En Colombia existe el mito de que el esmeraldero Víctor Carranza es dueño de 1 millón de hectáreas; es decir, de una extensión de tierra semejante a la del departamento de Sucre y casi cinco veces superior a la del Quindío. Pero, desde enero de este año, el empresario dejó de ser el propietario de las 28 mil hectáreas del predio El Porvenir, localizado en Puerto Gaitán (Meta). Y, al parecer, en menos de seis meses dejará de ser dueño de otra propiedad en esa misma región: Morichito, de 10 mil hectáreas de extensión.
El pasado 29 de enero el Incoder expidió una resolución de revocatoria directa de las 28 mil hectáreas de El Porvenir debido a que, al parecer, habían sido adquiridas de forma ilegal y con la supuesta ayuda de los paramilitares de los Llanos Orientales. Así lo decidió el Incoder después de que, entre otras cosas, el congresista Iván Cepeda alertara sobre las posibles irregularidades que le habían permitido a Carranza hacerse con la finca.
Cuando supo la noticia, el representante a la Cámara celebró la decisión del Incoder, pero alertó que faltaban otros predios por ser revisados por las autoridades, entre ellos uno no muy lejos de El Porvenir y de propiedad de Carranza desde 1995: Morichito.
Al parecer el predio es un baldío de propiedad del Estado que fue ocupado por una familia en los años 80, que le realizó mejoras a la propiedad. Por esta razón la familia se hizo dueña de las mejores pero no del predio, que, mientras siga siendo un baldío, es y seguirá siendo del Estado. De esa forma se hizo dueña de algo así como una ‘casa en el aire’. Por esto en el certificado de libertad y tradición de Morichito hay varias anotaciones de falsa tradición, fenómeno que ocurre, en ocasiones, cuando se quiere presentar como propio un predio que no es de uno. En este caso, un baldío. Debido a la falsa tradición, el ocupante del predio no puede venderlo. Apenas puede vender las mejoras que haya realizado.
En el mismo certificado de libertad y tradición se lee que en 1982 uno de los presuntos ocupantes de Morichito, Rafael Antonio Orjuela Triana, le dejó como herencia a su madre, Natividad Triana, las mejoras realizadas en el predio. Luego ella, el 14 de junio de 1983, se las vendió al abogado Ronaldo Camacho Lara, quien dos días después se las vendió a Pablo Emilio Orjuela, a la postre hijo de Rafael Antonio.
Pablo Emilio Orjuela —homónimo del famoso esmeraldero— fue dueño de las mejoras hechas en el predio durante 12 años y el 3 de agosto de 1995 se las vendió a Víctor Carranza y a Carlos Castillo Laverde. Fue así como el esmeraldero se apropió de la ‘casa en el aire’ de los Orjuela Triana y, al parecer, se apoderó de Morichito que, aunque de propiedad del Estado, seguía ocupado por privados, pero en ningún momento sus habitantes le habían solicitado al Gobierno que les adjudicara al baldío que ocupaban ilegalmente.
En Colombia, quien ocupe un baldío durante cinco años y compruebe que no tiene ingresos superiores a 500 salarios mínimos mensuales ni otra propiedad diferente al baldío, podrá solicitarle al Gobierno que le adjudique ese terreno. Sin embargo, hasta este momento nadie lo ha hecho. La más reciente anotación que aparece en el certificado de libertad y tradición es una disputa legal entre los hijos del supuesto socio de Carranza, Carlos Castillo Laverde, quienes, al parecer, discuten por quedarse con el 50% de las mejoras hechas en Morichito.
Lo curioso es que el nombre de Carlos Castillo Laverde hace parte de las investigaciones que se vienen adelantando para esclarecer las presuntas irregularidades que le habrían permitido a Carranza apoderarse de la finca El Porvenir. Las autoridades continúan investigando lo sucedido en ese predio, del que se ha denunciado, además, que fue usado por los paramilitares de los Llanos Orientales como base.
Con este panorama está claro para las autoridades que Víctor Carranza es dueño, única y exclusivamente, de las mejoras que se realizaron en Morichito y no del predio en su totalidad que, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado Registro, debería ser recuperado por el Estado tan pronto sea posible. Fuentes del Incoder consultadas por El Espectador confirmaron que se está en proceso de clarificación para establecer el camino a seguir y si al esmeraldero se le debe quitar una de sus fincas más grandes en los Llanos Orientales. Se espera que en seis meses haya resultados al respecto.
Fuentes de la Superintendencia de Notariado y Registro le dijeron a este diario que a Carranza se le podrían quitar, incluso, las mejoras de Morichito si se comprueba que sabía de las irregularidades que cargaba ese predio y, a pesar de ello, lo compró y usufructuó. Todo apunta a que esta propiedad de 10 mil hectáreas y que es separada de otras fincas por los caños Guarrojo, Corrobol, Misianas y Aceítico —que, al parecer, fueron corredores usados por los paramilitares de los Llanos Orientales a finales de los 90 e inicios del siglo XXI— volverá a las manos del Estado y se fragmentará un poco el reino de Carranza.
Lo sucedido con Morichito es apenas una muestra de lo ocurrido durante años en los Llanos Orientales. La situación llevó a que en junio de 2011 el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, asegurara que la mayor víctima del despojo era el Estado. Por otro lado, aunque no de forma separada, va el problema del despojo a los campesinos de esta región del país. A octubre de 2012 la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura había recibido 1.212 solicitudes de restitución de por lo menos 250 mil hectáreas que habrían sido despojadas en el Meta.
Las autoridades han informado que hay otras propiedades de Carranza bajo la lupa. Por otra parte, continúan los procesos judiciales contra el esmeraldero por los señalamientos que han hecho paramilitares como Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, quien se refirió a Carranza como el ‘zar del paramilitarismo’.
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