El espionaje ilegal desplegado por el DAS durante la década pasada abrió un debate político y jurídico de hondo calado. Mientras la Fiscalía avanzó en la investigación de esos hechos, con la colaboración de varios de sus protagonistas, el Congreso expidió en 2013 una ley estatutaria que puso límites a las labores de inteligencia y contrainteligencia. Más aún, distintos sectores políticos se han enfrentado públicamente para defender el extinto DAS o para pedir la judicialización de los máximos responsables, un escenario de confrontación que se reactivó tras la entrega a las autoridades de la exdirectora de la entidad María del Pilar Hurtado, que regresó al país el pasado 31 enero.
Sin embargo, además de esos actores, la prensa ha jugado un papel trascendental en el escándalo de las chuzadas, no sólo por la información que ha publicado, sino porque se ha convertido, de manera sostenida, en víctima de las actuaciones ilegales ejecutadas por los servicios secretos de inteligencia. En su informe de 2014, que será presentado hoy, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hace un recorrido por los 60 años de existencia de la policía secreta en Colombia y detalla sus impactos sobre el ejercicio periodístico.
El documento establece como punto de partida la década de los cincuenta, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla creó por decreto el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), cuyo surgimiento obedeció a los episodios de violencia generalizada que se vivían a lo largo y ancho del país por cuenta de la violencia bipartidista. Según la Flip, “no tardaron demasiado los medios de comunicación en denunciar los abusos que estaba cometiendo el SIC, pues empezaban a conocerse acciones que desbordaban su misión”. Desde entonces, y hasta los escandalosos episodios de las chuzadas del DAS y la fachada de inteligencia militar conocida como Andrómeda, los periodistas han estado bajo la lupa de los organismos de inteligencia. El Espectador revela los hallazgos más relevantes del informe elaborado por la Flip.
Los aciagos años 80
Durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), los derechos civiles y políticos fueron seriamente constreñidos con el argumento de mantener el orden público. En su informe, la Flip deja constancia de que en esos años “los servicios de inteligencia incluyeron entre sus objetivos a artistas, periodistas y todos aquellos que estuvieran comprometidos con unos ideales políticos y sociales considerados como peligrosos por el establecimiento”. El ataque más representativo contra el periodismo fue la persecución desatada contra Gabriel García Márquez, quien fue acusado de tener nexos con la guerrilla del M-19.
En una columna publicada en el periódico ‘El País’ de España, en abril de 1981, el escritor expresó: “La verdad es que las voces de que me iban a arrestar eran de dominio público en Bogotá desde hacía varios días. Pero lo que me convenció por fin de que no era un simple rumor de altiplano fue que el 24 de marzo, después de una cena en el palacio presidencial, un alto oficial del Ejército dijo: ‘El general Forero Delgadillo (comandante de las Fuerzas Militares) tendrá el gusto de ver a García Márquez en su oficina, pues tiene algunas preguntas que hacerle en relación con el M-19’”.
En 1985, la periodista Olga Behar se exilió en México luego de que el Ejército allanara su casa sin orden judicial. El entonces ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, la señalaba de militar en el M-19. Según la Flip, “otros periodistas críticos con el establecimiento, como Daniel Samper Pizano y Antonio Caballero, salieron exiliados del país fruto de la ‘guerra sucia’, que incluía seguimientos ilegales, espionaje o amenazas”.
Seguimientos y chuzadas en los 90
El 13 de agosto de 1999, el periodista y humorista Jaime Garzón fue asesinado. Las investigaciones judiciales apuntan a que el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo les suministró información de inteligencia a los paramilitares que cometieron el crimen. En otro episodio, el 28 de diciembre de ese año, una exdetective del DAS acudió a la Fiscalía y declaró que conocía de interceptaciones telefónicas que se efectuaban sin orden judicial. Según publicó El Espectador en abril de 2000, entre las personas espiadas ilegalmente se encontraban periodistas del noticiero ‘Hora Cero’, el excandidato presidencial Horacio Serpa, integrantes de la Dirección Nacional del Partido Liberal, magistrados de la Corte Constitucional y congresistas de oposición. Ya en septiembre de 1999, la Procuraduría había rendido un primer informe en el que revelaba que “en el DAS se estaba presentando interceptación ilegal de líneas telefónicas”.
Las órdenes para ’chuzar’ a periodistas y a contradictores del gobierno del presidente Andrés Pastrana se emitían en la Dirección de Contrainteligencia y eran ejecutadas por la Oficina de Coordinación Técnica. Para tal fin, agentes encubiertos operaban desde cuatro inmuebles ubicados en distintos puntos de Bogotá. En un allanamiento realizado en las oficinas del DAS, el CTI incautó documentos, casetes y disquetes con los cuales buscaba probar esas irregularidades. Por estos hechos fueron capturados ocho funcionarios, que fueron procesados por diversos delitos. No obstante, según la FLIP, “a pesar de la magnitud de las denuncias, el país estaba sumergido en lo que sucedía en el Caguán. Además, las masacres cometidas por los paramilitares alcanzaban su punto más atroz. Para la ciudadanía, las chuzadas resultaban un tema menor”.
Las interceptaciones del nuevo siglo
Desde 2009, cuando la Fiscalía allanó el DAS, el país conoció que desde esa entidad se habían ejecutado diversas operaciones de inteligencia para extraer ilegalmente información de políticos opositores al gobierno de Álvaro Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la Flip, “lo que ocurrió entre 2003 y 2009 en el DAS y sus actividades ilegales constituyó uno de los ataques contra la libertad de prensa más graves de la última década”. Durante ese período, la fundación documentó 16 casos de periodistas “víctimas de seguimientos, montajes, interceptaciones y amenazas”. Entre ellos figuran los nombres de Hollman Morris, Daniel Coronell, Carlos Lozano, Gonzalo Guillén, Alfredo Molano Bravo y Claudia Julieta Duque. En una entrevista publicada ayer por El Espectador, el exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS William Romero declaró que las órdenes para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia le fueron dadas por “el capitán Fernando Tabares y la doctora María del Pilar Hurtado, siempre en función del presidente Álvaro Uribe”. El expresidente, por su parte, ha asegurado que durante su gobierno el DAS actuó cumpliendo su misión constitucional.
A comienzos de 2014, cuando el escándalo del DAS parecía sepultado, la Fiscalía reveló la existencia de una fachada de inteligencia militar conocida como ‘Andrómeda’, que funcionaba en el barrio Galerías de Bogotá. El ente acusador ha logrado establecer que personal civil y militar vigilaba ilegalmente a la oposición y rastreaba las comunicaciones de los negociadores del Gobierno y de las Farc en La Habana (Cuba). Según la Flip, “entre las actividades que se realizaron en Andrómeda estuvo la de escuchar miles de mensajes de periodistas”. Por estos hechos, 25 militares fueron relevados de sus cargos. La Fiscalía también ha podido determinar que existió un mercado clandestino de información entre esa central de inteligencia y el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.
Ataques en internet
Si bien el uso masivo de internet ha facilitado el acceso a nuevas y mejoradas herramientas para el ejercicio del periodismo, no es menos cierto que la seguridad de las comunicaciones se ha visto seriamente comprometida. Pese a que no ha podido establecer el origen de las agresiones, la Flip identificó entre 2013 y 2014 “un importante y acelerado aumento de ataques a la prensa en espacios digitales. Algunos de los casos registrados, como los ‘hackeos’ selectivos a medios de comunicación que realizaban cubrimientos especiales o el nivel de agresión en redes sociales, resultan altamente preocupantes”. Entre los seis ataques contra medios en línea que registró durante ese período, la fundación destacó el sabotaje cometido contra el portal ‘La Silla Vacía’. El 9 de marzo de 2014, día de elecciones legislativas, “la página estuvo toda la mañana por fuera del aire”. Por eso, según la Flip, “preocupa que los periodistas carezcan de prácticas para evitar ataques”, sobre todo en un contexto en el que “el conflicto local ha hecho que estas prácticas sean más frecuentes y atractivas para muchos agresores que tienen interés en silenciar a la prensa y que cuentan con acceso a tecnología para sus objetivos de censura”.
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