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La situación en Argentina del futbolista Mauricio “Chicho” Serna, y de la familia del capo Pablo Escobar, es mucho más compleja tras la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón de procesarlos por lavado de activos, un delito que en ese país puede causar una pena de hasta 10 años en prisión. Sobre las tres personas recae un embargo preventivo de 30 millones de pesos argentinos, que son unos $3.400 millones. Es decir que, de ser hallados culpables, tendrían que pagarle al Estado gaucho ese dinero. Y, además, se estableció que el hijo de Pablo Escobar no puede hacer ninguna transacción con el apartamento de Buenos Aires donde vive.
La determinación judicial, expedida este lunes 4 de junio y conocida en su integridad por este diario, indica que al “Chicho” Serna lo compromete una transacción de bienes que hizo en 2008 con José Bayron Piedrahíta, un hombre señalado por Estados Unidos de haber colaborado con los carteles de Cali y de Medellín y la Oficina de Envigado. Para la época en que Serna y Piedrahíta hicieron negocios, el segundo no figuraba aún en la Lista Clinton -fue incluido en mayo de 2016-. No obstante, señaló el Juzgado, el apartamento y el lote que “Chicho” Serna transfirió, avaluados en US$930.000 dólares, se hizo mediante “una escritura traslativa de dominio”.
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El problema con esa figura, resaltó el Juzgado con base en la investigación que ha hecho hasta ahora la justicia argentina, es que así Piedrahíta no habría tenido la obligación de justificar el origen lícito del dinero”. Con las propiedades del exjugador de la Selección Colombia y el Boca Juniors ya dentro de su patrimonio, a los 15 días de haber cerrado el negocio con Serna, Piedrahíta compró acciones de una sociedad llamada Anexo Chile “por un precio altamente superior”, lo cual, se lee en el documento, es una “maniobra propia de lavado de activos”. Y, además, “a través de dos inmuebles cuya transacción no fue documentada del modo habitual”.
El “Chicho” Serna, contra quien la investigación formal por este asunto comenzó en abril de este año, rindió descargos y aseguró que había conocido a Piedrahíta en 2006, mientras cenaba en un restaurante en Puerto Madero (Buenos Aires). Piedrahíta, dijo Serna, se acercó a su mesa y desde entonces entraron en contacto, al punto que Serna lo invitó a compartir con su familia en su finca en Argentina. Lo describió como un hombre “con enorme reputación pública, incluso reconocida por el gobierno de su país”. Que, al decidir su regreso a Colombia, le ofreció en venta sus propiedades y dos carros. Agregó que no hizo más negocios con él desde entonces y que lo hecho fue de manera legal.
Los otros emproblemados con este proceso en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón son María Isabel Santos, antes Victoria Henao, y Juan Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar Henao. Ambos se negaron a responder en vivo y en directo cuestionamientos de los funcionarios judiciales y enviaron en mayo de este año, en su lugar, escritos para explicar su vínculo con Piedrahíta y con Mateo Corvo Dolcet. La viuda de Pablo Escobar contó que conoció a Corvo Dolcet al poco tiempo de haberse radicado en Argentina, a través de un conocido en común. Corvo Dolcet, dijo Santos, era abogado, pero luego se lo volvió a encontrar y él le dijo que estaba concentrado en proyectos inmobiliarios.
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Cuando ya llevaba un tiempo en Argentina, su hijo Juan Sebastián, arquitecto de profesión, empezó a desarrollar una iniciativa en un lote de su propiedad en Buenos Aires. María Isabel Santos —o Victoria Henao— viajó entonces a Medellín a buscar inversores y allí conoció a Piedrahíta, invitado al evento por su hermana Luz Mariana Henao. Piedrahíta, aseguró la mujer, se presentó como un empresario ganadero y de frigoríficos. “Casi todos los que participaron en la reunión lo conocían y trataban naturalmente con él, toda vez que sus emprendimientos ganaderos aparecían en las revistas económicas de la región”.
Para ese momento, Santos también sabía de un proyecto de Corvo Dolcet y buscaba potenciales clientes a cambio de comisión. Así fue como, aseveró, terminó presentándole a José Bayron Piedrahíta. Pactó una comisión del 4,5% de lo que el colombiano fuera invirtiendo en el proyecto del empresario argentino pero, relató ella, Corvo Dolcet fue poco transparente. Gracias a la intermediación de su hijo, Juan Sebastián Marroquín, Santos reclamó su comisión completa, US$101.950, en 2011. Marroquín, por su parte, contó también su versión de los hechos: dijo que conoció a Piedrahíta a través de su madre, como un empresario ganadero que no correspondía al estereotipo de narco colombiano.
Las explicaciones de Marroquín, Santos y el “Chicho” Serna, sin embargo, no fueron suficientes para el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón. Según esta instancia judicial, Piedrahíta trató de ingresar a Argentina capital que derivaba del narcotráfico, y lo hizo con una “pantalla” para lo cual se habrían prestado Mateo Corvo Dolcet, la familia de Pablo Escobar y el “Chicho Serna”. Corvo Dolcet negó que hubiera conocido a Piedrahíta a través de la viuda de Escobar, detalle que el Juzgado no pasó por alto. “Los imputados estaban enterados de las actividades narcocriminales que desplegaba el señor José Bayron Piedrahita Ceballos en el exterior, y de la ilicitud consecuente de los fondos”, concluyó el Juzgado.
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