Vestido con un traje color gris cemento y corbata azul, el brasileño Amilton Hideaki Sendai firmó el contrato del tramo 2 de la Ruta del Sol, como uno de los representantes de la constructora Odebrecht. Lo hizo en enero de 2010, en una sala de la Casa de Nariño, bajo la mirada vigilante de un óleo de Simón Bolívar y acompañado por el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego y el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Este momento representa el comienzo de uno de los más oscuros capítulos de la historia de sobornos que pagó la multinacional en Colombia para quedarse con contratos como el que, precisamente, se firmó ese día, y también del motivo de los líos de Hideaki con la justicia colombiana.
Así lo dejó consignado en su investigación el fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht, Leonardo Espinosa, antes de devolver los procesos que tuvo en su poder durante más de cinco meses. Lo hizo en tres documentos en los que consignó las pruebas claves para imputar cargos tanto al hombre que vestía el traje claro como a otros dos: Marcio Marangoni y Éder Ferracuti. Los tres son los protagonistas de más alto nivel de la multinacional que no ha “tocado” la justicia y piezas claves para entender cómo se fraguó el plan de la empresa para, a través de sobornos, quedarse con la adición del tramo Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2 y mejorar sus condiciones contractuales.
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El pasado 27 de junio todo estaba listo para escuchar las pruebas contra Hideaki, Marangoni y Ferracuti. Y aunque esa audiencia se tuvo que aplazar, pues el abogado de uno de ellos no llegó a la cita, El Espectador conoció los documentos claves que Espinosa dejó listos a la Fiscalía, que hoy está a cargo de Fabio Espitia, y que se configuran como la posible base para la imputación de cargos que, hasta ahora, no se ha vuelto a reprogramar. En los tres es claro que para los investigadores de Espinosa, Odebrecht en Colombia fue una multinacional del crimen organizado que, a través de coimas, contratos falsos y poder económico y político consiguieron negocios millonarios, lavaron dinero y se concertaron para cometer delitos.
Para los investigadores, aunque los tres empresarios habrían sido los “cerebros” de los planes para hacer que el dinero de los sobornos tuvieran la apariencia de ser legales y de conseguir a los intermediarios de los pagos, el rol de cada uno de ellos fue diferente, pero determinante para consolidar lo que, para la Fiscalía ad hoc, fue un plan criminal. Sobre Amilton Hideaki, por ejemplo, también conocido como el Nipón, por sus rasgos asiáticos, los fiscales explicaron que participó “activamente en la identificación de las personas con quienes suscribieron los contratos simulados, así como en la gestión y autorización de los pagos”. Por eso, podría responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
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El rol del “Nipón”
Sobre este ingeniero de Odebrecht desde el año 1994 y encargado de la estructuración de los contratos hay varias declaraciones en su contra, que son parte de las pruebas que la Fiscalía presentará en la imputación de cargos. Una de ellas es la del excongresista Otto Bula, procesado por los sobornos que la multinacional pagó para añadir el otrosí del tramo Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2. Entre el 12 y el 15 de junio de 2017, el exsenador Bula relató que él se comunicó a través de chats con Hideaki para solicitarle los pagos que no había recibido, por cuenta de sus labores con congresistas amigos, entre ellos Bernardo Ñoño Elías, para asegurar el negocio por el que hoy es procesado por la justicia.
Otro de los testimonios en contra del Nipón es el que le entregó a la Fiscalía el empresario Federico Gaviria, también vinculado a este entramado de corrupción. En octubre de 2017, el testigo contó que Hideaki y Marcio Marangoni, gerente de Consol (el consorcio mediante el cual se contrataron las obras de construcción de la Ruta del Sol 2), fueron quienes tuvieron la idea de firmar un contrato de transacción con Consultores Unidos Panamá S. A. El objeto del negocio, según los papeles, fue dirimir discrepancias por unos diseños, pero en realidad, dijo Gaviria, el contrato se usó para ocultar la procedencia ilícita de dinero que luego sería entregado “a los gestores de la empresa criminal desplegada por Odebrecht”.
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“La conducta reprochable son las gestiones que llevó a cabo para adaptar de tal forma los documentos de soporte del contrato simulado, que la apariencia de realidad fuera tal que los terceros no pudieran encontrar incongruencias que les permitiera identificar la calidad de ‘simulado’ del mismo”, dice el documento al que tuvo acceso El Espectador, en donde hay otras pruebas contra de Hideaki. Se trata de la versión que dio Gabriel Dumar, representante de la empresa Sion, una de las tantas que se prestaron para ayudar a Odebrecht con sus oscuros movimientos. Según su testimonio, al encontrar inconsistencia en uno de los contratos, confrontó sus hallazgos con Marangoni.
“No te preocupes”, contestó, “eso ya se arregló. Amilton, el Nipón, ya organizó eso”. Dumar, todavía con dudas, consultó la idea de presentarlo a Corficolombiana (la que pagaba los contratos) un derecho de petición para estar seguro de que sí estaba resuelto el problema. “Eso no es conveniente en estos momentos”, contestó Marangoni, quien también resultó enredado con este y otros contratos con la empresa Sion. Según los fiscales que adelantaron los documentos para la imputación de cargos, el gerente de Consol planeó el desvío de otro dinero que se había pactado con Dumar en otro contrato ficticio. En este caso, Sion no tenía capacidad para realizar la obra contratada.
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El rol de Marangoni
Marangoni le respondió que no importaba, que su consorcio asumiría los trabajos, pero que la plata de todas maneras se debía transferir a través de Sion para pagar “una serie de compromisos adquiridos”. Para la Fiscalía ad hoc, “estos terceros corresponden a las personas concertadas quienes, tras el ‘éxito’ de su gestión (en la adición del tramo de Ocaña-Gamarra) estaban a la espera del pago de los dineros -coimas- adeudadas”. El papel del gerente en “la empresa criminal”, dice el documento, fue determinante en más de un contrato “sucio”, en esta oportunidad con una empresa española: Técnica Territoriales y Urbanas (TTU).
De acuerdo con el testimonio de Federico Gaviria, Otto Bula convenció a Marangoni de hacer el negocio por $7.500 millones, de los cuales se le habrían entregado $350 millones a Otto Bula. La Fiscalía ad hoc aseguró que para lograrlo la española pidió una cuota del contrato, como pago por el “alquiler de la sociedad para el negocio ilícito” y, según Dumar, a Fernando Pardiñas Puente, representante legal de TTU, se le pagaron $134 millones. Desde 2017, la Fiscalía ha tenido indicios de la participación española en el escándalo de Odebrecht, sin que hasta ahora haya alguna persona vinculada formalmente a las investigaciones. En contra de Marangoni, el tema no paró ahí.
Tal y como lo reseñó el Consejo de Estado en el fallo en el que decretó la pérdida de investidura del Ñoño Elías, en septiembre de 2018, Marangoni se habría enriquecido ilícitamente con este tipo de negocios. La tesis la recuperó la Fiscalía ad hoc con el testimonio de Gaviria. Ante la Corte Suprema de Justicia, el empresario dijo que el brasileño buscó a un contratista de confianza en Consol, Andrés Salazar, para que le pagara unos honorarios pendientes. El trámite se hizo a través de Flor Herrera, quien cambiaba cheques en el Centro 93. A Gaviria le pagaron $500 millones. Pero para concretar el pago, Marangoni puso una condición: que le dieran el 50 % del pago, que en total era de $1.200 millones.
“Ese Marcio es un hijueputa”. Con esa frase dicha al excontroller del grupo Jorge Enrique Pizano, el exmiembro de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol Alberto Mariño, describió a Marangoni. El excontroler Pizano agregó: “Ese es el peor. Es un mercenario”. La conversación se dio entre ambos ejecutivos después de hacer un barrido de la información que, como controlador, recibía Pizano sobre la contratación de la obra. Sus inquietudes por lo que iba encontrando se las expresó, primero, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien le advirtió que era posible que se estuvieran cometiendo delitos, y después a Mariño. Pizano les entregó todos sus hallazgos a las autoridades y falleció en noviembre del año pasado.
El rol de Ferracuti
Aunque en los documentos base para la imputación de cargos la Fiscalía ad hoc solo tenía planeado imputar a los tres brasileños los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, los investigadores aclararon que, en este caso, hay muchas más irregularidades: cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Pero, por ahora, son los dos primeros por los que deberían responder los ejecutivos. Sobre el papel de Éder Ferracuti, portugués de nacimiento, la Fiscalía ad hoc aseguró que, de los contratos simulados, él se encargó tanto de su suscripción como de la gestión de los pagos para ocultar su verdadero destino. Era, en otras palabras, el líder de la manada.
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Según Pizano, Ferracuti se reunió varias veces con Otto Bula, cerca de las oficinas de Odebrecht en Bogotá. Además de los contratos con Sion, Consultores Unidos Panamá y TTU, entre otros, la Fiscalía ad hoc mencionó negocios con otras empresas y que habrían tenido el aval de Ferracuti. Algunas de ellas son: Transportes y Equipos de La Sabana S. A. S., representada legalmente por Óscar Mauricio Bula Jarava; All Tech Colombia S. A. S.; Aldepósitos Industriales Zona Franca S.A.; Inversiones Coal S. A. S., y Compañía Profesional de Bolsa S. A. S. A través de todas ellas, dice el documento, habría pasado dinero que llegó a las manos de Bula y Gaviria.
El primero habría recibido más de $6.210 millones y, el segundo, por lo menos $1.208 millones. Sobre el último contrato, el de Profesionales de Bolsa, los investigadores aseguran que el negocio se firmó con Gustavo Adolfo Torres, ya vinculado a la investigación, y el objetivo fue obtener el cierre financiero del proyecto Ocaña-Gamarra. Una de las cláusulas del contrato estipulaba una comisión de éxito de $2 mil millones y esto, según los manuales de contratación que con juicio revisaba Pizano, debía pasar por un estricto control de contratación y, de ninguna manera, se podía concretar el negocio a través de una orden de servicios. Ferracuti, sin embargo, lo hizo.
Otra audiencia que no fue
Además de los hallazgos de la Fiscalía ad hoc y la audiencia que no se realizó, el pasado 25 de junio la Fiscalía también tenía todo listo para imputar cargos a tres personajes que, al parecer, fueron intermediarios para que Odebrecht financiara la campaña de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, según la Fiscalía, fueron protagonistas de un contrato ficticio que firmó Consol con la empresa Gistic Logistics para que los recursos llegaran a manos de Moreno. El mismo Sanmiguel, dueño de la sociedad Gistic, aceptó que el 9 de junio de 2014 Odebrecht le consignó $3.894 millones, plata que retiró de los bancos en dos días y entregó en efectivo a Moreno, quien se movilizaba en camionetas blindadas y con 20 escoltas.
Sanmiguel declaró ante la Fiscalía que el contrato fue ficticio, pues nunca prestó servicios de mantenimiento en la Ruta del Sol. Manifestó que David Portilla, a quien por unos años le había cedido la administración de Gistic Logistics, gestionó el negocio irregular con Esteban Moreno, a quien conoció el día que entregó el dinero. El mismo Sanmiguel fue quien sostuvo ante las autoridades que Moreno y Portilla le manifestaron que esos recursos se utilizarían para financiar la campaña en 2014, que ya estaba bajo el control de César Gaviria, quien era el jefe de campaña, y de líderes políticos de la U y Cambio Radical.
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Esteban Moreno es el personaje de mayor relevancia en esta historia. No solo fue señalado por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana como hombre cercano a la casa Gaviria, en especial a Simón Gaviria, sino que a Moreno lo relacionan con Gistic Logistics y la empresa RGQ Logistics, otra señalada de servir como vehículo para recibir dineros de Odebrecht a través de contratos ficticios que sirvieron para pagar deudas de la campaña. Es más, en una denuncia que interpuso ante la Fiscalía el abogado Jonathan Avendaño sobre la relación de Esteban Moreno con RGQ, se anexaron unos chats de Whatsapp en los que también se observa que al parecer esta empresa tuvo negocios en el Sena y 4/72.
Fuentes que conocen de cerca el expediente señalan que Moreno era un “salvaje” y la persona que se prestó para realizar cualquier clase de irregularidades en la financiación ilegal de campañas políticas. De Moreno poco se conoce, pero se sabe que hace más de una década se mueve en la política, especialmente en los círculos del Valle del Cauca. Intentó ser concejal, pero se quemó. Luego se casó con la exconcejal de Cali Julie del Pilar Reina y empezó a moverse consiguiendo contratos con la administración local. Desde hace unos años se convirtió en ficha clave del liberalismo, al punto que, para 2014, Simón Gaviria lo nombró, junto a Ángela Garzón –actual candidata a la Alcaldía de Bogotá– gerentes de campaña al Congreso del Partido Liberal en 2014.
Otro de los hombres a los que le imputarían cargos es Javier Torres, un contratista de Barranquilla a quien la Fiscalía lo señala de recibir en 2015 alrededor de $13.000 millones de manos de Odebrecht a través de contratos ficticios. Lo que hasta el momento se ha conocido es que esos pagos se hicieron con el fin de gestionar apoyos futuros de importantes casas políticas en la capital del Atlántico. Según fuentes consultadas, este proceso nada tiene que ver con la Ruta del Sol, sino con el contrato que consiguió Odebrecht con Cormagdalena, a través de la sociedad Navelena, para recuperación el a navegabilidad del río Magdalena.
Ni de la audiencia de los tres brasileños ni de la de Moreno, Sanmiguel y Portilla se tiene, hasta ahora, una día y hora para conocer lo que la Fiscalía dirá en su contra. En todo caso, ambas citas podrían marcar un momento clave en esta historia de corrupción de Obebrecht, pues por primera vez en dos años y medio la justicia entró a dos terrenos desconocidos: el del papel de altos ejecutivos brasileños en el escándalo y el de la entrada de dinero de la multinacional a la campaña presidencial y a políticos regionales.
Los avances del fiscal “ad hoc” en el caso Odebrecht
Leonardo Espinosa fue el hombre delegado por la Corte Suprema para ocupar el cargo de fiscal ad hoc. Por segunda vez en la historia de la Fiscalía se nombró a un funcionario alterno para manejar procesos en los que se advertía un conflicto de intereses con la cabeza del ente investigativo. Durante los cinco meses que permaneció en el cargo de fiscal ad hoc, Espinosa trabajó en tres expedientes: el de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez; el de los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, y el de tres “peces gordos” de Odebrecht: Ferracuti, Hideaki y Marangoni.
Espinosa le dijo a la Corte Suprema, en informes enviados periódicamente, que desarchivó el proceso de las exministras Parody y Álvarez; que replanteó los acuerdos con los empresarios, de forma que respondieran por delitos que inicialmente no hacían parte de la negociación, y que activó las órdenes de captura contra Ferracuti y los brasileños. Sin embargo, Espinosa advirtió que hubo “tropiezos” e “irregularidades” para hacer su trabajo.
En una oportunidad, Espinosa le envió una carta al propio fiscal Martínez en la que anotó que, en el proceso de Ferracuti, Hideaki y Marangoni encontró una “escasa o casi nula actividad investigativa”. En pocas palabras, tras dos años y medio de estallar el escándalo de Odebrecht no había nada contra los hombres que manejaron las riendas de la Ruta del Sol 2. El hoy exfiscal nunca le contestó al fiscal ad hoc.