La última condena contra la reina del despojo “para”

Masacres, familias desplazadas, viudas reclamantes de tierras, ranchos quemados y un territorio asediado por el terror fue lo que quedó en la región de Tulapas, en el Urabá, hace 20 años, cuando las autodefensas de los hermanos Castaño entraron a imponer su ley. La más reciente condena a 12 años y cinco meses de prisión contra Sor Teresa Gómez –quien se acogió a sentencia anticipada–, la cuñada de los comandantes paramilitares y “la reina del despojo de tierras”, evidenció la alianza entre empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba y los “paras” para legalizar la compra de 133 terrenos baldíos en una especie de “contrareforma agraria”.

A su vez, la condena de la semana pasada a 16 años de prisión contra Benito Molina, conocido como el Mexicano, quien presidio el Fondo Ganadero de Córdoba en los años en que se dio la compra masiva de las tierras despojadas en Tulapas desde 1997, dejó claro que la estrategia consistió en amenazar a los pobladores, aprovechar su vulnerabilidad, pagar a precios irrisorios la compra de las fincas y cooptar a funcionarios del Incora y notarios para acelerar los trámites de legalización. Por estos hechos, la junta directiva de ese entonces del Fondo Ganadero fue llamada a juicio.

Todo comenzó en 1995, cuando paramilitares y guerrilleros desplazaron a 4.000 personas de Tulapas. La victoria fue para los hombres de Carlos Mario Fernández, alias Doble Cero, el jefe paramilitar al que los hermanos Castaño le encomendaron la tarea de “pacificar” una región plagada de guerrilleros. Bajo ese pretexto de sacar del territorio a una población que auxiliaba a la guerrilla, y con intereses económicos claros, las autodefensas tomaron posesión de las fincas abandonadas, quemaron las viviendas, se robaron los animales y empezaron a idear una estrategia para controlar la compraventa de los predios.

Según el fallo de 46 páginas conocido por El Espectador, emitido el pasado 22 de septiembre por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia contra Sor teresa Gómez, la avanzada paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se centró en 10 veredas de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia). Tanto Sor Teresa Gómez, como Benito Osorio Villadiego, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y quien está a la espera de una condena, declararon que el despojo se planeó y ejecutó bajo las órdenes de Vicente Castaño.

Fue el comandante paramilitar el que empezó a mover sus fichas y logró imponer como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba a quien era su líder político de la época, Benito Osorio, quien ocupó el cargo de 1997 a 2007, hasta que fue designado como gobernador encargado de Córdoba. Osorio y el Mexicano fueron quienes le presentaron a la junta directiva del Fondo a Sor teresa Gómez.

Según el juez, el plan de despojo quedó consolidado el 1° de diciembre de 1997 cuando el Fondo Ganadero de Córdoba autorizó la compra de la finca La 52, un terreno de 289 hectáreas que pertenecía a Luis Ángel Gil, primo de los Castaño. Ese día, la junta directiva firmó el acta 1084, en la que se trazaba una estrategia para comprar 6.000 hectáreas en Tulapas, pagando en promedio $350.000 la hectárea y en la que se designaron a Osorio y a Molina como los encargados de realizar los negocios.

En el acta también se planteó un plazo de tres meses para adquirir mínimo 3.000 hectáreas y que de eso dependía la permanencia de Benito Osorio como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba. Sin embargo, el punto más llamativo de esa situación para el juez fue que por fuera del acta se estableció que Sor Teresa Gómez, desde la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) –la reconocida ONG de los hermanos Castaño que sirvió para lavar dinero y presionar a campesinos–, sería la intermediaria entre los pobladores y el Fondo para la compraventa de los predios.

Sor Teresa Gómez acudió a dos hombres de la región, Marco Fidel Furnieles –mayordomo de la finca La 52– y Guido Vargas, quienes ya aceptaron cargos por ser los encargados de buscar e intimidar a los propietarios de los predios que el Fondo Ganadero quería comprar para que los vendieran a un precio inferior. Las víctimas eran llevadas en camiones hasta la sede de Funpazcor en Montería, donde eran atendidos por Sor Teresa Gómez, quien los hacía firmar un documento en el que le otorgaban el poder para negociar sus tierras. Los campesinos, algunos sin saber leer y escribir, accedían a las presiones y a vender sus propiedades por debajo del precio real. Tan sólo le pagaban entre $30.000 y $300.000 por hectárea.

Sor Teresa Gómez les cancelaba en efectivo el 50% una vez firmaban el poder y les prometía que llegaría la otra mitad cuando legalizaran y suscribieran las escrituras. Según el fallo, esa plata en efectivo era producto de las actividades ilegales de los hermanos Castaño. El negocio para Sor Teresa era redondo. Mientras compraba a precios irrisorios, el Fondo Ganadero de Córdoba le giraba cheques –según un acta desde 1998– por un valor superior y la plata jamás la veían los campesinos.

En el fallo se lee que para lograr autenticar los poderes que le otorgaban los campesinos a Sor Teresa Gómez, el asesor jurídico del Fondo Ganadero de Córdoba, Carmelo Esquivia, acudió a su amigo Miguel Francisco Puche, notario tercero de Montería, quien terminó dándole validez a documentos que tenían una serie de irregularidades como la falta de firmas. Ambos hombres hoy están acusados por estos hechos y la Fiscalía aseguró que tenía pruebas para demostrar que el 52% de las escrituras que terminaron despojando las tierras se hicieron en esa notaría.

Uno de los principales líos que, según la justicia, se encontraron a la hora de legalizar la compra de 40 predios, es que se dieron cuenta de que se trataba de tierras baldías. Fue entonces que Sor Teresa Gómez le pidió ayuda a María Inés Cadavid, en ese entonces jefe jurídica de adjudicación de Baldíos del Incora en Antioquia –también está acusada por este caso–. Se la presentó a la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y se planeó una reunión en la finca La 52 para solucionar los inconvenientes con los campesinos que no habían validado la titularidad sobre la tierra.

El 13 de marzo de 1998, a la finca La 52, llegaron las víctimas luego de ser contactadas por Sor Teresa Gómez. En el lugar estaban la exfuncionaria del Incora y otra de las mujeres procesadas por estos hechos, la notaria única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado, quien autenticó las solicitudes de adjudicación que firmaron, bajo presión, los campesinos reclamantes. La notaria levantó en 24 horas el 57% de las escrituras de posesión.

Según las declaraciones de víctimas, Guido Vargas y Marco Furnieles fueron quienes los amenazaron y obligaron a vender más barato. Los intimidaban al decirles que iban de parte del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y que la mejor opción era venderle a Doña Tere porque sino les arrebatarían la tierra a las viudas. Los campesinos señalaron que salieron desplazados, que accedieron a vender y que creyeron que le estaban vendiendo a Guido Vargas y no al Fondo Ganadero de Córdoba.

Entre 1997 y 2015 el Fondo Ganadero de Córdoba legalizó la posesión de 105 predios, todos ellos tierras baldías. Hoy todavía falta arreglar la documentación de otros 28 terrenos despojados. Según el fallo, en el 97% de las compras Benito Osorio ofició como representante del Fondo Ganadero y en el 94% Sor Teresa Gómez aparece como apoderada. “Sor Teresa Gómez, en alianza con los denominados paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba, en desarrollo de un plan criminal cuyo objetivo no es otro que el control territorial, acordaron evitar el retorno a sus tierras de la población”, es la conclusión del fallo.

El juez le dio a Sor Teresa Gómez una reducción del 45% de la pena por aceptar su responsabilidad y dejó claro que “la adquisición de esos bienes se blanquearon con capitales de la organización ilegal, porque muchos de los predios se pagaron con dineros de la estructura (paramilitar) y no con los del Fondo Ganadero de Córdoba, pues los cheques que se expidieron para esos fines se libraron con fechas posteriores de los inmuebles y fueron cobrados por personas diferentes a los destinatarios”.

Una historia no muy diferente a la del despojo en las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en el municipio del Carmén de Darién (Chocó). Por ese hecho, en el que cerca de 200 familias salieron desplazadas, Sor Teresa Gómez recibió su primera condena en diciembre de 2014 a 7 años de prisión por el delito de desplazamiento forzado e invasión de tierras de especial importancia ecológica. Todo se hizo bajo una figura parecida a la de Funpazcor. Sor Teresa Gómez creó en 2001 la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba) con el objetivo de participar del proyecto de cultivo de palma africana impulsado por Vicente Castaño. Al igual que se hizo en Tulapas, se estableció una estrategia de despojo y de titulación fraudulenta de predios.

Pero el caso que hoy tiene a Sor Teresa Gómez purgando una pena de 40 años de prisión es el homicidio de Yolanda Izquierdo, asesinada el 31 de enero de 2007, días después de que había solicitado protección por liderar procesos de restitución de tierras que les había arrebatado Funpazcor. Según la justicia, Sor Teresa Gómez fue quien ordenó la ejecución de la líder al considerarla una piedra en el camino. Sin embargo, la defensa de la cuñada de los Castaño va a pedir una revisión de la condena, ya que tienen pruebas que, supuestamente, demostrarían que ella no tuvo injerencia en la muerte de Izquierdo.

Lo que quedó demostrado con estos tres fallos es que Sor Teresa fue la reina del despojo paramilitar, la encargada de intimidar a campesinos, legalizar la compra de tierras y lograr alianzas con los empresarios de la época. Un capítulo que ya empieza a ser resuelto por la justicia que hoy procesa a varios de los protagonistas.