluso, dijo que si era necesario recurrirían ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una idea inviable desde lo jurídico si se tiene en cuenta que ese tribunal procesa estados, no individuos. Más allá de esa discusión, lo que el mandatario ha reiterado es que no quiere que las cuentas pendientes de Mancuso con la justicia queden “en la impunidad”.
Mancuso se desmovilizó en diciembre de 2004. Él y otros 12 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, por cargos de narcotráfico, durante el gobierno Uribe (2002-2010), que alegó que todos ellos siguieron cometiendo delitos luego de su desmovilización. El exlíder paramilitar fue condenado en 2015 por la Corte del Distrito de Columbia a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico y, el pasado 27 de marzo, cumplió su condena por narcotráfico y pasó a estar bajo tutela del del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
La pandemia por el coronavirus retrasó múltiples decisiones administrativas en las cárceles estadounidenses, entre ellas, la deportación de Mancuso, quien permanece en el Centro de Detención Irwin County, en el estado de Georgia, desde donde insiste en su envío a Italia, país del que ostenta la nacionalidad. La organización Human Rights Watch instó el sábado pasado al Gobierno colombiano a asegurar la extradición del exjefe paramilitar, con el objetivo de evitar la impunidad en los casos que le sigue la justicia de su país. (El atropellado proceso para que Salvatore Mancuso regrese a Colombia)
“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas”, afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado, al tiempo que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y más de cien afectados por los delitos de Mancuso solicitaron al Gobierno colombiano que no permita su deportación de EE.UU. a Italia y que pida su extradición. “Hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición y los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes”, añadió Vivanco.