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“Yo a él le decía el Alcalde mayor, por su manejo en Envigado”. Estas palabras del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en referencia a Gustavo Adolfo Upegui, resumen lo que el asesinado dirigente deportivo fue para este municipio antioqueño, no sólo como accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, recientemente incluido en la Lista Clinton por sus presuntos nexos con el narcotráfico, sino como jefe durante muchos años de la temida Oficina de Envigado.
Pese a los señalamientos en su contra, Upegui nunca fue condenado. Estuvo preso entre 1998 y 2001, acusado por los delitos de secuestro simple agravado y concierto para la conformación de grupos de justicia privada. En 1998 fue denunciado por un hombre, Humberto González Rivera, quien dijo que el 26 de abril de 1996 fue secuestrado por hombres armados que se identificaron como miembros del F-2. Éstos lo llevaron a una casa entre Envigado y Sabaneta (Antioquia).
Luego lo torturaron para que revelara la identidad de los plagiarios de Juan Pablo Upegui, hijo del dirigente deportivo y hoy miembro de la junta directiva del Envigado F. C., secuestrado en Sabaneta el 29 de enero de 1996. Plagio del que González fue testigo. Pero este se escapó y denunció a Upegui y a varios miembros del grupo antisecuestro Unase de la Policía de Medellín.
Dos testigos sin rostro agregaron nuevos ingredientes al proceso contra Upegui. Uno de ellos dijo que el cuestionado empresario se dedicaba al “sicariato, manda matar a la gente que no le conviene”. Upegui fue detenido el 13 de noviembre de 1998, al final de un partido entre el Envigado F. C. y el Independiente Santa Fe. Agentes del CTI, que se hicieron pasar por hinchas del Envigado F. C., lo capturaron mientras celebraba la victoria de su equipo, hoy en enredos judiciales por supuesto lavado de activos.
El 13 de diciembre de ese año, en entrevista con El Espectador, el cuestionado empresario sostuvo que era inocente, que la acusación en su contra se basaba “en versiones de testigos ocultos que hacen sindicaciones mendaces, genéricas y sin bases probatorias”, y que González era un “antisocial”, que buscaba beneficios judiciales.
El proceso contra Upegui y los cinco uniformados tuvo varios contratiempos. El 23 de noviembre del año 2000, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le solicitó a la Corte Suprema que enviara el proceso a Bogotá, porque “en la ciudad de Medellín no existen circunstancias de orden público ni de seguridad adecuadas para adelantar el juicio contra el señor Gustavo Adolfo Upegui López”, por “la capacidad económica del procesado y su influencia en los medios políticos, económicos y deportivos de Envigado y Medellín, trascendentes para la investigación”, y porque los testigos que eventualmente fueran citados a declarar “no gozan de garantías para verter objetivamente sus testimonios en la audiencia pública”.
Pero la Corte hizo caso omiso a su solicitud. Y a los seis meses el entonces juez tercero penal de Medellín, Julio León Escobar, lo absolvió porque, en su criterio, los testimonios en contra de Upegui eran “de oídas”. Escobar fue condenado seis años después a 42 meses de prisión por favorecer a un narcotraficante. Upegui quedó libre y nunca más volvió a pisar una cárcel. En el olvido quedaron varias acusaciones desatendidas en contra de un hombre que para ese momento ajustaba varios años en el mundo criminal.
- Upegui y Escobar
En la entrevista que le dio a El Espectador en 1998, el mismo Gustavo Upegui narró la forma en que conoció al capo de capos, Pablo Emilio Escobar. “En los años 60, cuando mi familia se trasladó al barrio La Paz (en Envigado), diagonal a mi residencia vivía la familia del señor Abel Escobar y doña Hermilda Gaviria. De esta familia era miembro Pablo (...) En esa época infantil compartíamos afición por el ciclismo y el fútbol. Mi familia se trasladó en 1971 y no volví a ver a Pablo hasta 1980, cuando participamos en actividades políticas y culturales, como civismo en marcha e iluminación de escenarios deportivos”.
Actividades como llenar de animales el zoológico que Escobar montó en la Hacienda Nápoles. Tarea que hizo junto con el exfutbolista Luis Fernando Avendaño, quien años después se convertiría en accionista y tesorero del Envigado F. C., cargo en el que estuvo hasta que fue asesinado el 23 de marzo de 2002 en El Retiro (Antioquia).
En esos años, en los que Upegui y Escobar se ‘reencontraron’, el capo puso a andar una empresa criminal que hoy sigue siendo una pesadilla para toda Colombia: la Oficina de Envigado. Y en paralelo puso a tres de sus fichas en el Concejo de Envigado —su hermana, Alba Marina Escobar; Rubén Darío Londoño Vásquez, alias La Yuca, y Juan Fernando Maya Restrepo— para apoderarse del municipio de forma ‘legal’ e ilegal. Y en esto Upegui fue esencial para Escobar.
Un testimonio recaudado durante el proceso contra Upegui —dado a conocer por la ONG antioqueña Instituto Popular de Capacitación en un informe de 2008— deja en evidencia su poder. Al preguntársele sobre los vínculos de este capo con miembros de la Fuerza Pública, el testigo sin rostro respondió que “la Policía en el barrio Castilla es pagada por Pacho Latas, pero dada la plata por Upegui, en Envigado también es pagada por Upegui”.
Y agregó que la Policía de Tránsito de Envigado —de la que hiciera parte en su momento otro jefe de la Oficina de Envigado, Daniel Alberto Mejía, alias Danielito— también era “manejada por gente de Upegui”. El testigo se refirió, además, a los supuestos nexos con el varias veces alcalde de Envigado (tres por designación y tres por elección popular) y luego congresista, Jorge Mesa Ramírez, fallecido en 1998.
Fue un suceso ocurrido en 1988 el que puso en evidencia que la relación entre Escobar y Upegui no se limitaba a “eventos culturales”. El 22 de marzo de ese año, 2 mil uniformados cercaron la finca El Bizcocho, ubicada en el barrio El Poblado, y estuvieron a punto de capturar a Escobar, pero el capo se les escapó —según el mito popular— en calzoncillos.
Pese a no capturar al jefe del cartel de Medellín, las autoridades encontraron en esta finca —de propiedad, precisamente, de Gustavo Upegui—, documentos que vinculaban con Escobar y Upegui a altos funcionarios del gobierno y a un hermano del procurador de aquel entonces, Alfredo Gutiérrez Márquez, quien renunció a los pocos días.
Se hizo evidente que Upegui era, si no la mano derecha, una persona muy cercana a Pablo Escobar. A tal punto que, antes de entregarse al gobierno de César Gaviria y ser recluido en la cárcel La Catedral —que él mismo se mandó construir— Escobar dejó a Upegui casi que a cargo de su emporio. Y entonces apareció en escena otro protagonista de esta historia: Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
Estando en La Catedral, Escobar ordenó acabar con dos importantes clanes mafiosos de Medellín: los Galeano y los Moncada. Algunos sobrevivieron a esta sangrienta cruzada, entre ellos Murillo, jefe de seguridad de Fernando Galeano. Éste no sólo sobrevivió, sino que se convirtió en pieza clave de la alianza entre el gobierno y los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que dio con la muerte del narco, en diciembre de 1993. Con Escobar muerto, la Oficina de Envigado pasó a manos de Murillo y Upegui.
- Envigado F. C.
Mientras tanto, en esos años, Upegui ingresaba al mundo del deporte de la mano del exconcejal J. Mario Rodríguez, presidente del Envigado F. C., fundado cuatro años antes y con apenas un año en la primera división. Entonces vino el secuestro de su hijo Andrés Felipe el 29 de octubre de 1995. Y a los pocos meses fue plagiado su otro hijo, Juan Pablo. Los dos son hoy accionistas del Envigado F. C. De hecho, Juan Pablo fue incluido en la Lista Clinton, junto con su madre, Margarita Gallego Urrego.
Upegui hizo hasta lo imposible y lo ilegal por recuperar esos hijos, que fueron liberados en 1996. De hecho, el excomandante paramilitar Ramiro Cuco Vanoy involucró a Upegui y a Berna con una masacre perpetrada en el Bajo Cauca antioqueño para dar con el paradero de Juan Pablo Upegui, quien fue liberado el 3 de marzo de 1996 por el Unase, según Vanoy, con ayuda de los paramilitares.
Estas maniobras llevaron a que Upegui fuera detenido en 1998. Aunque la impunidad hizo de las suyas y el capo pudo regresar a Medellín a encontrarse con Don Berna y poner a punto la Oficina. Y, mientras tanto, el Envigado F. C. ocupaba cada vez mejores posiciones en el rentado nacional.
Entonces las Auc empezaron a dialogar con el gobierno. Medellín se convirtió en escenario de varias disputas, y en 2006 Upegui fue víctima de una de ellas. A las 4 de la mañana del 4 de julio de ese año, seis hombres disfrazados de agentes de la Sijín ingresaron a una finca en el municipio de San Jerónimo, donde Upegui se encontraba, y lo asesinaron. El responsable fue un lugarteniente suyo que quería quedarse con el negocio: Daniel Alberto Mejía, alias Danielito.
Con la muerte de Upegui y Don Berna negociando en Santa Fe de Ralito (Córdoba), la Oficina quedó en manos de Danielito, pero por muy poco tiempo. Al año fue asesinado de forma brutal por Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Por su parte, el Envigado F. C. quedó en manos de Andrés Felipe y Juan Pablo. Ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el equipo sigue siendo un ‘lavadero’ del narcotráfico.
Un revisor fiscal del Deportivo Independiente Medellín, equipo que tuvo su propio problema de lavado de activos, le dijo a la revista Semana en 2008 que el exdirectivo del DIM, Rodrigo Tamayo, condenado por lavado de activos, tuvo una estrecha relación con Upegui, porque “Gustavo Upegui López era su gemelo, su clon. Ambos se formaron en la misma escuela de Pablo Escobar, ambos tuvieron los mismos gustos por el lavado de activos. Lo increíble es que Upegui fue asesinado, se le señaló de manejar la Oficina de Envigado, de ser accionista mayoritario del Envigado y, a pesar de eso, el equipo no ha sido intervenido. Eso demuestra el interés del Estado en controlar el fútbol”.
Lo curioso es que tantos años después las autoridades colombianas empiecen a indagar sobre el presunto ‘lavadero’ en el que se convirtió el Envigado F. C. y que lo hagan porque una autoridad extranjera incluyó al equipo en una lista de instituciones vinculadas al narcotráfico. Curioso, además, que la decisión del Departamento del Tesoro traiga a la memoria a un hombre que nunca fue condenado por la justicia colombiana, pese a los indicios en su contra. Un hombre señalado por exjefes paramilitares como el Alcalde mayor de la criminalidad de Envigado. Y no pasó nada.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh